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Gran mafia de tierras opera en sur de Lima

Gran mafia de tierras opera en sur de Lima

Una mafia encabezada por Jorge Pazos Holder, dueño de CESCA, CICEX, Computronic y otros institutos educativos, pretende apoderarse de cientos de hectáreas de terrenos al sur de Lima. En complicidad de una sospechosa comunidad campesina conformada por una sola familia y algunos amigos, trafica con una enorme extensión de tierras que abarca varios distritos, según fuentes judiciales.

La sospechosa comunidad de Pachacámac ha convertido a Pazos Holder en el principal beneficiario de las adjudicaciones de tierras y le ha entregado gratuitamente más de un millón y medio de metros cuadrados que, según dicen, tienen un valor de catorce millones de soles.

Pazos Holder también es investigado por lavado de activos en la modalidad de defraudación tributaria pues tiene una millonaria deuda coactiva al fisco, pese a que mensualmente recibe ingentes cantidades de dinero de los estudiantes que acuden a sus instituciones ignorando a dónde va a parar su plata.

Distritos afectados

Los distritos afectados son:
- Santa María del Mar 
- San Bartolo
- Punta Negra
- Punta Hermosa 
- Lurín 
- Villa El Salvador
- Chorrillos
- San Juan de Miraflores
- Villa María del Triunfo 
- La Molina, 
- Pachacamac
- Cieneguilla.

Desde hace un par de años, Jorge Pazos Holder, dueño de CICEX, CESCA, Computronic, y la Universidad de Ciencias Informáticas, está sembrando el temor entre decenas de pobladores de una extensa zona de Lurín y otros distritos del sur de Lima, que lo acusan de pretender despojarlos de sus tierras con oscuras maniobras que las autoridades están investigando.

Los denunciantes afirman que Pazos Holder se ha apropiado de centenares de hectáreas valiéndose de una serie de artimañas y la complicidad de un grupo de personas que dicen formar la comunidad campesina “Pachacámac”, de dudoso origen.

Desde hace tiempo, Pazos Holder pretende ejecutar su supuesta posesión del terreno atemorizando a los verdaderos propietarios, humildes campesinos que son agredidos por sus matones, según numerosas denuncias sobre abusos y atropellos, presentadas en la Comisaría de Lurín.

Una de sus víctimas es Holmedo Santos Ballarta, cuyo predio de 20 hectáreas está, precisamente, en la zona usurpada y viene soportando el acoso del cuestionado empresario desde hace varios meses. Desde el año pasado, el campesino viene luchando a brazo partido para defender su propiedad que pretenden arrebatarle los traficantes de terrenos.

Esta denuncia se suma a otra similar por la pretendida apropiación del Bosque de Cañoncillo, una zona declarada como reserva natural por las autoridades en la región La Libertad, y que el empresario educativo busca adueñarse falsificando documentos, según otra denuncia en su contra.

Pazos Holder también está siendo investigado por lavado de activos en la modalidad de defraudación tributaria pues tiene una millonaria deuda coactiva al fisco, pese a que mensualmente recibe ingentes cantidades de dinero de los estudiantes que acuden a sus instituciones educativas y se ignora a dónde va ese dinero.



GRAN GANADOR
La sospechosa comunidad de Pachacámac ha convertido a Pazos Holder en el principal beneficiario de las adjudicaciones de tierras y le ha entregado gratuitamente más de un millón y medio de metros cuadrados que, según los denunciantes, tienen un valor de catorce millones de soles.

Esa comunidad no tiene inscripción registral de sus tierras, tampoco ha logrado la aprobación de sus planos comunales. Tanto el PETT como COFOPRI se lo han denegado desde hace muchos años atrás, como se advierte de los documentos que obran en los archivos de ambas instituciones.

La comunidad está integrada, en su mayoría, por la familia Cuya Rodríguez, que vive en una modesta casa del distrito de Lurín. Nadie podría imaginar que esa es la vivienda del grupo de personas que pretende apoderarse de una enorme extensión de terreno que abarca buena parte de varios distritos ubicados al sur de la capital.

