El BCP y la dictadura bancaria

¿Qué habría hecho el primer banco del país si algún medio revelara los movimientos de inmuebles y vehículos del señor presidente? ¿O de algún empresario importante? Hubiese deslindado inmediatamente su responsabilidad ¿no es cierto? Pero hoy guarda un silencio culpable. La información se la dieron pero se le chispoteó. Y aquí no pasa nada.

Aldo Mariátegui insiste en jugar a la gallinita ciega con el asunto de la responsabilidad del Banco de Crédito por la utilización de la información personal de Nadine Heredia para las denuncias de los últimos días, creyendo que alguien va a seguirlo en su juego de supuesto sabueso de documentos clasificados; y la ministra nada menos que de Justicia inaugura una nueva teoría jurídica cuando indica a su vez que la única protección que los bancos deben dar a sus clientes es sobre sus depósitos de ahorro, porque los créditos hipotecarios son públicos.

Vamos ministra, ni que estuviera postulando a asesora jurídica de la Asociación de Bancos. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Está confundiendo deliberadamente la información sobre la existencia de un crédito: titular, monto, plazo de pago, etc., con los datos del cliente para su obtención, que incluyen desde las fuentes de ingreso, las propiedades, las garantías, de cada persona o empresa, hasta su dirección, familia y otros asuntos que el banco requiere y que se supone que no van a llegar a conocimiento de terceros. Pero la ministra pretende decretar el todo vale.

Hay una gravísima implicancia en todo esto, porque a partir de dicho por la Dra. Fernández se puede inferir que está asumiendo que el banco de los Romero efectivamente es el origen del escándalo de prensa y que el gobierno lo respalda, porque ello sirve para acusar a personajes indeseables de recibir el cochino dinero chavista (aunque se trate de un contrato con una empresa privada venezoñana y no con el gobierno de Chávez); sepan que aquí el sistema se defiende y está dispuesto a sacar a luz estas relaciones… Es decir la dictadura bancaria. Porque usted amigo lector supondrá cuánto dinero mueven empresarios, dueños de medios, políticos, etc., que los bancos conocen pero no revelan porque se escudan en el secreto, que deja de existir si el implicado es un antisistema, o su esposa.

Aquí se han hecho comparaciones fenomenales para rebatir la tesis de que estamos ante un abuso incalificable. Y la más manida es la que dice que como en el caso de los petroaudios… O sea, como ustedes que condenan a Rómulo León, Del Castillo, Garrido Lecca, Nava y otros, en base a una información ilegal, por qué no se puede hacer lo mismo con Nadine Heredia. Mayordomo de Humala, decreta el mucamo de Alan García. Pero es evidente que en el caso de las escuchas telefónicas se trataba de vínculos entre personas y ministros y funcionarios del Estado, para conseguir alterar el resultado de licitaciones y concursos públicos.

No hay punto de comparación con el tipo de información sustraída a Nadine Heredia, que son los datos de contratos de trabajo de una persona particular con empresas privadas, donde no hay ilegalidad alguna, salvo la intención de sugerir que son remuneraciones “excesivas” para ella y que hay una relación chavista en uno de los contratantes. Pero hay algo mucho más delicado: por los chuponeos hay gente presa en cárceles de máxima seguridad (Rómulo anda con los reos primarios, Químper en su casa y Del Castillo fue salvado por el Congreso), y a los del banco les anuncian el blindaje de la ministra. Si hay alguna correlación entre los dos hechos, debería haber una investigación de la Fiscal Echaíz contra los que soltaron los datos de la solicitud de crédito de la esposa de Ollanta Humala y del movimiento de sus cuentas personales.

¿O la justicia no es igual para todos en el país de las maravillas?

Caso Montesinos
El otro caso que se cita para explicar el “derecho” de sacar a luz información del interior de un banco es el de las cuentas de Montesinos en el Banco Wiese, que se hicieron públicas a través del diario “Liberación”, cuando lo dirigía César Hildebrandt. Y se dice, ¿por qué ahí sí, y aquí no? Pero la comparación es otra vez superficial. Lo que se le destapó al ex asesor eran fondos millonarios, cuando pretendidamente era un funcionario ad honoren del Estado y el responsable del manejo de los fondos secretos de la reserva del servicio de Inteligencia, por lo que podía presumirse que se trataba de un robo al fisco, como después se probó ampliamente.

Pero aún así, el Banco Wiese informó que la filtración no era su responsabilidad y sancionó despidiéndola a la funcionaria que manejaba la cuenta, que era la cuñada de Jorge del Castillo. Es decir no se dio por sentado que estaba muy bien que se hiciera conocer la información, y la persona que la entregó pagó la osadía de haber hecho una contribución enorme a la lucha contra el régimen autoritario. Y lo fundamental es que no estamos hablando de un pecado venial de San Dionisio que no está ayudando a evitar a los antisistema.

Es extremadamente serio que el poder político (que tiene a su cargo la Superintendencia de Banca, la Sunat, y otras entidades que manejan información privilegiada) y el poder económico (que dirige los bancos), actúen aliados contra el llamado “candidato que el presidente no quiere” y pongan en manos de la prensa más bochinchera datos reservados que pueden dañar la reputación personal de ese candidato y la de su esposa. Que después de eso nos quieran contar el cuento de que Aldo y Óscar Libón cavaron un túnel a la bóveda del Banco de Crédito para dar el golpe perfecto y quedarse con los documentos de Nadine y presentarlos como una “investigación”… bueno, de algo debe vivir la gente.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación