Declarada la total iliquidez del banco, los depositantes que quedaron ensartados con montos elevados de dinero que resultaban incobrables (no son cubiertos por los Seguros) tuvieron que negociar formas de hacerse pago. De esa manera, el 26 de mayo de 2003, la Comisión Liquidadora del Banco República, presidida por Mario Valcárcel (allegado a Hernán Garrido Lecca, miembro del directorio del banco en liquidación), suscribió un contrato con la Marina de “pago parcial de obligación mediante la cesión de créditos y cesión de garantías”.

A través de este documento se establecía (cláusula 11) que la Marina de Guerra daba por cancelada sus acreencias y recibía como pago, la hipoteca de un edificio de nueve pisos ubicado en Av. Armendáriz Nº 539-537-541-543, en el distrito de Miraflores, sin lugar a reclamo. El edificio hipotecado pertenecía a la empresa Mecapi S.A.Ingenieros Contratistas, que respaldó una deuda por casi 500 mil dólares, en una operación de crédito con el banco que no pudo cancelar. Según la valorización de los peritos, el inmueble debe costar por encima del millón de dólares, de acuerdo al área ocupada y construida, con servicios, cocheras y ubicación residencial.

Sin embargo, en el acto de inscripción del acuerdo ante el notario, los liquidadores del banco añadieron una cláusula adicional que establecía que no asumían ninguna responsabilidad por el riesgo que pudiera haber sobre la vigencia o existencia del crédito hipotecario cedido. Esta limpiada de manos la avala el entonces capitán de navío Ricardo Pin Nieto, que representaba al comandante general de la marina en el acto notarial.

¿Por qué se hizo esto?, o, mejor dicho ¿qué tipo de complicidad pudo haber entre jefes de la marina y el señor Valcárcel? Es algo que está por establecerse. El hecho es que todo este proceso concluyó el 5 de agosto del 2005, ante el Notario Público Eduardo Laos de Lama, en un acuerdo que parecía haber salvado a la Marina de una cruda estafa.

Pero no. Otro mecanismo tenebroso amenazaba el feliz acuerdo. La empresa Mecapi S.A. que, como se ha dicho, era la propietaria original del edificio hipotecado, que ya venía pataleando con sus deudas, entró en insolvencia y liquidación, paralelamente al proceso que iba produciéndose para lograr el arreglo entre la liquidadora del Banco República y la Marina. Por Resolución Nº 104446-2005/CCO-INDECOPI, del 04.07.05, se instala finalmente una Junta de Acreedores que asume la administración de sus activos, para proceder a pagar deudas, y ¡oh sorpresa!, la Marina de Guerra no es convocada a ser parte, a pesar de que era el acreedor principal, por ser el titular de las garantías contra su más valioso activo.

La Armada distraída
Fíjense en las fechas: el 4 de julio del 2005 se inicia la liquidación de la empresa deudora y el 5 de agosto la Marina firma la inscripción de la hipoteca sobre el edificio propiedad de esa misma empresa. ¿Qué pasó? ¿Los liquidadores del Banco República no sabían lo que pasaba con Mecapi S.A., o no se lo advirtieron a los ingenuos oficiales que los liberaban de sus obligaciones? El punto es que los procedimientos siguieron en paralelo. El 9 de marzo del 2006, la Marina ya tenía inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble su hipoteca, y el 1 de septiembre del mismo año se nombraba una entidad liquidadora, Welcome Consultores Asociados SA, sin opinión de la Marina, que se inscribe el 21 de noviembre, tomando el control de todos los activos, entre ellos el edificio de Armendáriz.

Welcome Consultores existe desde el año 2002, con un capital social inicial de 3 mil soles, posteriormente elevado a 17 mil 470 de acuerdo a la partida electrónica 11379247, del registro de Persona Jurídicas, lo que indica su debilidad patrimonial para hacerse cargo de liquidaciones en las que están en juego sumas de dinero muy superiores a su respaldo. Pero lo más grave es que esta empresita no sólo se dio el lujo de ignorar a la Marina de Guerra como acreedor principal, sino que hizo caso omiso a la hipoteca vigente. Así que, sin ningún cargo de conciencia, anunció la venta del edificio que la Marina tenía inscrito en sus libros contables como respaldo de 873 mil 477 dólares, más sus intereses, y ningún uniforme blanco protestó por este escándalo.