La presidenta de la comunidad es Yaneth Cuya Rodríguez, una técnica en computación, que, en realidad, no maneja nada. Vive en una humilde casa en el Jr. Comercio Nº 125-127 del distrito de Pachacámac. Y ese mismo inmueble es la sede de la supuesta Comunidad Campesina de Pachacámac que surgió por arte de magia y se proclamó como dueña de más de cien mil hectáreas en esa zona.

Quien maneja realmente esa sospechosa comunidad es su padre, Víctor Cuya Martínez, el sujeto clave en todo este enredo jurídico montado por alguna mano misteriosa. La prueba está en un documento que figura en los registros de una conocida notaría.

Esta familia solo es el mascarón de proa de una maquinaria más compleja que ha montado este gigantesco tráfico de terrenos, indican los denunciantes, según los cuales ninguno de los integrantes de la comunidad tiene la suficiente preparación académica para haber diseñado la artimaña legal.

De acuerdo a la documentación disponible, el propio Cuya Martínez tiene solo quinto año de primaria. Es claro que en este complicado tema han tenido que intervenir especialistas, personas que conocen el tema de tierras y la problemática comunal.

Además, la ejecución de la estrategia legal de la comunidad no es barata. El costo es elevado y alguien debió financiarlo.

Las más de 100 mil hectáreas que esa familia pretende adueñarse abarca los distritos balnearios como San Bartolo, Santa María del Mar, Punta Negra y Punta Hermosa y La Molina.

LA PUNTA DE LA MADEJA
El embrollo del que pretende valerse Pazos Holder y la comunidad campesina para adueñarse de los terrenos, tiene su origen en la época colonial. Empezó con la Real Cédula de 1746, en la cual, supuestamente, el virrey Manuel de Amat definió los territorios que abarca Pachacámac.

Este documento, que fue presentado en un instrumento público, es apócrifo e inexacto. Así lo ha sostenido el propio Tribunal Constitucional en una acción de determinación de límites distritales entre Pachacámac y Lurín. La sentencia señala que el virrey Amat arribó al Virreinato del Perú en el año 1760, por lo que en 1746 no hubiera podido suscribir el título ancestral de esa comunidad. Esta cédula es usada, precisamente, por la Comunidad Campesina de Pachacámac, constituida recién en el año 2002, para declararse propietaria de las tierras.

La misma creación de esta comunidad campesina tiene irregularidades. En 1946, mediante Resolución Suprema, el Estado peruano reconoció su existencia legal. Sin embargo, en 1949, otra norma similar declaró que, debido a que solo se acreditaba la existencia de cuatro comuneros, no se podía considerar su existencia para fines prácticos y la declaró inexistente.

En el año 2002, Cuya Martínez convocó a todos los miembros de su familia y conformó la nueva Comunidad Campesina de Pachacámac, indicando como sede la dirección de su domicilio en el jirón Comercio 125, distrito de Pachacámac.

Se entiende perfectamente de dónde viene la ayuda y cuáles son las motivaciones cuando se revisa la escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2005, otorgada ante el notario Landi Grillo, por la Comunidad Campesina de Pachacámac, en la que se advierte de una “donación de tierras” a favor del empresario educativo Jorge Pazos Holder en “agradecimiento por su ayuda en solventar los gastos del saneamiento físico legal de las tierras comunales”.

En base a esta escritura es que el cuestionado empresario educativo ahora hace de las suyas y pretende despojar de sus propiedades a decenas de humildes campesinos que viven en la zona por décadas, indican nuestras fuentes.

Quienes nunca podrán decir que son víctimas son los integrantes de la supuesta Comunidad Campesina de Pachacámac que se prestaron para la jugada. Ellos son cómplices de la artimaña montada, conforman una mafia de tráfico de terrenos y ya fueron denunciados por una serie de delitos.

El abogado de la comunidad, Carlos Francisco Castillo Figueroa, fue denunciado por numerosos delitos como asociación ilícita, usurpación agravada, extorsión y lavado de activos.

De acuerdo a las versiones de los afectados, Castillo Figueroa habría sido el autor intelectual y artífice de la maniobra que urdieron los demás implicados.

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