Finalmente, García disolvió Consucode

Fue Toledo el que se hizo famoso con la frase “vamos a tirarnos el Consucode” (organismo regulador de las compras y adquisiciones del Estado), como una supuesta estrategia para acelerar el gasto público. Pero quien ha hecho realidad esta amenaza ha sido García, justamente en la víspera que saltaran a la luz sus peores escándalos de corrupción.

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Los DL 1017 y 1018, metidos dentro de este gran paquete de decretos forzadamente incluidos bajo el paraguas del TLC, tienen el efecto de pasar a mejor vida al Consucode (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) y crear dos nuevas instancias: el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (Osce), que es un Consucode con funciones recortadas, y una nueva entidad denominada Perú Compras que se encargará de las compras estatales de volumen, entre otras responsabilidades.

Siguiendo la lógica que Alan García impuso en sus inagotables discursos, estos cambios se han hecho para agilizar al Estado, promover la inversión y acelerar el gasto. Lo que encierra el concepto de que en nuestro país lo que obstaculiza el progreso son los controles y que la corrupción es un problema de dispersión de los agentes compradores. Entonces, si nos saltamos al supervisor hasta determinados montos, en determinadas circunstancias o rubros, o lo sustituimos por entidades internacionales, y si hacemos una gran bolsa compradora, adiós burocracia y corrupciones. ¿Será verdad?

¿Qué es el Consucode?
El Consucode es una creación del gobierno de Fujimori (1997), ubicada dentro de las nuevas instituciones del Estado que trataban de reflejar la instauración de una economía de mercado que se supone requiere de entidades reguladoras y de control autónomas capaces de facilitar la competencia y el libre juego de oferta y demanda. Siendo el Estado el más grande comprador de bienes y servicios, se entiende que deba existir un organismo que fije las normas por las que deben guiarse los contratos y las adquisiciones de entidades públicas y que pueda cautelar su adecuado cumplimiento.

El sistema de compras públicas debe hacer posible que éstas se realicen en forma oportuna, considerando la mejor calidad y el menor precio, y dentro de condiciones de transparencia y honestidad. Consucode tiene la lista de los proveedores acreditados y sus respectivos récords de participaciones. Por cierto, tiene la relación de los impedidos por diversas causales. Además, ha establecido procedimientos de concurso, dentro de los que destacan la tan mentada subasta inversa (gana el que ofrece el más bajo precio) y los convenios marco (el solicitante prácticamente califica a su proveedor favorito).

Es conocido que los departamentos de compras de los ministerios y entidades públicas, son ambicionados por aspirantes a incrementar su patrimonio en brevísimos plazos. Y que en ellos se emplean mecanismos como precios sobrevaluados, licitaciones amañadas, compras ficticias, etc. El Consucode debía habernos sacado de esa prehistoria hacia un tipo de gestión más confiable. Pero su historia no fue exactamente lo que se decía. De hecho bajo Fujimori, Toledo y García siguió funcionando un mecanismo informal de lobbys, en el que personas con teléfono abierto hacia el poder (familiares, amigos, compañeros de partido) arreglaban los concursos para que se descalificara competidores, quedando muchas veces un solo postor, que ni siquiera reunía los requisitos, o simplemente se anulaba un resultado indeseable.

Muchas compras se hacen a precios irreales, por lo bajo (lo contrario que se hacía antes), pero nadie controla que la cantidad adquirida sea la que realmente se entrega. Claro que es fácil culpar al sistema, cuando lo que ocurre es que todas las reglas son vulnerables cuando hay intención de hacerlo. El Consucode ha estado muchas veces mirando al techo cuando la corrupción seguía avanzando. Obsérvese el caso de los vehículos que diversos órganos estatales adquirieron en masa al consorcio Chileno Gildemeister, hasta que estallaron los escándalos de los patrulleros y las ambulancias. ¿Dónde estaba el control de compras?

La nueva estructura
Toledo decía que las obras públicas se retrasaban porque había organismos que exigían concursos de precios y dictaban pautas para los contratos. García, que el problema es que hay muchos pequeños feudos compradores. La opción que está presente en los decretos 1017 y 1018, es que las compras menores (hasta 3 UIT, 10,500 soles), queden fuera del control centralizado. Asimismo, deja fuera los procesos relacionados a operaciones de endeudamiento interno y externo; contratos internacionales o con proveedores no domiciliados en el país (cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se realice en el extranjero); y las contrataciones de servicios públicos, siempre y cuando no exista otro proveedor por ejemplo de agua o luz.

Otro caso excluido es el de los convenios de cooperación, gestión, entre entidades o entre entidad y organismo internacional, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras; y los procesos que estén asociados a donaciones u operaciones oficiales de crédito. Igualmente, la concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, bienes y servicios públicos; la administración y gestión de bienes de propiedad del Estado y la transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad del Estado en el marco del proceso de privatización.

Como se ve, un inmenso campo que queda desregulado, y que curiosamente incluye los ahora famosos convenios en los que intervienen organismos internacionales del tipo PNUD, OIE y otros. Más aún la norma señala que las apelaciones de procesos sólo serán vistas por la Osce (la nueva Consucode) si superan las 300 UIT (un millón cien mil soles). En caso de apelaciones sobre contratos la cifra sube al doble, lo que significa que el que se sienta estafado por la conducta de una entidad pública tendrá que llevar su queja ante ella misma. Podríamos contar aquí muchas historias de lo que pasa cuando apela dentro del mismo organismo.

Y si se quiere una certeza para estas modificaciones, se puede buscar en la norma para comprobar que han desaparecido toda forma de bonificación especial a los puntajes de calificación de concursos que se refieran al uso de proveedores, insumos o tecnologías nacionales, o incentivos para las PYMES. En este punto sí se puede reconocer que lo impregna el espíritu del TLC que es facilitar a las empresas extranjeras su expansión dentro de las compras públicas.

Perú-Compras se encarga ahora de adquisiciones
El Decreto Legislativo 1018 crea una entidad bajo el nombre de Perú-Compras que tendrá como función realizar adquisiciones corporativas del Estado, e impulsar la compra conjunta de varios organismos cuando se traten de bienes y servicios que responden a necesidades comunes. En otras palabras: comercio en grandes cantidades.

El principio es que esto ahorrará dinero al fisco y reducirá las opciones para la corrupción. Esto último no está muy claro, ya que puede haber corruptos hormiga que roban en la compra de un número reducido de unidades de un producto, como corruptos mayores en compras elefantiásicas.

Las entidades del Estado podrán recurrir a la nueva entidad para que le haga la compra en la que está interesado (por ejemplo los patrulleros del Ministerio del Interior). Y se debe suponer que Perú-Compras tendrá una especialidad e idoneidad que dejará a todos satisfechos.

Además facilitará las obras públicas reduciendo los pasos para resolver los proveedores. Hay muchas empresas

que expresan su preocupación de que la aparición de este nuevo organismo genere una postergación de los pequeños y medianos proveedores, a favor de grandes empresas, principalmente extranjeras.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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Tags: compras, estado, consucode, organismo, entidades, dentro, publicas, entidad, bienes, proveedores,

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