Welcome Consultores cerró una operación de venta del edificio de Av. Armendáriz el 7 de marzo del 2008, ante la notaría Dannon Brender, en Magdalena, en una minuta suscrita por Jessica del Rosario Urbina Huayllaquispe por Mecapi en liquidación (Welcome Consultores) y Moisés Bravo Hinostroza, gerente de Inmobiliaria Pazos SAC, en la que se desglosa un valor imputado a cada oficina del edificio, en montos que iban desde 14 mil 886 dólares (2 oficinas), 28 mil 970 dólares (6 oficinas) y 1,200 dólares (6 estacionamientos), dando un total de 210 mil 792 dólares. Este era, sin duda, un precio de regalo para una propiedad de este tipo en Miraflores.

El 26 de agosto de 2008, finalmente, se inscriben dos nuevos registros en las fichas correspondientes a cada una de las oficinas y estacionamientos en que se subdividió la propiedad del inmueble de Av. Armendáriz: el primero, el título de dominio a nombre de Inmobiliaria Pazos; el segundo, el registro del levantamiento de hipoteca, en cumplimiento de la ley concursal, dejando totalmente en el aire el patrimonio de la Marina de Guerra, que parece haber resultado irrelevante para Indecopi, los Registros Públicos, el Notario Dannon, la liquidadora Welcome y la compradora Pazos.

¿Y qué hizo entonces el comando naval, con todos sus barcos y cañones, respecto a este descarado desfalco de sus principales cuentas, traficadas de un lado a otro y evaporadas sin lugar a apelaciones? Nada sobre nada. Se fue la plata y nadie dijo ni pío.

Pazos S.A., una empresa oportuna
Si todo lo dicho pareciera poco, vale un minuto establecer quiénes fueron los afortunados y definitivos ganadores después de la Vía Crucis de los fondos de la marina y el remate del edificio hipotecado del ex Banco República. En otras palabras: ¿quiénes están detrás de Inmobiliaria Pazos, favorecida por la liquidadora Welcome Consultores? La ficha de registro de personas jurídicas (Nº 11851038), tiene como fecha de vigencia el 2 de febrero de 2006, lo que, para empezar, es posterior a la decisión de liquidación de Mecapi SA, que conduciría a la venta del edificio de Av. Armendáriz. El segundo son los accionistas: Marcela Gonzáles Morales, con 99% de las acciones, y su hermana Norma Gonzáles Morales, con 1% de las acciones. Asimismo, la ficha inscribe como gerente general a Moisés Bravo Hinostroza y en ficha aparte le concede poderes de contratación.

¿Quiénes son estos personajes? Un repaso somero de información existente vincula a Marcela Gonzáles y Moisés Bravo en diversas denuncias derivadas de su cercanía con el cuestionado regidor por Lima Metropolitana Marco Parra. Están abiertas pues numerosas pistas para establecer si la estafa a la Marina fue una suma de coincidencias y un descuido fatal y punible de los comandos, así como una ganancia neta de los vivos de siempre; o si hubo alguna concertación entre diversos actores para perjudicar a la institución militar.

Un banco montesinista
En 1994, el senador y empresario Chileno Francisco Errázuriz Talavera, compró un banco quebrado (BANDESCO), en cuyo directorio figuraban varios personajes notorios: Moisés Woll (del PPC), Hernán Garrido Lecca (por entonces distanciado del APRA), Guido Pennano (años después se haría famoso como tránsfuga con vladivideo y estafador de campesinos) y otros. Poco después el mercado financiero peruano recibió una nueva marca: Banco República, formado con los restos de su predecesor y con un directorio compartido entre el viejo grupo de BANDESCO y el nuevo accionista mayoritario.

¿Cómo hicieron atractiva una inversión en una entidad a punto de cerrarse? La respuesta es simple: los vínculos con el gobierno de Fujimori aseguraron una cartera especial de clientes conformada por entidades y empresas públicas, con fuertes depósitos en el sistema: SUNAT, el IPSS-ESsalud, Fondo Mivivienda, CORPAC, Banco de la Nación, Marina de Guerra, etc., muchas de las cuales tuvieron severas pérdidas, mientras otras que fueron avisados a tiempo lograron retirar sus capitales.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación