Diario La Pr
Estado tendrá que reparar en caso Cantoral - García
Durante 18 años, los familiares y amigos de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz buscaron vanamente justicia. Siete tiros en la cabeza habían cortado la vida del secretario general de la Federación Minera el 13 de febrero de 1989 y una saña inusitada había llevado a los asesinos a pasar varias veces un automóvil sobre el cuerpo de Consuelo hasta asegurarse que estaba muerta. Y después de tanta crueldad, el cierrapuertas del Estado, la falta de voluntad para investigar, la indiferencia ante el dolor de los deudos. La CIDH ha dado, sin embargo, un gran paso para cambiar esta situación.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló sobre responsabilidad estatal en el asesinato de dirigente minero y de asesora de organizaciones de mujeres de ese sector, a través de la acció"
(1) Saúl Cantoral era secretario general de la federación minera durante la huelga de 1988. (2) Trabajadores mineros y sindicalistas durante el entierro de Saúl cantoral.
En enero de 2007, la ministra de justicia María Zavala anunció que el Estado no aceptaba responsabilidad por el asesinato de Cantoral Huamaní, dirigente minero y protagonista principal de la ola de huelgas del año 1988, y de García Santa Cruz integrante del Centro de la Mujer, Filomena Tomaira, que apoya la organización de las esposas de los trabajadores mineros. Y como quien trata de echar la pelota a cualquier lado dijo que los culpables podrían ser terroristas de Sendero Luminoso o algún grupo de sicarios al servicio de una empresa minera.
La estrategia de defensa seguida por el estado peruano en este caso ha estado basada en este fundamento: no se puede saber quiÉn fue el misterioso asesino, por lo tanto este es un caso sin solución y sin responsabilidad. Los hechos, sin embargo, no son tan difusos: A mediados de 1988, una vigorosa huelga minera había mantenido al país en tensión. Y la respuesta mediática del gobierno y las empresas había llevado las denuncias hasta niveles impensables de macartismo y persecución. La huelga encabezada por Cantoral estaba calificada como ¡terrorista!.
De pronto la noticia fue el secuestro del secretario general el día 9 de agosto, capturado por un comando de acción encargado de apremiarlo para que levantase la huelga. Fue golpeado y amenazado durante ocho largas horas, pero no se rindió. ¿Había conexión entre este secuestro y el siguiente que le costaría la vida? Parece evidente que sí.
Rodrigo Franco
Desde julio de 1988, el país se enteró de la existencia de un grupo operativo ligado al gobierno, con participación de miembros de la policía y militantes apristas, que tomando el nombre del dirigente aprista Rodrigo Franco (asesinado en 1987), empezó a realizar acciones de terror contra opositores del rÉgimen. El primer caso conocido es el del asesinato del abogado del senderista Osmán Morote, el Dr. Manuel Febres Flores. Luego siguió un fallido atentado contra las instalaciones del Diario de Marka, que concluyó con una explosión prematura y la muerte de uno de los atacantes, en octubre de 1988. Es en ese contexto que ocurre el crimen contra Cantoral y García.
Es verdad que en los casos previos hubo reivindicación de los asesinos que intentaban pasar por una especie de vengadores frente a las ¡amenazas terroristas!. Pero todo indica que el escándalo que siguió al descubrimiento de los cuerpos de Saúl Cantoral y consuelo García en un descampado de Canto Grande, los desalentó a mantener el mismo protagonismo. DespuÉs de todo, el mensaje estaba enviado. La Federación Minera y el movimiento sindical fueron heridos por este golpe artero.
CIDH
La Corte Interamericana ha sentenciado en el sentido que la investigación policial y judicial ¡no ha garantizado un verdadero acceso a la justicia a los familiares de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque la reparación de las violaciones, el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la ejecución de ambos dirigentes, así como la sanción de los responsables, lo que constituye una violación de sus derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales!.
La abogada Gloria Cano que ha patrocinado a los familiares de las víctimas considera que habiÉndose presentado pruebas de descargo por parte del Estado, Éstas no lograron cambiar la opinión de la Corte, de donde no cabe que se insista en rechazar el fallo cuando el caso ha sido agotado en esta instancia. En la decisión de la CIDH habría pesado además el testimonio de dos participantes del asesinato, cuyas identidades se mantienen en secreto.
El punto central aquí sería el de la responsabilidad del primer gobierno aprista y su ministro del Interior, Agustín Mantilla, en la organización del primer núcleo paramilitar que sirvió como precedente para el Grupo Colina.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
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