Quieren asfixiar al Poder Judicial

Según todos los pronósticos, el vocal César San Martín será el nuevo presidente del Poder Judicial y proyecta una reforma administrativa para romper la inercia institucional de los últimos tiempos; pero se le hará difícil cumplir esa tarea. Según fuentes judiciales y del propio partido de gobierno, los planes del saliente gobierno aprista van en otro sentido y buscan impedir una gestión independiente por los próximos dos años, a fin de evitar que la corrupción de la presente administración sea procesada judicialmente.

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A la pretensión de intervenir el Poder Judicial, manifestada por la ministra de Justicia, Rosario Fernández, se suma la asfixia económica a ese poder del Estado. "

Los estrategas del APRA, indican los informes, han elaborado un plan que se viene cumpliendo escrupulosamente y que consiste en una asfixia financiera programada por los próximos dos años, 2011 y 2012, que corresponderían a una eventual presidencia del magistrado. San Martín es reconocido por su posición independiente, además de tener el pergamino de haber presidido la sala que condenó al ex presidente Fujimori en un juicio impecable que motivó reconocimiento mundial.

Recorte presupuestal
Las intenciones apristas parecen asomar en el debate del presupuesto asignado al Poder Judicial para el año 2011. A pesar que el PJ solicitó un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 1,867 millones, lo que le han aprobado es mucho menos.

El PIA aprobado por el Ministerio de Economía para el próximo año es de 1,221 millones de soles, el mismo que ha sufrido un recorte de 80 millones de soles con relación al del año pasado. El PIA del año 2010 fue de 1,288 millones de soles.

El recorte más importante se produjo en el rubro de Gastos de Capital, que de 109 millones de soles en el 2010, se redujo a 28 millones de soles en el presupuesto de 2011. Sin embargo, la solicitud del Poder Judicial fue de 337 millones de soles.

En lo que corresponde a Gastos Corrientes se incrementó de un año a otro, pues en el 2010 registra un monto global de 1,179 millones, mientras que para el año siguiente era de 1,193 millones.

Golpe a la justicia penal
Lo más grave es que en la programación presupuestal para el próximo año ha sido eliminada la asignación para implantar el Nuevo Código Procesal Penal (NCCP) en los Distritos Judiciales que geográficamente se encuentran dentro del departamento de Lima y Callao.

El NCPP, considerada la piedra de toque para la modernización de la justicia penal en el país, se ha aplicado gradualmente en casi todos los Distritos Judiciales, pero en los DJ de Lima, Callao y Lima Norte, ni siquiera se podrá empezar.

La asignación que el PJ había solicitado para aplicar el código en los Distritos Judiciales que faltan a nivel de todo el país era de S/.1,813 millones de soles, de los cuales, S/.1,718 debían provenir de recursos ordinarios y el resto, S/. 95 millones, de recursos directamente recaudados.

Al final, el Ministerio de Economía y Finanzas decidió otorgar solamente S/.1,126 millones de recursos ordinarios (los directamente recaudados proceden de la misma institución), lo que significa que el programa de aplicación del NCPP ha sido herido de muerte, pues tendrá una merma de 592 millones de soles, señaló el congresista Rafael Vásquez, integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Pero si la situación es grave para Distritos Judiciales que ya habían iniciado el proceso de mudar de la lenta administración de justicia penal actual, a una más moderna, transparente y expeditiva, lo es mucho más para Lima, Lima Norte y Callao, donde ni siquiera se podrá empezar.

50 mil expedientes penales
Según explicó el congresista Vásquez, la situación se agrava porque un dispositivo legal establece que el Poder Judicial debe “adelantar” la aplicación del NCPP en Lima a partir del 2011, pero el presupuesto en este caso ha sido recortado en 54 millones de soles.

Este presupuesto consideraba los montos para una necesaria adecuación y construcción de locales, renovación informática, capacitación a jueces, secretarios y abogados, entre otras muchas necesidades.

Para el parlamentario, este recorte no se justifica en momentos en que las autoridades gubernamentales se jactan de un gran crecimiento económico.

“El gobierno está asfixiando al Poder Judicial, no le da atención a sus necesidades de crecimiento vegetativo y tampoco a sus actuales requerimientos”, indicó el parlamentario, quien no dudó que esta desatención forma parte del cálculo político de la actual administración.

Es mucho más grave si se tiene en cuenta que los Distritos Judiciales de Lima y el Callao concentran el 74% de la carga penal de todo el país, lo que equivale a la existencia de 50 mil expedientes en giro en los Distritos Judiciales de Lima, Lima Norte y Callao.

