Alerta en Inambari

Mientras decenas de dirigentes de la provincia de Carabaya en Puno se movilizaron a Lima para expresar su total rechazo a la construcción de la represa de Inambari en la llamada Marcha de los Pueblos del 12 de octubre pasado, el gerente general de EGASUR, Evandro Miguel, asegura que la empresa conseguirá, sí o sí, la licencia social necesaria para iniciar las obras de la represa en el próximo verano.

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Sin duda, la construcción de la Central Hidroeléctrica de Inambari, que supone una inversión de más de 4 mil millones de dólares -y que a todas luces se vende con la imagen de progreso, pero entraña impactos sociales, ambientales, culturales y económicos de grandes magnitudes-, seguirá generando polémica y conflictos, no sólo en círculos académicos, ambientalistas, ecologistas y técnicos, sino principalmente entre las comunidades y pueblos que tendrán que ser desplazados.

Centros de salud, escuelas, casas, campos de cultivo, frutales y una buena parte de la carretera Interoceánica Sur que une Puno y Madre de Dios (y que recién se está terminando de construir) junto a expresiones culturales y formas de vida serán inundados por un embalse de más de 20 mil hectáreas, como parte del proyecto de LA PRIMERA mega represa que se construirá en la Amazonía peruana fruto del Acuerdo Energético entre Perú y Brasil.

Es que luego de los entendimientos entre los gobiernos de Lula y García, el Perú exportará energía eléctrica a nuestro gigante vecino hasta por 7200 Megavatios (MW). Y si Inambari tendrá una capacidad de generación de 2200 MW, necesitaremos muchas más represas como esas, ya no solo para garantizar la energía de nuestros pueblos, sino centralmente para abastecer a las industrias extractivas y de producción de fertilizantes del Brasil. Es decir que, además de velar por nuestra seguridad energética, tendremos que ocuparnos de la seguridad energética Brasileña.

Hasta hoy seguimos sin entender cuál es el beneficio real para nuestro país que tendrá que deforestar y contaminar el tesoro amazónico que posee, a cambio de un canon hidroeléctrico que no compensa para nada el daño ambiental y social. Es evidente que aparte de la empresa constructora, los otros beneficiados serán los industriales Brasileños que obtendrán energía barata para su producción. Lo que pasa es que el Brasil de estos días está dispuesto a comerse a sus vecinos con tal de garantizar su crecimiento y hegemonía continental.

Para hacernos una idea del pésimo negocio que estamos haciendo, basta recordar que la Central Hidroeléctrica más grande que existe en el Perú es la del Mantaro que produce 1000 MW; que tenemos un gran potencial para la construcción de pequeñas hidroeléctricas de caída (que no requieren inundar pueblos); y que en la parte de Puno que será inundada queda pendiente la construcción de dos pequeñas hidroeléctricas que junto a la que ya opera podrían garantizar la energía de la zona sin ocasionar mayores impactos, pero que se han dejado de lado por este mega negocio.

De igual modo, el Perú tiene un potencial de energía limpia de casi 6 veces los 9 mil MW de demanda interna proyectada al 2009. Tenemos 22 mil MW para extraer de hidroeléctricas de caída en la sierra peruana; otros 22 mil MW en la costa de fuente eólica; y 10 mil más de fuente termo solar.

Sin embargo, al firmar el Acuerdo Energético con Brasil el 16 de junio de este año, estamos prefiriendo inundar miles de kilómetros cuadrados de selva amazónica, desplazar a miles de personas desarraigándolas, deforestar millones de hectáreas por represas, centrales, líneas de transmisión, carreteras y migración de nuevos colonos, emitir gases de efecto invernadero (metano) y perder biodiversidad. ¿Y todo esto a cambio de qué? De un desarrollo que alcanza a pocos y se pierde entre grandes cifras macroeconómicas.

Últimas ocurrencias
El 7 de octubre, Egasur, consorcio integrado por tres empresas Brasileñas, dos estatales (OAS y Electrobras) y una privada (Furnas), presentó al Ministerio de energía y Minas (MEM), el Estudio de Factibilidad de la “Central Hidroeléctrica Inambari”, con lo cual dio por cumplida su obligación antes de que se venza el plazo de su concesión temporal.

Sin embargo y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, dicho Estudio de Factibilidad comprende el Estudio de Impacto Ambiental, que en su capítulo social requiere obligatoriamente que la empresa interesada desarrolle talleres informativos con la población, los mismos que nunca pudieron realizarse porque las comunidades puneñas se opusieron, e incluso realizaron hasta dos paros regionales.

