En la popular Hoja de Ruta, el presidente Humala se comprometió a dos cosas con relación al salario mínimo vital. Por un lado, aumentar el salario mínimo a 750 nuevos soles, y de otro, realizar “aumentos futuros de acuerdo con la evolución de la productividad y del costo de la canasta de consumo”. Precisamente, en esta segunda parte, en el reajuste periódico de los sueldos y salarios se encuentra la sustancia de este debate.

El organismo clave en la solución de este problema es el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), tanto por su naturaleza tripartita (Estado – trabajadores – empresarios), como por los acuerdos llegados sobre el tema en 2007, pero que lamentablemente no se han implementado hasta la fecha. Incluso hoy, para que el tema esté en agenda, falta que el Ministro de Trabajo, José Villena, convoque a una reunión en el marco del CNT y que junto a delegados de las otras dos partes acuerden retomar esta discusión y los alcances de la comisión tripartita creada en 2007 para el efecto.

Comisión tripartita
En efecto, en dicho año, el economista Julio Gamero, y el hoy viceministro de Trabajo, Pablo Checa, representando a los trabajadores, y de otro lado, Javier Dávila y Carlos González con los empresarios, entre otros técnicos que representaban al Estado en la comisión tripartita para ver el reajuste salarial, lograron ponerse de acuerdo en dos variables: inflación y productividad.

La suma de estos dos componentes serviría de base para el ajuste de la remuneración mínima vital (RMV), incluso se estableció una cláusula gatillo por la cual, si la inflación estimada por el Banco Central era sobrepasada, automáticamente se elevaba el salario en dicho porcentaje. En este punto, el que discrepó fue el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aduciendo dos conocidos argumentos frente al tema: aumento de la informalidad y del Desempleo.

Otro tema de divergencia fue el mecanismo adicional de compensación por tantos años en los que habiendo expansión económica, no hubo aumento salarial, en perjuicio de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. Los empresarios señalaron que un aumento extraordinario a modo de compensación era posible, si es que se hacía en medio de un acuerdo social impulsado por el gobierno, lo que nunca se produjo en la gestión aprista. En buena cuenta se trataba de establecer una relación entre los ingresos de las familias y la canasta de consumo.

Luego de que la inflación del 2008 superará el 6 por ciento, y habiendo un acuerdo entre trabajadores y empleadores, el gobierno de Alan García pasó por alto el reajuste salarial, y más bien permitió que los trabajadores accedan a una gran parte de su propia Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) para capear el temporal de la crisis financiera internacional, con lo que el fondo que sirve para ayudar a quien pierde su trabajo se vio mermado. Con ello se echó por la borda toda la discusión del CNT al respecto.

Aumento de 150 soles
La propuesta electoral de subir 150 soles al salario mínimo de 600 soles, fue concebida por el equipo que lideró Félix Jiménez cuando se elaboró el Plan de Gobierno de la Gran Transformación, y si bien tenía un espíritu compensatorio, a fin de recuperar la capacidad de consumo de la población en relación a la canasta básica familiar mensual, era el primer paso para tener una política salarial coherente con el nivel de crecimiento y con la promoción del mercado interno, estableciendo un mecanismo de reajuste remunerativo.

Los técnicos de la gran transformación consideraron que el salario mínimo de 600 soles (antes del aumento de 75 soles del gobierno nacionalista), apenas representaba la tercera parte en términos reales, de lo que se pagaba en 1974, es decir 1,929 soles (en soles de 1997), y que el incremento propuesto beneficiaría al 40 por ciento de la población ocupada del Perú, es decir, a 5 millones de trabajadores del sector privado, trabajadores del hogar y sector público bajo régimen privado.

Además, constataron que a partir del 2004, en plena expansión económica, fue que empezó un espiral de a mayor excedente generado (utilidades de las empresas), menor salario; hasta llegar a la actualidad en que por cada 62 soles de excedente, solo 21 van a sueldos.

El plan de la gran transformación señala en la página 62 que “el modelo exportador neoliberal opera con salarios reales reprimidos y sin derechos laborales. Esta manera de ganar competitividad internacional deja de lado los aumentos de la productividad asociados a la expansión de los mercados internos”, y por ello plantea en la página 107 que el salario mínimo se fije en instancias de diálogo y concertación social en función del costo de una Canasta Básica Individual y a la productividad laboral, y eso significa restablecerlo en la agenda del Consejo Nacional de Trabajo.

Cuando en enero de 2011, ya iniciada la campaña electoral, llegó el momento de las precisiones, se lanzó la propuesta de los 750 soles como salario mínimo, frente a los 850 de Toledo y los 700 de la Sra. Fujimori. Después de ganada LA PRIMERA vuelta, la propuesta de aumento pasó a la Hoja de Ruta junto con la propuesta de ajuste salarial periódico.

Lo que no pasó fueron los detalles de la propuesta que estaban contenidos en una ayuda memoria previa a la Hoja de Ruta, en la que elevar el 25 por ciento el salario mínimo (los 150 soles), era una medida urgente del gobierno apenas instalado, para ir generando dinámica y tender a alcanzar el promedio latinoamericano. Se decía que en el segundo año de gobierno nacionalista se equipararía el salario mínimo con la canasta familiar básica.

Del mismo modo, ese documento hablaba de retomar las propuestas de la Comisión Tripartita del CNT. Finalmente, se afirmaba la promoción de la negociación colectiva por rama, especialmente en los sectores laborales con mayor productividad a fin de facilitar todo tipo de mecanismos que tiendan a equilibrar la relación capital trabajo.

Varios salarios mínimos
En el Perú existen varios salarios mínimos. Tenemos por ejemplo el del régimen laboral agrario, que no incluye el 10 por ciento de la asignación familiar. También existe el salario mínimo para las micro y pequeñas empresas (mypes). Ambos salarios mínimos con menores costos anuales al del régimen general (D. Leg. 728).

Uno de los criterios para unificar estos distintos regímenes es considerar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), debido a que muchos expertos afirman que estamos viviendo un proceso de convergencia de precios en todo el país, y en muchos departamentos, el IPC está creciendo más que en Lima. El IPC junto con la estimación de la variación de la productividad, es lo que se tiene en mesa para retomar el diálogo respecto al reajuste salarial.

Sin embargo, hay quienes sostienen que se debe insistir en lo de la canasta de consumo, como sistema de fijación del salario mínimo, pero al mismo tiempo que haya varias remuneraciones mínimas de acuerdo a una clasificación territorial, en donde Lima y otras ciudades de ingresos altos, se diferencien en la RMV de distritos de tamaño intermedio, y distritos pequeños rurales.

Desempleo e informalidad
Frente al argumento de que aumentar el salario mínimo ocasiona Desempleo e informalidad (lo que no está demostrado); se debe tomar en cuenta la opinión de diversos analistas que señalan que las mypes no se formalizan por un tema de escaso excedente que no les permite afrontar todos los costos de la formalidad, y eso requiere una política sectorial, acceso a financiamiento barato y recursos en servicios de desarrollo empresarial e innovación, más que pensar en mantener sueldos bajos.

Según Julio Gamero, en los ciclos expansivos de la economía, como el que vivimos hace años en el Perú, el efecto demanda supera al de costos; por ello, las críticas no debieran ser que el empleo cae ante el aumento del salario mínimo, sino por qué se genera menos empleo del que pudo obtenerse.

Sea como fuere, el debate sobre reajuste salarial periódico en base a la inflación, la productividad y teniendo como referencia la canasta de consumo familiar, es central si se quiere hablar de inclusión social.


Carlos Alonso Bedoya
Redacción