Diario La Pr
Vuelve aristocracia, se van productores agrarios
Decreto de Urgencia que prepara el Estudio Avendaño es rechazado por los agricultores de ex fundos adyacentes al Aeropuerto."
(1) Fundo San Agustín, los campesinos perderían tierras, pero les pagarían a ex terratenientes (2) Giovanna Avila, dirigenta de ¡El Ayllu!. (3) Juanita Barrantes de 95 años es la profesora que vive en lo que fue la casa hacienda.
Eduardo Higa Tamashiro ha sumado 84 años de edad y desde los siete participa de las faenas agrícolas sobre los terrenos del antiguo fundo San Agustín en el Callao. Sus padres llegaron como yanaconas, sistema por el cual se alquilaban tierras a las haciendas y se cancelaba el arriendo mediante la entrega de parte de la producción, en este caso con algodón. Don Eduardo continuó ligado a la tierra hasta que llegó la reforma agraria que lo convirtió en parcelero. El patrón ya no comería más de la pobreza campesina, dijo el gobierno y todos creyeron.
¡Somos 700 familias, de las cuales 36 somos nikei (descendientes peruanos de familias japonesas, despuÉs de la segunda generación)!, explica Hilda Kiyan, ¡pero hay tambiÉn andinos, negros y criollos. Es una mixtura de razas!.
¡Ciertamente aquí se juntaron inmigrantes japoneses que eran jalados por sus parientes y amigos, que ya estaban instalados!, apunta Alejandro Higa, nieto de Eduardo Higa.
Ahora los jóvenes Kiyán e Higa están viviendo bajo la amenaza de un singular regreso de los hacendados para los que trabajaron sus ancestros, que no se producirá sobre los terrenos donde hoy se cultivan papa, hortalizas y flores ornamentales, sino arrebatándoles los derechos de indemnización, ante la proyectada expropiación para la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez.
La llamada área adyacente al aeropuerto son 690 hectáreas que corresponden a tres viejos fundos: San Agustín, Bocanegra y La Taboada. Son productores agrarios que ocupan uno de los últimos bastiones verdes del primer puerto peruano. Para ellos la mejor opción seguramente sería seguir trabajando la tierra como toda la vida. Pero si es inevitable que deban retirarse lo mínimo que esperan es ser compensados correctamente.
Los que parten la torta
El primer gran vendedor contemporáneo de terrenos en la llamada margen derecha del río Rímac con fines de aeropuerto, fue la familia Prado, a fines de los años 50, precisamente cuando su más notorio integrante ejercía la presidencia de la República. No están disponibles datos del negocio, pero en esa Época Estado y empresas del presidente eran casi la misma cosa. El hecho es que una inmensa área fue transferida a CORPAC.
En la lista de los que quedaban en esta condición estaban los titulares del fundo San Agustín, representados por Francisco Palacios Moreyra, que se hiciera políticamente famoso cuando pagó la compra del video Kouri-Montesinos, para Fernando Olivera. Otros socios todavía vivos son: Rosa Chopitea Miró Quesada de Tudela (madre del ex ministro de Toledo, Alejandro Tudela Ch.), JosÉ Ramírez Gastón Roe (abogado del estudio Echecopar, que representa a los ex propietarios), Juan Miranda Costa (abogado y socio del hermano de Jorge Avendaño, autor del proyecto de decreto de urgencia). Uno ve esta relación y piensa por quÉ en el Perú no hay títulos de nobleza, si hay personas que actúan como si los tuvieran.
Todos estos señores y señoras fueron expropiados una vez con la reforma agraria de 1969. Y desde entonces su proyección fue conseguir el mayor pago como compensación por la propiedad perdida, no volver a poner dinero en la actividad agrícola. Por eso cuando se dictó la ley 27329, el 27 de julio del 2000, muchos pensaron que ahí estaba la mano de los ex terratenientes, ya que volvía a discutirse de títulos ¡válidos! sobre terrenos que tenían un solo dueño, que era el que estaba legalmente sobre la tierra, y con el que había que negociar un precio justo.
Pero no. Todo lo que ha ocurrido desde el 2000, ha sido un juego leguleyo de los estudios de abogados que sirven a los ex propietarios para poner en cuestión los títulos de los ex campesinos, desconociendo las atribuciones de la Oficina de Registros Públicos y del Ministerio de Agricultura para la determinación de los derechos de los campesinos, y de la que sin duda forma parte el proyecto de decreto de urgencia del Dr. Avendaño. ¡A Éstos no les interesa ni la agricultura, ni la aviación, sino engordar sus enormes bolsillos!, comentó un investigador del tema.
El Ayllu
No son sólo campesinos los que saldrían de las tierras adyacentes al aeropuerto. Hay tambiÉn otro grupo de familias cuyas viviendas están sobre la tierra que será expropiada y que los ex terratenientes reclaman como propia. ¡No nos extraña lo que pretenden hacer con nosotros, porque el Estado siempre ha favorecido a los poderosos y nunca nos ha atendido.
Con nuestro esfuerzo hemos realizado muchas mejoras. Sin embargo quieren ignorarnos en todo este proceso, a pesar de la cantidad de años que vivimos acá! dice Giovanna ívila, secretaria general del Asentamiento Humano ¡El Ayllu!.
¡Somos 400 familias que pedimos una indemnización por el tiempo que estamos aquí y porque vamos a quedar sin vivienda. Es injusto que a los ex dueños les pretendan pagar una millonada. Deben tener en cuenta que esta es nuestra vivienda y nuestro centro de trabajo porque muchos somos agricultores! precisa la dirigente.
La dirigencia de Ayllu ha tenido tres audiencias en el ministerio de Transportes con el Dr. Celso Gamarra, presidente de la comisión de alto nivel encargada de ejecutar el proceso de expropiación de los terrenos adyacentes al aeropuerto. ¡Somos pacíficos pero no pasivos, no aceptaremos un desalojo sin indemnización razonable! acota ívila.
- Raúl Wiener
- Denis Merino
Unidad de Investigación
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