Sin este requisito es imposible que esté listo el Estudio de Impacto Ambiental y con ello inviable la concesión definitiva para que Egasur inicie las operaciones de construcción y empiece el desalojo de miles de pobladores.

El propio Egasur solicitó durante el primer semestre de este año la ampliación de la concesión temporal que tenía desde el 2008 y que vencía en junio, debido precisamente a que no pudo realizar los talleres. El MEM por su parte aceptó la solicitud renovando la concesión temporal hasta el 7 de octubre.

Ambigüedades
Sin embargo, hasta la fecha el MEM no se pronuncia sobre la no realización de los famosos talleres y se ha limitado a decir en su comunicado del 14 de octubre que “a la fecha la concesión temporal otorgada ha concluido y tal como lo establecen las leyes aplicables, la indicada empresa (Egasur) no cuenta con ningún derecho o autorización para continuar con la fase de construcción del proyecto”.

Pero Egasur puede presentar tranquilamente la solicitud de concesión definitiva siempre y cuando el Ministerio apruebe su Estudio de Impacto Ambiental. Esto es lo que debe responder el ministro Pedro Sánchez, y precisamente es lo que no dice.

En la reunión del 12 de octubre entre el ministro, los congresistas por Puno y los representantes del Comité de Lucha de los intereses del río Inambari (Puno), quedó registrado en el acta que todos los presentes expresaban su sorpresa ante el comunicado que ese mismo día había publicado Egasur, en donde afirmaba que viene cumpliendo con el proceso de participación ciudadana.

Por su parte, la presidenta del Comité de Lucha, Olga Cutipa, acompañada de otros dirigentes de la zona informaron a LA PRIMERA que están completamente en contra de este proyecto y que no creen en las promesas que Egasur reparte, pues cuando ella le preguntó al mismo gerente general sobre el lugar donde serían reubicados, éste le respondió que en la zona de Nujununta, a lo que la dirigenta replicó que esa zona también iba a ser inundada. Según Olga Cutipa, no hay una propuesta seria de traslado de los pobladores.

Razonable desconfianza
Es que ya hace unos años cuando empezó la construcción de la carretera Interoceánica Sur, Intersur, la empresa constructora, ofreció pagar una compensación a los campesinos de San Gabán que tendrían que desalojar sus viviendas y frutales para dar espacio a las obras. Y con la esperanza de tener una vía de comunicación que permita sacar sus productos a Juliaca y otras zonas, incluso exportar, aceptaron. Sin embargo, son muy pocos los que han cobrado esa compensación y encima ahora tendrán que reubicarse nuevamente pues todo ese territorio, incluyendo la reciente carretera, será inundado.

En declaraciones a LA PRIMERA, los dirigentes de San Gabán, expresaron su malestar y tristeza al ver que serán desalojados y especialmente privados de la tierra en la que nacieron sus padres, abuelos y todos sus ancestros. Además, desde el punto de vista económico, algo que no se contabiliza es las enormes pérdidas en la dinámica comercial que van a destruir. Según César Quispe, defensor de derechos humanos en San Gabán, un camión de Piña que cuesta 3500 soles en la zona, se vende, gracias a la carretera, en 7000 soles en Juliaca. Es decir, estamos hablando de campesinos prósperos que van a ser convertidos en pobres de un solo porrazo.

Los dirigentes se preguntan ¿Por qué más bien no terminan las pequeñas hidroeléctricas 1 y 3 de San Gabán que no desplazan a nadie, ni requieren de grandes embalses para dar energía a la zona? ¿Por qué preferir exportar electricidad a Brasil en lugar de realizar inversión productiva para beneficio de los pobladores? ¿Por qué no se piensa en los peruanos?

Las cartas están echadas. Egasur insiste en que ha cumplido con todo y está listo para empezar a construir a inicios del 2011. El Ministerio de energía y Minas pasea a los dirigentes y congresistas, y se hace al que no sabe nada. Y ya sabemos todos como termina eso. A lo mejor entre Navidad y Año Nuevo, cuando todo mundo está distraído, de pronto se otorga la concesión definitiva y empieza un conflicto social de gran magnitud. Lo único que queda claro es que luego de sumas y restas, Inambari no paga.

Carlos Bedoya
Redacción

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Tags: egasur, energia, construccion, concesion, zona, inambari, estudio, empresa, parte, dirigentes,

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