El 16 de diciembre, un aviso en el diario “El Comercio”, con la firma de cuatro empresas. Sudamericana de Fibras S.A., Ajinomoto del Perú S.A., Zeta Gas Andino S.A., Productos de Acero Cassado S.A., denuncia “tráfico de tierras y obras irregulares” en las playas del ex fundo Oquendo. Hasta donde se sabe la zona de retiro de aguas del litoral (más o menos 200 metros) ha sido cercada ilegalmente por personas contratadas por una empresa que ha iniciado obras no autorizadas, en el frontis de algunas de las empresas denunciantes. No es exactamente una novedad, porque es lo que dicen varios informes de la Policía de seguridad del Estado del Callao sobre la violencia en la zona, y lo que ha sido reiteradamente denunciado por diversos medios en el Callao y Lima, entre ellos LA PRIMERA.

Hay tráfico y apropiación ilícita de terrenos, registros fraudulentos, autorizaciones irregulares, Policías corruptos que avalan el despojo, multitud de empresas de fachada ofreciendo lotes a los incautos, matones poniendo cercos en la propiedad de otros, administradoras que atienden en un quiosco las inscripciones de futuros compradores, personas con prontuario actuando como empresarios, etc. Todo esto en una zona de antigua vocación agrícola, incorporada al proceso de la reforma agraria en dos etapas: durante el gobierno militar cuando se distribuyó el 70% del ex fundo entre sus antiguos yanaconas, y en el primer gobierno de García cuando las 94 hectáreas en abandono fueron transferidas a campesinos sin tierras agrupados en la Asociación “José María Arguedas”.

¿Cómo fue entonces que a mediados de los años 90 reaparecen los descendientes de los antiguos titulares de la propiedad de Oquendo ofreciendo en venta lotes urbanos e industriales en terrenos que ya no eran de ellos? Este es el misterio al que hemos dedicado nuestras investigaciones, evitando quedarnos en la imagen del caos actual que nadie explica. Los Mujica, que nunca trabajaron la tierra, sí trabajaron a los jueces, fiscales y Policías, logrando lo que nadie ha conseguido, dejar sin efecto para la zona de Oquendo, la ley de reforma agraria. Y sobre la marcha se echaron a ofertar como lotes urbanos, predios que estaban ocupados por campesinos; cambiaron registros; impusieron el terror para forzar los desalojos. Y todo esto en la más absoluta impunidad. Claro, acostumbrados como han estado a que las denuncias caigan en saco roto, les ha enojado sobremanera que este diario haya hecho una reconstrucción completa del drama. Es por eso que nos amenazan. Pero al hacerlo se ponen en evidencia. Ya que hay que tener mucha imaginación para entender que junto con “Villas Oquendo” de Marisa Mujica y “Promotora Oquendo” de Maribel Mujica, mencionadas en anteriores informes, aparezcan ahora “Parques Oquendo” de María Victoria Mujica Grupo A&G de Anatolia Alarcón; “Comarca” de Aurelio Martínez; “Los Corales Soluciones Inmobiliarias” de Raida Vicente Lecca; “Promotora Ravelanz” de Alicia Romaní; “Inmobiliaria y Constructora López” de Jovino López”, que no se sabe de qué se quejan, pero firman emplazándonos a rectificarnos. Lo cierto es, sin embargo, que esta batería empresarial no es gratuita sino que responde al modus operandi de la familia, que consiste en usar unas personas jurídicas para reclamar la propiedad y registrarla, y otras denominaciones para la comercialización, entre ellas las que están detrás de la preventa de espacios para un cementerio no autorizado. Es obvio que lo que denuncian las cuatro empresas que avisaron en “El Comercio” son hechos que sólo pueden ocurrir en un contexto de crisis de autoridad y ley de la selva como el que hemos venido denunciando. Por lo dicho les respondemos a doña Marisa y doña Maribel que no hay motivos para que nos rectifiquemos. Más bien son ellas las que deberían corregir su conducta. Se lo agradecerá mucha gente.

Los argumentos de los Mujica
1. Que el decreto 041-90-AG, que asigna a reforma agraria los terrenos en abandono de Oquendo que habían quedado en reserva para los antiguos propietarios, no los adjudicó a la Asociación “José María Arguedas”, por lo que ésta no tendría derechos. Efectivamente el decreto lo que hace es iniciar el procedimiento de expropiación a favor de campesinos sin tierra, que concluye en otro decreto de 1991 que define el plano de afectación del ex fundo en su totalidad. Los campesinos que ya venían reclamando estas hectáreas por estar abandonadas, son finalmente empadronados a partir del 041, en su condición de agricultores no propietarios en posesión de la tierra, que es el estricto derecho generado por la reforma agraria.

2. Que en la ficha 43406 se independiza el lote y se inscribe a favor de la Dirección de Reforma Agraria y en ella no figuran los campesinos, en cambio sí están anotados los fallos sobre “exceso de poder”, y que nuestro diario no habría revisado esta ficha. Pero, lo que nosotros dijimos es otra cosa: que los campesinos tenían los documentos de adjudicación y la posesión de la tierra, que era su amparo. En Registros del Callao lo que figuraba era que la reforma agraria había expropiado el predio no para quedárselo sino para distribuirlo. Y lo que los Mujica lograron, contra el mandato expreso de la Corte Suprema es inscribir el fallo de “exceso de poder” para volver a declararse propietarios, no con fines agrícolas sino de venta inmediata para expansión urbana y locales industriales, sin respetar a los planes del municipio, que también fueron alterados.

3. Que la resolución del Tribunal Constitucional de 2007 no anula las resoluciones sobre “Exceso de poder” y únicamente admite a trámite una acción de amparo, y no genera derechos para “José María Arguedas”. Pero lo cierto es que el TC dictamina que los campesinos posesionarios tenían derecho a ser informados y escuchados; lo que no se hizo, lo que vicia todo el procedimiento porque ellos son los principales afectados. La admisión del amparo corresponde al concepto de que ellos son parte del proceso que era lo que habían negado los jueces. Entonces no es verdad que no les reconozca derechos, y menos que los Mujica podían seguir ignorándolos y despojándolos.

4. Que “en la actualidad más del 90% de los miembros de la referida Asociación nunca fueron campesinos… por lo que se debió investigar sus fines…”. En la actualidad, nunca fueron… escriben con espantoso castellano, los abogados de la familia oligárquica dedicada a la venta de terrenos. Pero lo que quieren expresar es que habiendo expulsado, durante quince años, a centenares de familias, no sólo de “José María Arguedas” sino a todos los ex yanaconas cuyos ancestros ocuparon las tierras por 60 ó 70 años, hoy quedan pocos que sigan siendo campesinos y muchos han vendido sus lotes a “precio huevo” para evitar quedarse con las manos vacías. A todos los han desalojado excediendo brutalmente el poder que les daba el fallo sobre “exceso de poder”. Eso es lo que confirman las investigaciones.

Modus operandi: denuncia de los afectados
La denuncia policial Nº 200, asentada en la comisaría de Sarita Colonia, en el Callao, señala que a las 12:30 p.m. del día 29 de junio hace su manifestación el señor Julio Muñoz Sánchez, que solicita una constatación de “posesión y usurpación de terreno de aproximadamente 3 hectáreas… registradas según unidades catastrales Nº 5867 y 5868, que han sido asignadas por el Ministerio de Agricultura según informe técnico Nro. 873-2001-AG-PETT/OPERLC/SF, ya que el día 26 junio 2009 han estado realizando trabajos de topografía y nivelación de terrenos en el área de su posesión siendo impedidos los trabajos por parte de un grupo de aproximadamente 7 sujetos quienes manifestaban que habían sido contratados por la señora Maribel del Rocío Mujica Pinilla y Manuel Mujica Diez Canseco, representantes de Promotora Oquendo…”.

Más adelante continúa: “…el día 27 de junio de 2009 a las 11 a.m. estábamos en el terreno esperando para continuar con los trabajos del día anterior… y cuando regresamos nos dimos con la sorpresa que en el mismo grupo de sujetos encabezados por el doctor Carlos Condorcahuana Roca, nos impidió continuar el trabajo y por el contrario este abogado amenazó a su poderdante Serapio Navarro Caballo, señalando que eso iba a terminar en una balacera si proseguíamos los trabajos…”.

En manos del jefe de Inspectoría de la Policía Nacional obra una denuncia contra el mayor PNP Ramiro Araujo Sánchez y cinco subalternos por los hechos producidos en junio del 2009, para despojar al señor Serapio Navarro Caballa de los terrenos que había ocupado por más de 30 años, 3 Has de las cuales estaban siendo cedidas en explotación comercial al empresario Víctor Huarancca que también resultó despojado: “…el mayor PNP Ramiro Araujo Sánchez, quien en primera constatación del 26 de junio de 2009 se identificó como “abogado” de la empresa Villas Oquendo y el 27 de junio acompañado de Carlos Condorcahuana que dijo ser de Promotora Oquendo reclamando supuestas propiedades… amedrentándonos y amenazándonos con balearnos, no sólo turbándonos en la posesión sino que el 29 de junio concretizaron el despojo de la posesión del inmueble descrito, violando la ley del régimen disciplinario de la PNP y el Código Penal…”.

Todos estos hechos están filmados por cuenta de los afectados y muestran una articulación de agentes violentistas que se hacen pasar por representantes de una y otra empresa, Policías que se disfrazan de abogados, abogados que lideran grupos de matones. Esto no lo está diciendo LA PRIMERA o su Unidad de Investigación, sino numerosas personas afectadas cuyo testimonio ha sido presentado en diversas oportunidades, muchas veces recogidos de denuncias que obran en poder de las autoridades administrativas, policiales y judiciales, pero que no han mostrado ser capaces de poner coto al abuso. Por nuestra parte tenemos la convicción de haber procedido de acuerdo con una actitud de principios y defendiendo la posición de los más débiles que exigen que también se escuche su voz.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación