Quedó lista para la firma de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, la demanda de inconstitucionalidad que, a más tardar el lunes, será presentada ante el Tribunal Constitucional , respecto del Decreto Legislativo 1015, que reduce el número de votos necesarios para que las comunidades de la sierra y selva vendan sus tierras.
Trascendió que además de los planteamientos que esgrimirá la Defensoría, que fundamentan su pedido de inconstitucionalidad como la violación de leyes nacionales e internacionales, la entidad propugna que la disposición de las tierras comunales debería realizarse con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de los comuneros, sin realizar distinción alguna en función de la región donde se encuentre ubicada la comunidad, costa, sierra o selva, como ocurre con cualquier otra institución civil privada amparada por las leyes.
Respecto al decreto que también afecta a las comunidades, la Defensoría objetó que el gobierno haya optado por “un criterio muy facilista del Estado” y no se hayan emprendido acciones previas como terminar con el proceso de titulación de las comunidades y el levantamiento de catastros, tanto de tierras eriazas como de áreas de expansión urbana (por parte de los municipios), entre otros.
Alicia Abanto, jefa del Programa de Comunidades Nativas de la Defensoría, indicó que las normas signadas con los números 994 y 1015, están inmersas en una legislación “amplia, confusa e incongruente”, a la que debe dársele un tratamiento técnico y ambiental, antes de permitirse la venta a terceros.
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