Diario La Pr
En espera de justicia
A pesar de no haber sido ratificados en sus cargos por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tres cuestionados magistrados de Huánuco acusados de dejar libres a los violadores de cuatro menores de edad y de estar acostumbrados a fallar a favor de narcotraficantes, continúan ejerciendo su labor como si nada hubiera sucedido y todo porque hasta la fecha este organismo constitucional no les notifica la decisión que adoptó el pasado 30 de noviembre.
Por tal razón y por las víctimas que gracias a sus indignantes fallos continúan sin encontrar justicia, los pobladores de esta región, junto a defensores de derechos humanos, exigen que cuanto antes el CNM notifique al presidente de la Corte Superior de Huánuco, Jorge Picón, y a los vocales Leoncio Vásquez Solís y Héctor Vergara para que no continúen administrando justicia de forma ilegítima en desmedro de los más indefensos.
Uno de los beneficiados por el cuestionable accionar de los vocales que llegaron al colmo de afirmar que actuaron por humanidad y compasión a favor de los imputados es Germán Ruiz Paragua, de 60 años, acusado de violar a una niña de 10 años y quien fue puesto en libertad por la Sala Única de Emergencia, conformada por los mencionados y que actuó en febrero del 2011 durante el receso judicial.
La madre de la menor, identificada con las iniciales E.D.R., para no exponer la identidad de su menor hija pero identificada con DNI 4395701, los acusó ante la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (Odicma) de Huánuco por haber actuado de forma parcializada para favorecer al acusado, al que le dieron comparecencia restringida, a través de la resolución N° 05 del 27 de febrero del pasado año.
La denuncia da cuenta que los abogados de la menor no fueron notificados para las diligencias y se validó la incorporación de escritos del acusado que no corresponden al proceso.
Asimismo, hubo una incorrecta numeración de los folios del expediente y no se incluyeron los escritos de los abogados defensores en el cuaderno incidental del proceso.
OTRAS denunciaS
Germán Ruiz Paragua también está denunciado por dos casos más de violación sexual, en agravio de dos hermanitas de 10 y 9 años, y un caso de tocamiento indebido a una niña de 7 años. Estos execrables actos habrían sucedido en su domicilio de la Urbanización Santa Serafina-Carrizales, del Asentamiento Humano Cabrito Pampa, en Huánuco, hasta donde conducía con engaños a sus víctimas para luego ultrajarlas, según la acusación.
El caso, que ha conmocionado a la población de Huánuco, comprometería también a Germán Ruiz Barrera, hijo de Ruiz Paragua, de 30 años. Ambos se encuentran en la etapa de investigación fiscal, que dirige la 5ª Fiscalía Provincial Penal de Huánuco.
NO HABIDOS
El abogado Iván Landaveri, representante del Área Legal de la Asociación Paz y Esperanza que patrocina a las víctimas, algunas de las cuales permanecen en los albergues que posee esta institución en la ciudad, cuestionó la demora del CNM en notificar su no ratificación a los vocales que dejaron libres a padre e hijo sindicados como violadores por sus víctimas.
El letrado afirmó a LA PRIMERA desde Huánuco que, debido a la “bondad” expresada por los magistrados, los dos acusados se encuentran prófugos, mientras sus víctimas no pueden despertar de la horrible pesadilla en que se ha convertido sus vidas.
Landaveri sostuvo que los huanuqueños por situaciones como esta han perdido todo respeto hacia el Poder Judicial y enfatizó que no es posible que los tres vocales a pesar de estar ilegitimados continúen administrando justicia.
En este mismo sentido, se pronunció el ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de derechos humanos, Ronald Gamarra, quien también apoya legalmente a las víctimas, junto a Save The Children Perú.
Como defensor de los derechos humanos, exhortó a los miembros del organismo constitucional a formalizar lo más pronto posible la situación de los magistrados.
El también exprocurador anticorrupción admitió con preocupación que la ley no establece un plazo al CNM para que notifique a los vocales sobre su no ratificación, lo que significa que los tres podrán continuar ejerciendo sus cargos todo el tiempo que lleve la formalización de este trámite.
En tanto, los huanuqueños continúan expresando su malestar por esta situación como bien lo pudo constatar Gamarra en su reciente viaje a esa región.
Sin embargo, no descartó la posibilidad que los magistrados cuestionados busquen una reconsideración por parte del CNM una vez que sean notificados de su no ratificación, pero al mismo tiempo expresó su seguridad que este organismo no dará marcha atrás.
QUEJA
Teresa Carpio directora de Save The Children- Perú refirió a LA PRIMERA que junto a Paz y Esperanza y con el apoyo del doctor Ronald Gamarra, decidieron presentar una queja contra los vocales porque éstos liberaron a los supuestos violadores a pesar de que había pruebas suficientemente claras contra ellos.
“Sin embargo los vocales los liberan bajo argumentos que no nos parecen absolutamente idóneos; sucede que los magistrados no están en capacidad de tratar temas de violencia sexual a niñas y niños porque les han exigido a los menores que precisen una serie de datos que no podían dar, pese a lo cual sí reconocieron a sus violadores”, explicó.
Detalló que los vocales no dieron importancia al reconocimiento que hizo la niña de 10 años de su violador, bajo el argumento de que la menor lo identificó como Germán Luis cuando es el Germán Ruíz. Por esta razón, adujeron que la pequeña no supo precisar el nombre de su victimario.
Carpio critica, además, que se le haya pedido dar algunos detalles que no supo dar con precisión por el maltrato sufrido.
“La Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de derechos humanos han decretado que en esos casos de violación sexual donde solamente están la mujer y el violador y no hay ningún testigo, debe darse prioridad a la declaración de la víctima y en este caso es una niña, entonces la prueba sicológica, las pruebas de los informes sicológicos, el informe médico y la declaración de la niña debieron ser una prioridad”, enfatizó.
Añade que, además, allí estaban los resultados de Medicina Legal que corroboran la defloración y que no fueron tomadas en cuenta.
DESCONOCIMIENTO Y CORRUPCIÓN
La representante de Save The Children opinó que en primer lugar, estos magistrados actuaron llevados por el desconocimiento del tema, pero no obstante aclara que las acusaciones de corrupción contra ellos están presentes constantemente en los medios y en la opinión pública de Huánuco.
Y ello debido que, además, los magistrados cuestionados han liberado a acusados de narcotráfico, además registran desbalance patrimonial, pero al mismo tiempo ha habido coincidencias, en el sentido que los acusados de violación han vendido propiedades en la misma época en que estaban por definirse sus sentencias. “No lo decimos nosotros, son las investigaciones locales”, acota.
Precisó que otro factor que pesa contra los vocales es el hecho de que no tomaron en cuenta que había otras acusaciones contra Germán Ruíz Paragua, quien apenas fue liberado se dio a la fuga.
NO HAY JUSTICIA
“Entonces tienes tú que los niños y las niñas están recibiendo el mensaje que en Huánuco no hay justicia porque los familiares de estos hombres viven muy cerca de estas niñas y de sus familiares, entonces las menores tienen que ser llevadas a lugares especiales donde a pesar de que las tratan muy bien, sienten que están recluidas en un lugar por haber sido ellas violadas, mientras que su violador está en las calles”, analiza.
JUECES TAMBIÉN VIOLENTOS
Carpio refiere que la Asociación Paz y Esperanza cuenta con algunos albergues que dan apoyo sicológica a las víctimas de violación sexual, en Huánuco, donde los índices son alarmantes, para que luego regresen a sus hogares, pero ha habido casos en que la familia que ha denunciado una violencia sexual contra su hija ha tenido que retirarse de su casa por la presión de los violadores.
“Lo que estamos viendo en el país es que estos jueces tienen una solidaridad, una identificación con el agresor porque es hombre; no están comprendiendo bien el tema de la violencia sexual y es muy probable que estos jueces, Policías y fiscales que no se solidarizan con las víctimas, sino con el agresores sean también personas violentas con sus parejas e hijos”, afirma.
Por tal razón, comenta que su institución capacita a jueces, Policías y fiscales en el mismo Huánuco, mientras que en ocho regiones del país trabajan en el fortalecimiento de sistemas de protección para identificar las rutas de mayor violencia, los cuellos de botella.
Además, manifiesta, que Save The Children apoya al Estado apoyando en el fortalecimiento de los sistemas descentralizados de protección para hacer posible que actúen de forma coordinada el sector salud, Educación, Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía.
Sostuvo que en este tema las defensorías municipales tienen un rol principal de protección contra la violencia sexual. “Por ejemplo lo primero que hacen los padres es llevar a su niña a un centro de salud y en este lugar tienen que saber que tienen que atender adecuadamente a los menores y deben saber que tienen que llamar a la Policía”, añade.
Carpio, además resalta que es necesario que el Ministerio Público sepa entender y comprender a los menores para lograr elaborar un expediente que les permita a los jueces sentenciar.
En este punto, manifestó que es necesaria la implementación de una entrevista única con la presencia de sicólogos y asistenta social para que los menores den una sola declaración.
“Un juez de Piura que en una entrevista radial le preguntan porqué no sentenció a favor de la víctima y dice: ‘es que la niña ha cambiado su versión mas de veinte veces’ y no le puedes pedir a una niña que sostenga una misma versión pasados los años”, subraya.
Vilma Escalante
Redacción
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