La falta de justicia en la minería

La falta de justicia en la minería

El Estado peruano lejos de administrar justicia sobre minería, se ha puesto de guachimán de los intereses de las grandes mineras.

La minería se precia de ser generadora de riqueza y desarrollo para el país en su conjunto; le da utilidades a los inversionistas, pero deja mucho que desear el nivel de beneficio que puedan obtener las comunidades indígenas propietarias de las tierras que alojan en su subsuelo las riquezas minerales tan apetecidas por estos sectores.

Se privilegia el interés del inversionista en contra del país

La actual administración de Alan García es un gran impulsora y promotora de la actividad minera, bajo el slogan Perú país minero, las concesiones otorgadas a esta actividad se duplicaron entre el 2006 al 2010, pasando de 11 millones de hectáreas a más de 21 mil hectáreas de territorio concesionado”.

El Estado peruano ha sido incapaz de administrar con justicia las concesiones mineras. Se confunde el beneficio del país con el beneficio de la empresa. Se prioriza el interés del mercado y del inversionista sobre supervivencia de comunidades nativas que viven en la extrema pobreza y abandono. Los mencionados hechos promueven la migración hacia las capitales de provincia, lo que agrava ¨las demandas de estos nuevos pobladores que demandan agua y desagüe, empleo pleno, pistas y veredas, transporte público barato y eficiente, viviendas, ecuación y servicios de salud.

El consorcio empresarial Hábitat Perú Eco Negocios pretende revertir estas tendencias y transformarlas en buenas prácticas empresariales.

Entendemos que toda empresa minera que desee invertir debe priorizar, llegar a acuerdos de mutuo beneficio con las comunidades que son propietarias y ocupantes ancestrales de estas tierras (…), en esa línea proponemos a las empresas mineras que antes que acudir a las respectivas autoridades para gestionar una concesión, reunirse primero con la Comunidad Indígena propietaria de las tierras en que se encuentra el o los yacimientos mineros a concesionar.

La importancia de reunirse primero con los pobladores es de vital importancia para evitar futuros conflictos sociales entre la empresa minera y la comunidad. En este punto vale resaltar que mensualmente la Defensoría del Pueblo publica un reporte de los conflictos sociales que están sucediendo o los posibles a estallar en el territorio nacional; así solo en el mes de mayo reportó la existencia de un total de 227 conflictos sociales, de los cuales 142 se encuentran activos (63%) y 85 se mantienen en estado latente (37%).

No obstante, la valiosa información de la Defensoría, el Estado no ha prestado atención al reporte, que más de un conflicto social hubiera evitado.

Obstáculos para el desarrollo sostenible
De acuerdo a un artículo de Camilo León Castro llamado “Obstáculos para el desarrollo sostenible en zonas mineras”, “la Responsabilidad Social en minería se presenta como una política corporativa que busca el desarrollo sostenible de las comunidades vecinas a los proyectos mineros. Sin embargo, la realidad es que las actividades de desarrollo de las empresas mineras tienen por objetivo mantener la estabilidad social necesaria para la continuidad de las operaciones. Este objetivo y las acciones concretas que conlleva generan una serie de obstáculos para el desarrollo sostenible de las regiones donde se desarrolla la minería”.

Sin embargo, la razón principal para todas estas políticas sigue siendo la presión social de las comunidades para la obtención de beneficios de los proyectos mineros. En el estudio “Compañías Mineras y Desarrollo Local”, auspiciado por la cooperación canadiense (IDRC/MPRI 2003), se concluye que la principal motivación de las empresas mineras de la región para realizar actividades de desarrollo social es el mantenimiento de buenas relaciones con grupos de interés que son claves para la continuidad de sus operaciones.

El mencionado estudio, además, advierte que las empresas mineras utilizan, generalmente, el término área de influencia para referirse a las zonas de impacto ambiental y social de sus operaciones.

Ahora, el área de influencia de un proyecto determina el ámbito de aplicación de las políticas y programas a seguir para manejar los efectos socio-ambientales de las actividades mineras. Estos programas se proponen al Estado y se consultan con la población en el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, obligatorios para este tipo de operaciones. Pero el área de influencia de una mina no es un espacio natural para un programa de desarrollo coherente. Los programas de desarrollo se ejecutan en cuencas, distritos, provincias o regiones.

