El paro regional indefinido en Moquegua, que tiene en jaque al gobierno desde hace más de una semana, sigue remeciendo al país. El premier
Jorge del Castillo anunció que no habría diálogo mientras no se liberara a la totalidad de policías retenidos al interior de la iglesia Santo Domingo desde el lunes. Horas después los dirigentes locales accedieron y el encierro finalizó, con el compromiso de que la delegación enviada a
Lima sería escuchada. Mientras se alargan las negociaciones, Moquegua y Tacna están al borde del desabastecimiento de productos, los alcaldes llegados a la capital se mantienen en huelga de hambre y la población espera respuestas. La pesadilla acabó para los retenidos… pero no para el Estado.
En medio de las posiciones encontradas, quienes ya curan sus heridas y retornarán al lado de los suyos son los 60 miembros de la
Policía Nacional que fueron enviados casi al sacrificio para despejar el puente Montalvo y cayeron en manos de una multitud enardecida. Los efectivos permanecieron retenidos al interior de la iglesia Santo Domingo hasta que la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica consiguió que fueran liberados en dos grupos. Inicialmente fueron doce, quienes requerían atención médica por las lesiones sufridas durante los enfrentamientos del lunes, y, en horas de la tarde, los 48 restantes con el general Alberto Jordán a la cabeza.
De esta forma se cumplió el pedido unánime del presidente regional, Jaime Rodríguez, los alcaldes provinciales y distritales que permanecen en
Lima y el premier Del Castillo. Quien asumió la mediación en el conflicto fue el arzobispo de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortez, quien solicitó al Ejecutivo comprender los reclamos de la población en huelga y resolver el entrampamiento por la vía pacífica.
“Nos querían matar”
Jordán, titular de la Undécima Dirección Regional Policial Sur, explicó momentos previos a abandonar la iglesia que su pedido de disculpas al pueblo moqueguano –que tanta polémica generó por su consecuencia en la imagen de la autoridad nacional– se debió a que las vidas de los efectivos que lo acompañaban estaban en riesgo, pues –asegura– estaban en peligro de ser colgados en el puente Montalvo.
“No me rendí en ningún momento. Pedí disculpas porque quise impedir una tragedia. Eran 15 mil personas que nos tenían de rehenes y querían llevarnos al puente Montalvo portando sogas. Me dijeron que si me disculpaba dejarían en libertad a mi gente y yo preferí asumir esa responsabilidad”, relató Jordán.
El general
PNP agregó que recibió la autorización de sus superiores para participar de la delegación que llegó a la capital para las negociaciones con el Ejecutivo y prefirió evitar pronunciarse sobre las versiones de su inminente relevo. Se defendió argumentando que el frustrado operativo del lunes fue coordinado con el director general
Octavio Salazar, siguiendo la indicación –incumplida– de no lanzar gases lacrimógenos.
Hambre y tensión
La posición del Frente de Defensa local se mantiene firme. El gobierno deberá mostrar voluntad política para resarcir a la región por los millones de soles perdidos a consecuencia de lo que consideran como injusta repartición del canon minero. Ésa es la condición para liberar las carreteras que conectan a ambas ciudades, ya que las promesas lanzadas en días previos no los conforman.
Según medios locales, durante la jornada de ayer continuaron los piquetes de hasta cinco mil pobladores en el puente Montalvo, al cual se sumaron cerca de 600 trabajadores de la mina Cuajone, perteneciente a
Southern Perú. La ciudad continúa paralizada y la actividad comercial interrumpida, mientras los escasos alimentos con los que se cuenta empiezan a ser vendidos a precios exorbitantes, según
denuncian las amas de casa.
Ayer no se registraron enfrentamientos, aunque ya el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, anticipó que el Ejecutivo evalúa declarar en emergencia la región. Sin embargo, el pedido realizado por las autoridades en la víspera para liberar las vías no fue atendido, por lo que el peligro se mantiene latente.
El presidente del Frente de Defensa de Moquegua, Zenón Cuevas, pidió respuestas al gobierno. “Esperamos medidas concretas. Un decreto de urgencia o una resolución ministerial que se refiera a los 479, 400 o 300 millones que Moquegua dejó de percibir por concepto de canon. El pueblo de Moquegua entenderá y aceptará si existe un compromiso serio y responsable”, culminó.
Sólo faltaría solucionar canon minero de 2007
Tras la liberación de los 60 policías retenidos por más de 24 horas en la iglesia Santa Domingo en Moquegua y planteada la creación de cuentas separadas a Moquegua y Tacna –a partir del 2008– por canon minero, ahora sólo faltaría solucionar la diferencia del canon minero de 2007. Es que la población moqueguana reclama al gobierno los 389 millones de soles que faltarían para igualar el monto que percibe Tacna por canon minero en el presente año. Hoy debería continuar la negociación suspendida ayer por el presidente del Consejo de Ministros,
Jorge del Castillo, quien puso como condición para seguir dialogando que se libere a los policías. Ahora el premier deberá explicar a las autoridades y población de Moquegua cómo el gobierno cubrirá la diferencia del canon minero de 2007.
Por su parte, los trece alcaldes moqueguanos en huelga de hambre exhortaron a la población a “no dar motivos a que el gobierno alargue una solución al conflicto”.
Gerardo Pacheco
Wilder Mayo
Redacción
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