Cálculo político
La decisión del gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, resulta inexplicable e incoherente con el discurso presidencial que habla de insertarnos en las ligas mayores de los países desarrollados y elevar la competitividad del país.

Sin embargo, se entiende perfectamente el plan de los estrategas del gobierno que han bloqueado de esta manera la aplicación del NCPP en Lima, para evitar que una justicia más expeditiva y transparente se encargue de los múltiples procesos de corrupción que se han destapado en el segundo gobierno de Alan García.

Hay particular preocupación por el tema de los “petroaudios” que permitió revelar la escandalosa corrupción que se desarrollaba en el manejo de las entidades del Estado, y por el cual han sido investigados y encarcelados funcionarios y militantes del partido de gobierno, así como ministros y hasta un primer ministro.

El proceso judicial ha sufrido demoras, falta de recursos, de expertos informáticos, de peloteo con la Fiscalía, para llegar finalmente a un punto muerto. La mayoría de los ministros y funcionarios que acudieron a la suite del empresario dominicano Fortunato Canaán, en un lujoso hotel de Lima, han salido hasta el momento librados de responsabilidad.

Sería realmente escandaloso que un juicio transparente, oral y público, devele las conexiones del “affaire Canaán” que, de acuerdo a las grabaciones y testimonios, llegan hasta el mismo Palacio de Gobierno, con un secretario personal del presidente, como Luis Nava, y su secretaria privada, Mirtha Cunza, en permanente comunicación con el empresario extranjero.

Presidente maniatado
Pero el proyecto aprista no termina en el desmantelamiento de la implantación del código modernizador de la justicia penal. Todo indica que tal como lo han hecho este año, el presupuesto judicial del año subsiguiente también sea una asignación que no le permita mayor posibilidad de maniobra al titular de la institución.

Como se sabe, por la dinámica del manejo del Estado, el presupuesto general de la República se comienza a discutir en abril de cada año, y se aprueba en la práctica en los dos meses siguientes, cuando todavía está en funciones el actual Congreso con una mayoría que se constituye para estos casos con las bancadas aprista, Fujimorista y de Unidad Nacional.

De llegar el vocal San Martín a la presidencia de la Corte Suprema, como se estima, contará pues con un presupuesto disminuido no sólo por el año 2011, sino también el 2012.

Se conoce que el correcto magistrado ha manifestado su deseo de romper la inercia actual de la institución, aplicando una reforma administrativa, además de un intensivo programa anticorrupción.

Ha dicho también que velará por la independencia de la labor del magistrado, lo que se puede interpretar como un rechazo a conversaciones y acuerdos secretos con el poder.

Su situación no cambiaría con la llegada de la nueva administración gubernamental, pues el gobierno que entre sólo podría reformularlo en un 10%.

En el escenario de que su contrincante en esta elección suprema, el vocal Javier Mendoza Ramírez, gane la presidencia de la entidad judicial, no habría mayor problema ya que no tiene en mente hacer reforma profunda alguna.

¿Y la competitividad?
El maltrato que ha sufrido el Poder Judicial en la asignación de los dineros que garanticen su funcionamiento y mejora en bien de la población, afecta además un aspecto sustancial de las políticas de Estado que mantiene el Perú con el resto del mundo.

Tiene que ver con la necesidad de incrementar el nivel de competitividad de nuestro país, frente al resto del mundo, de acuerdo además a compromisos adquiridos con entidades multilaterales que evalúan regularmente el avance o retroceso de los países.

El gobierno inclusive creó el Consejo Nacional de Competitividad, que lo preside el ministro de Economía y en el que participan los titulares de los diversos sectores del Estado, incluido el presidente del Poder Judicial.

La mejora en la administración de justicia es uno de los principales indicadores de que la competitividad de un país mejora, porque está vinculada a la atención de la conflictividad social y la estabilidad jurídica.

Por esta razón, el Poder Judicial se había comprometido a realizar un paquete de reformas, dentro de los objetivos fijados por el Consejo, como es la implantación de una sola plataforma informática para todo el sistema, una mayor celeridad procesal, más transparencia, lucha contra la corrupción y un programa de acciones para participar de la reforma del Estado en conjunto con las demás instituciones del sistema nacional de justicia.

Sin embargo, el gobierno aboga por mejorar las condiciones del país para atraer las inversiones y por el otro lado no duda en condenar a la frustración y el atraso a una institución tan importante como el Poder Judicial.

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Tags: millones, judicial, lima, gobierno, poder, presupuesto, soles, justicia, pais, judiciales,

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