Beatriz Merino alerta sobre el problema de los conflictos del país.
DATO
Entre los casos, a criterio de la Defensoría, potencialmente conflictivos se encuentran la agenda pendiente de la población de Ayacucho, la discordia entre la minera Yanacocha y los pobladores de Huambocancha en Cajamarca y el caso de los vecinos de La Perla que no quieren que el Colector La Perla inicie operaciones.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, puso el dedo en la herida. En la actualidad existen 116 conflictos sociales, de los cuales 65 se encuentran en estado activo, sin que el gobierno haya resuelto ni uno solo (salvo el de Moquegua).
Por esta razón, Beatriz Merino hizo un pedido al gobierno y a las autoridades regionales y locales a iniciar sendos procesos de diálogo con las poblaciones inmersas en los conflictos.
Convocó a las autoridades a actuar de modo preventivo, principalmente en 10 casos, los cuales se encuentran en estado de escalamiento y podrían entrar en crisis, “de no haber una actuación inmediata”.
Dichos casos se ubican geográficamente en Ayacucho, Cajamarca, Callao, Pasco (2), Puno (3), Tacna y uno en los límites de Puno y Moquegua, señaló.
A su vez, el jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, invocó al gobierno a prevenir para evitar que los conflictos lleguen a extremos como el caso de Moquegua. Pidió que el Estado tenga una actuación más coordinada, aprovechando el esfuerzo que realizan sus entidades respecto a los temas y casos potencialmente conflictivos que se incuban en todo el país.
La congresista Marisol Espinoza (PNP), por su parte, sostuvo que al gobierno le corresponde, entre otros aspectos, solucionar los problemas de la población, proteger sus derechos, y no agredirlos como a veces ocurre. “El gobierno tiene que evitar que los problemas se le escapen de las manos”, afirmó.
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