Diario La Pr
Enseñanzas del Plan Cóndor
El celo puesto por un juez argentino para esclarecer el caso de la entrega a la dictadura Argentina de 13 dirigentes opositores peruanos, en 1978, ha llegado al extremo de pedir la captura y extradición del militar que gobernaba el Perú en aquella época y fue el principal responsable de la operación, trascurridas bastante más de tres décadas de aquel ingrato suceso.
El hecho, por encima de la polémica abierta sobre la participación o no de ese gobierno en el tenebroso Plan Cóndor o la pertinencia de la decisión judicial o el carácter de la deportación realizada, ha puesto sobre el tapete la importancia que los países de la región otorgan a la necesidad de esclarecer, sin prescripciones ni olvidos, los crímenes cometidos por las dictaduras.
Las familias despedazadas por la tortura y el crimen cometidos por aquellos regímenes y las democracias necesitadas de ajustar cuentas con el pasado, no están dispuestas a permitir que aquellos hechos terribles queden en el pasado ni en la impunidad.
Ya hubo en Argentina más de un intento de amnistiar a los gobernantes y ejecutores militares de los crímenes paradójicamente cometidos en nombre de la supuesta defensa de la democracia.
Aquellas amnistías fueron anuladas y los criminales tuvieron que volver a prisión, siendo el trato más benigno la posibilidad, dada a ancianos exgobernantes, de cumplir sus penas y terminar sus días en sus casas.
Ni la sensibilidad social ni la legalidad internacional permiten ese tipo de amnistías porque, desde la segunda guerra mundial y la noche negra del nazifascismo, los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, entre otras cosas para que en el futuro quienes se vean tentados de usar las armas del asesinato y la tortura para gobernar, sepan que si lo hacen nunca más tendrán respiro y, tarde o temprano, tendrán que pagar sus culpas.
Es lo justo y lo civilizado y es una enseñanza que deben tener en cuenta quienes, desde diversos extremismos, propugnan el perdón y el olvido para quienes cometieron actos de terrorismo y quienes desde el Estado incurrieron en atrocidades.
Pero sobre todo, quienes puedan verse tentados a ceder al chantaje de quienes promueven ese tipo de salidas, deben tener presente que la impunidad no es viable ni deseable para la construcción de una democracia en la que impere el respeto al ciudadano y sus derechos más elementales, sobre todo el derecho a la vida.
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