Según León Castro, la concentración del aporte minero en las áreas de influencia genera un desbalance en lo que debería ser el desarrollo armónico de un espacio ecológico y político mayor, lo que a la vez genera más tensión en las comunidades no beneficiadas pero inmediatamente vecinas al área de influencia oficial del proyecto.

Recalcó, que el tiempo de maduración de un proyecto de desarrollo no coincide necesariamente con los plazos impuestos a las operaciones de un proyecto minero ni con el periodo político de un alcalde o un presidente regional, pues, en muchos casos, algunos proyectos de desarrollo, especialmente en el campo de la educación, tienen impactos que recién son observables en cinco o más años. Por ello, siempre existe la tendencia a ejecutar actividades cuyos resultados pueden ser percibidos en el corto o mediano plazo, en desmedro de programas de más larga duración.

En resumen, las actividades de desarrollo de las minas en el Perú enfrentan varias dificultades para ser sostenibles. Los ámbitos de intervención no coinciden necesariamente con los espacios ecológicos y políticos de las comunidades; los beneficiarios tienden a ser los grupos de interés con capacidad de afectar las operaciones y no los más necesitados; se priorizan obras de corto plazo, especialmente de infraestructura; y la contraparte estatal (a nivel de gobierno central, regional o local) deviene muchas veces en parte del problema a resolver.

Para superar los mencionados problemas, León Castro, recomienda, entre otras, transcender el área de influencia y actuar sobre cuencas o sobre la provincia; buscar coherencia entre las medidas de corto y largo plazo, ampliar grupos de interés a quienes están fuera del mapa de poder; incluir el concepto de desarrollo sostenible e indicadores de medición como el Índice de Desarrollo Humano, la línea de pobreza o las Necesidades Básicas Insatisfechas, en los acuerdos y programas de desarrollo; y, por último, repetir siempre el “Imperativo Categórico” como antídoto a la corrupción y el clientelismo.

“El desarrollo sostenible de las provincias y distritos mineros no se va a dar naturalmente. Va a ser necesaria una intervención firme de parte de las empresas mineras y del Estado para superar los obstáculos reseñados y convertir las actuales rentas mineras en capital humano, social y financiero para el desarrollo”, dice León Castro.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) una herramienta clave que permite prevenir los conflictos sociales en torno a la actividad minera es el ordenamiento territorial, el proceso participativo de Zonificación Ecológica Económica y el uso de los recursos como el agua y la tierra.

“El rol de las nuevas autoridades debe orientarse a garantizar que no se afecte el acceso al agua (en cantidad y calidad) de la población y que las negociaciones de tierras se den en condiciones equitativas y justas”, indicó la OCM.

El informe concluye que la agenda pendiente en minería es promover un trabajo regional que implique el respeto de los derechos de las comunidades, el cumplimiento estricto de los estándares ambientales, y la ejecución eficiente de los recursos que provengan de una actividad minera que apunte al desarrollo sostenible de las poblaciones.

Propuesta de Hábitat Perú Eco Negocios
Las empresas mineras, a través de sus Oficinas de Responsabilidad Social Empresarial, de Hábitat Perú Eco Negocios o de cualquier otra Empresa Facilitadora identificará las necesidades de las comunidades en lo ecológico, medioambiental, económico y de fórmula para salir de la pobreza extrema. Una vez identificadas las carencias, serán las empresas mineras que financiarán la ejecución integral del proyecto.

Cuando se llegue a un acuerdo entre las comunidades y las empresas mineras, recién estas últimas obtendrán las autorizaciones respectivas para iniciar las gestiones del proceso de concesión, entre las que se encuentran el desarrollo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que garantice que al cierre de la mina no habrán pasivos ambientales; la implementación del cronograma de los estudios confirmatorios que determinen el volumen de mineral a ser extraído, la adquisición de los activos fijos, equipos y maquinarias para la explotación del mineral; la adquisición de las Plantas Concentradoras y Refinadoras de mineral de ser el caso; y por último iniciar los procesos de transporte y comercialización nacional e internacional de concentrados u otros niveles de presentación del mineral obtenido.

De esta manera, se busca que no se repitan más conflictos sociales, que no favorecen a nadie, por el contrario, solo trae consigo pérdidas económicas, ambientales y sociales.


Edward Allan Mahr Calonge
Colaborador

Califica esta noticia




...

Sobre el autor de esta noticia

Diario La Primera
Diario La Primera Perú

LA PRIMERA, el diario que inspira respeto

136648 Articulos
Facebook Twitter

Comentarios

Arriba