Diario La Pr
Bolivia contra asilo
El gobierno Boliviano expresó su rechazo a la decisión de su par peruano de otorgar asilo político a ex ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada implicados en delito de genocidio por la muerte de 67 personas en la represión de las grandes protestas sociales que acabaron con ese régimen en 2003.
Rechaza que Perú lo otorgue a responsables de genocidio."
La represión de Sánchez de Lozada causó 67 muertes.
El vicecanciller, Hugo Fernández, dijo que el gobierno Boliviano no recibió comunicación oficial de Lima y expresó su desacuerdo con el asilo otorgado a uno de los solicitantes, según confirmó en Lima el canciller peruano, José Antonio García Belaunde. Fernández argumentó que la masacre de octubre del 2003 “no puede quedar impune”.
Entretanto, el presidente Evo Morales urgió a las organizaciones sociales a identificar y denunciar a quienes promueven el separatismo y el terrorismo en el país. “Ustedes tienen la obligación de identificar a esos enemigos y llevar buena información a sus bases para que todo el pueblo Boliviano identifique a los traidores de la patria, que son esos grupos separatistas y terroristas”, afirmó.
Continúan las investigaciones para dar con los autores intelectuales del intento de magnicidio contra Morales. La Fiscalía solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informes sobre el movimiento económico de 31 personalidades de Santa Cruz.
El objetivo del Ministerio Público es localizar a los financiadores del grupo terrorista compuesto por diez europeos, la mitad de los cuales están prófugos.
De acuerdo a las primeras investigaciones, serían poderosos empresarios de Santa Cruz, entre los que se encuentran Guido Nayar, presidente de la Federación de Ganaderos; David Sejas, ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC); Pedro Yovhío, presidente de la Federación de Empresarios Privados, y Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Cívico cruceño.
Pero el principal implicado es Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz y ex presidente del Comité Cívico. Otro de los acusados es Lorgio Balcázar Arroyo, ex gerente del Comité Pro Santa Cruz, que fugó del país.
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