La suerte está echada para el congresista José Oriol Anaya, cuyo desafuero parece inminente, a juzgar por las pruebas que pesan en su contra y porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del
Congreso no tiene que establecer su culpabilidad, sino hallar indicios razonables de que cometió delito, los que estarían respaldados por los comprobantes de pago adulterados que el mismo Anaya entregó al
Congreso para justificar irregularmente sus gastos operativos.
Según se supo, poco antes de que usara boletas de venta adulteradas para justificar viáticos, el cuestionado parlamentario de las filas de Unión por el
Perú había presentado un proyecto de ley para pedir que se restituya la pena de muerte para los corruptos. De haber sido posible la aprobación de esa ley, él hubiera sido uno de los primeros en pasar por el paredón.
Sin bien no existe la posibilidad de que Anaya sea ejecutado, es seguro que muy pronto tendrá que responder ante el
ministerio Público, pues para el congresista Carlos Bruce –encargado de las investigaciones preliminares– no se trata de un caso complicado; por el contrario, estima que, de no mediar inconvenientes, el trámite para llegar hasta el pleno y que éste decida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista, no debería demorar más de 20 días.
Y aunque Bruce se excusó de dar más alcances sobre las investigaciones, para no adelantar opinión, explicó que el caso amerita ser muy riguroso en el cumplimiento de los plazos legales, para no violar el debido proceso.
Las andanzas de este “padre de la Patria” tienen antecedentes en la provincia de Sihuas, donde en 2006, después de haberse presentado como candidato de UPP al
Congreso y de haber sido electo, tuvo que afrontar una
denuncia por falsificar actas electorales para obtener más votos de los que el pueblo le otorgó.
A ello se suma una serie de acusaciones de las que hasta hace poco Anaya había sabido librarse, para lo cual siempre cuidó de mantener incólumes sus vínculos con el gobierno aprista a través de sus paisanos, el ministro de
energía y Minas, Juan Valdivia, y la congresista aprista Helvezia Balta.
Del cuestionado congresista Anaya, en Áncash, se afirma que habría movido sus influencias en las altas esferas del gobierno para la contratación de sus hijos en la administración pública, de lo cual –aseguran sus paisanos– hay indicios desde 2006. Recuerdan que su hijo empezó trabajando como ingeniero residente en una obra que ejecutaba el gobierno central en la región Áncash para luego pasar a ser parte del staff de ingenieros sanitarios –pese a ser ingeniero civil– del proyecto “Agua para Todos”, que entonces dirigía el polémico aprista Carlos Arana.
Ya en 2007 y después de haber cumplido con votar disciplinadamente por todas las iniciativas de la bancada aprista en el
Congreso, se le presentó la oportunidad de ayudar a fortalecer más aún su alianza con el partido de gobierno, pues en su calidad de secretario general de UPP, región Áncash, firmó un documento sin autorización del comité del partido, acreditando que María Cristina Casana no pertenecía a las filas de UPP, para posibilitar su inscripción como candidata a regidora del municipio de Nuevo Chimbote.
Con ese documento, la candidata pudo ser elegida regidora en la lista del candidato aprista de Nuevo Chimbote. Sin embargo, los demás dirigentes regionales de UPP desmintieron a Anaya y lo
denunciaron por falsedad genérica. Este juicio sigue abierto aún en Chimbote, pero está paralizado gracias a la inmunidad parlamentaria del aún congresista, a quien parece que más temprano que tarde le caerá la noche.
Para el representante de la zona sierra del Comité Anticorrupción de Áncash, Carlos Domínguez, no cabe duda que el congresista Anaya ha cometido delito de peculado por cuanto se apropió del dinero del Estado, al pedir al
Congreso la devolución del costo del pasaje a Roma que había pagado la Liga Parlamentaria Peruano Europea.
“Es más, la gerencia de Tesorería del
Congreso le devuelve la boleta falsificada y le pide que emita un memorando (ver foto) para la devolución del dinero. El congresista, sin ningún descaro, lo emite y recibe el reembolso”, afirma indignado Carlos Domínguez, quien además reclama que el
Congreso tiene que solicitar que se prohíba a Anaya salir del país, “porque tenemos información de que quiere fugarse del país ante la inminente acusación constitucional que se le viene”.
Así las cosas, el Frente de Defensa de Áncash y todas las instituciones que lo integran coincidieron en pronunciarse por el inmediato desafuero del congresista y repudiaron su comportamiento. Asimismo, en su tierra, la provincia de Aija, ha sido declarado persona no grata y hasta comentan que Anaya no debe volver nunca más por allá por haber traicionado la confianza del pueblo que lo eligió para que lo represente y que ahora lo avergüenza.
El caso de los trabajadores fantasmasEl programa dominical Cuarto Poder lanzó hace un año una
denuncia contra el congresista José Anaya, por tener laborando gente que no pertenecía a su staff, que no asistía al
Congreso, pero que sí cobraba puntualmente. Según la
denuncia, los empleados tampoco recibían el sueldo, sino que sólo estaban ahí para poder tener derecho a
seguridad social a través de Es
salud. A cambio de ese “favor” los empleados fantasmas deberían entregar sus salarios al congresista.
La reveladora
denuncia dejaba ver que los supuestos trabajadores del despacho de Anaya eran personas muy cercanas a su asesor principal, José Venegas, personaje clave en la historia de corrupción, pues ejecutaba todas las órdenes de Anaya y era quien tenía las tarjetas de las cuentas en las que el
Congreso abonaba los haberes de los supuestos trabajadores. La
denuncia contemplaba, además, el delito de nepotismo por cuanto la pareja del asesor Venegas, Silvia Sandoval, laboraba también en el despacho congresal. Cuando el
Congreso decide abrir la investigación y mandar a la Comisión de Ética al congresista Anaya sólo lo hacen por la supuesta comisión del delito de nepotismo y dejan de lado el tema de la contratación de empleados fantasmas, delito por el cual ya habían sido desaforados otros dos legisladores. Gracias a esta maniobra, el delito de nepotismo no prosperó y el congresista fue absuelto.
