David frente a Goliat

Una mirada a la huelga amazónica, que cumple un mes, nos ofrece una nueva versión, esta vez no bíblica, de un enfrentamiento desigual. Los indígenas amazónicos peruanos quieren lanzar una pedrada al ojo del poder económico, que pretende despojarlos de sus propiedades y su ancestral forma de vida.

País de paradojas. Los primeros rayos del sol del 8 de abril caen sobre el amazónico río Napo e ilumina las frágiles canoas y peque peques alineados sobre las aguas, de orilla a orilla, en el afán, tal vez inútil, de impedir el tránsito de las barcazas de la petrolera anglo-francesa Perenco. A miles de kilómetros de distancia, Francois Perrodo, presidente de la transnacional estrecha la mano de Alan García, presidente elegido por los peruanos, quien está para servirle en todo lo que se le ofrezca.

Los kichuas y arabelas siguen en su labor y tienden un cable de un extremo al otro del Napo y también lo hacen sobre el Curaray (*), quieren ponerle un alto a la depredación de la Perenco que, sin el permiso comunal, ha ingresado a sus territorios, trastocando la tranquilidad de la selva. La comunidad reunida en asamblea ha determinado que no quieren que ensucien sus ríos, ni que profanen sus tierras.

En Lima, Perrodo y García, conversan a sus anchas. Perrodo quiere el lote 67. Lo tiene, asiente García. Perrodo quiere protección a su inversión. La Marina esta a su servicio, contesta García. Finalmente se estrechan las manos y García sale ante la prensa e informa que, Gracias a Dios, la petrolera invertirá 2 mil millones de dólares y declara de “necesidad e interés nacional” el desarrollo del lote 67 en Loreto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?, nadie pregunta en Lima, pero el anuncio sí recorre la Amazonía hasta llegar a oidos Kichuas.

Ni García ni Perrodo, quieren saber que los terrenos del llamado Lote 67 en Loreto, pertenecen desde siempre a los kichuas y arabelas, y a los huaorani y los pananujuri. Estas dos últimas son etnias “no contactadas”.

Nadie responde
El mismo día el pueblo Achuar hace lo mismo en la boca del río Corrientes, en Providencia, con la pretensión de bloquear las embarcaciones de Pluspetrol. Quiere proteger su territorio de la avaricia extractiva alentada por el gobierno. El apu Edwin Vásquez, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO (base regional de Aidesep), dice que la medida es defensiva, porque el gobierno y la empresa desconocieron el Acuerdo de Dorissa suscrito en el 2006.

El gobierno, sin querer oír las razones, como si los Achuar no existieran, ordenó el despliegue policial en Bagua Chica (Amazonas), en Napo y Corrientes (Loreto), en Atalaya (Ucayali). Y también en Quillabamba (Cusco), Puerto Maldonado (Madre de Dios) y Satipo (Junín), donde también protestaban otros pueblos.

Insistente y paciente, Alberto Pizango, presidente de Aidesep, pide reuniones con el premier Yehude Simon, con el presidente del Congreso, Javier Velásquez, con el presidente Alan García. Pero ninguno responde.

La protesta llega también a zonas del nororiente peruano y la región Ucayali, donde un consorcio de Petrobras energía del Perú S.A. y la estatal Colombiana Ecopetrol exploran los lotes 110 y 117.

El lote 110 abarca prácticamente toda la superficie de una reserva (supuestamente) destinada a los indígenas aislados Murunahua (o Chitonahua, etnia extremadamente vulnerable al contacto foráneo porque no tiene inmunidad a algunas enfermedades). El lote 117, en la frontera colombo peruana, es una zona propuesta como reserva para indígenas no contactados.

También en los valles de los ríos Sungaruyacu y Aguaytía, en Ucayali, la presencia de la empresa canadiense amenaza a los Cacataibo.

El apu del pueblo Matsés, Ángel Uaqui, dijo que la Pacific Stratus tiene la concesión del gobierno para explorar y explotar los lotes 135 y 137, pero la comunidad ha decidido no permitirlo. Los Matsés viven en la Comunidad San José de Añushi en las cuencas de los ríos Yaquerama y Gálvez y están decididos a proteger su territorio.

No sólo son ellos, también son afectados los Candoshi, los Shawi, los Cocama-Cocamilla, los Machiguengas, los Yines, los Ashaninkas, los Yaneshas. Todos ellos se han organizado para defenderse de la agresión y eigir respeto a sus pueblos y su derecho a la libre determinación, derechos que les otorga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el estado peruano.

Agua, energía, bosques
Con orgullo citadino, el presidente Alan García describe las bondades de la selva amazónica. Casi un millón de hectáreas, la más rica biodiversidad en la Tierra, agua, bióxido de carbono, madera, etc. Sólo le falta agregar, vengan a comprar: La selva se vende.

Lo que no dice es que esta extensa cuenca hidrográfica (casi 7 mil kilómetros) tiene dueños, que son los peruanos, y viven allí 420 pueblos indígenas diferentes, que hablan 86 lenguas, 650 dialectos y están en 2.6 millones de hectáreas de áreas protegidas. Otras informaciones dicen que son 1,350 comunidades.

Agua, energía, alimentos, bosques, son recursos que no pueden despilfarrarse o, peor aún, rematarse a la voracidad del gran capital, advierte el defensor de la Amazonía, Róger Rumrrill.

La anárquica expansión de la minería y el petróleo, vía concesiones entregadas por los gobiernos llega al extremo de que hasta la Plaza de Armas de Iquitos está dentro de un lote petrolero, enfatiza el sociólogo Iván Salas.

El presidente Alan García Pérez planea el remate total de nuestra Amazonía, apunta Salas. El mandatario continúa con la errada visión puramente extractiva de la pereza burocrático-criolla, critica.

Esta ceguera conduce al gobierno a promulgar torpes leyes y decretos, ocasionando la justa protesta de los pueblos amazónicos, protesta que continuará hasta lograr la derogatoria de los decretos antiamazónicos, según los dirigentes de las movilizaciones iniciadas el 9 de abril, hace casi un mes, sin que el gobierno abandone su indiferencia y busque soluciones al problema.

Susana Grados Díaz
Redacción