Concluyó cumbre en
Lima. Tocaron problema de gobiernos que no hacen respetar los derechos de las minorías, ni las tierras, por venderlas a extranjeros. Cualquier similitud no es coincidencia.
El
Perú, al igual que otros países de
América latina y el
Caribe, tiene uno de los índices de inequidad más altos del mundo. Es decir, los ingresos, recursos y oportunidades se concentran de forma desproporcionada en un segmento de la población. Y las más afectadas son las etnias indígenas y poblaciones rurales. El común denominador es que cuentan con un Gobierno que no distribuye (o no sabe distribuir) los ingresos y riquezas del país hacia la población más humilde. Y el efecto es el atropello de los derechos de los más pobres, en temas como
Educación,
salud, alimentación y vivienda. Estos fueron algunos puntos de la Cumbre de Mujeres Indígenas que concluyó ayer en
Lima y congregó lideresas de diversos países, exponiendo problemáticas que tienen coincidencias… demasiadas coincidencias.
La represión social por parte del gobierno hacia las manifestaciones de la población tampoco es ajena a esta realidad. Y un último ingrediente es la privatización de los recursos naturales o mineros para entregárselo a las transnacionales. Los problemas
peruanos se vieron plasmados y tratados con estas visitantes que no dudaron en exponer a
LA PRIMERA sus opiniones sobre los males que aquejan a países hermanos.
“En
Colombia, al igual que en el
Perú, el panorama es parecido. Un gobierno que busca privatizar los recursos naturales para entregárselo a las trasnacionales. Y si alguien se opone, se utiliza la represión para callarlos”, según dice Ayda Quilcue, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Departamento
Colombiano del Cauca quien acusó al presidente Alvaro Uribe de implementar un régimen de “terror y exterminio” con la finalidad de desaparecer alrededor de dos millones de indígenas.
Enfatizó que las políticas de Estado buscan quitarles sus tierras de cultivo para posteriormente entregárselas a las trasnacionales. “Con el pretexto de la militarización en contra de las FARC, el Gobierno quiere desarrollar su política de exterminio y privatización de nuestros recursos naturales para dárselos a las grandes empresas”, acusó la líder nativa.
Recalcó que, en los últimos meses, los principales dirigentes indígenas -en la mayoría del departamento del Cauca- fueron víctimas de persecuciones y atentados por “matones” contratados por el Gobierno. “Quieren callarnos, desaparecernos porque somos una de las últimas comunidades civiles que le hemos hecho frente a los abusos del régimen”. Agregó, que “intencionalmente” el gobierno
Colombiano los acusa de apoyar a las FARC para, de esta manera, amedrentarlos.
Opinión panameña
De otro lado, Casilda Castrillón, cacique de la comarca panameña de Ngube, recalcó que los accesos a
Educación para los indígenas son limitados. Acusó al gobierno del Presidente de Panamá, Martín Torrijos, de intentar apoderarse de terrenos que les pertenecen mediante la promulgación de una ley. “Quiere apoderarse de todos los terrenos que se ubiquen en toda la costa”, acotó.
Vilma Sanchez, Comisionada presidencial contra la discriminación y el racismo de Guatemala asegura que -en su país- se han realizado avances referentes al tema de la marginación hacía los indígenas y que se han creado instituciones públicas que abordan la temática de los derechos de los pueblos indígenas. “Una investigación multidisciplinaria revela que el racismo y discriminación tiene un costo económico, el cual alcanza los 600 mil 600 millones de quetzales al año”, indica Sánchez.
La voz nacional. Para Olinda Cruz; Consejera Regional de Pasco, en el
Perú, los principales problemas que atraviesan las mujeres y los pueblos indígenas es el olvido de las autoridades gubernamentales, ya que pese a los esfuerzos que realiza, los gobiernos regionales para participar en los problemas de los indígenas, la ley no le permite intervenir activamente. Asimismo, revela que muchas comunidades peruanas temen perder sus tierras por la explotación de mineras y petroleras, las cuales amenazan con apropiarse de áreas donde los indígenas viven desde hace cientos de años. Denunció que el Estado en lugar de proteger a las comunidades indígenas, protege a las empresas transnacionales, por lo que deben coordinar apoyo con organizaciones internacionales.
“Primer paso debe venir del pueblo”
La Presidenta de la Asamblea Constituyente de
Bolivia, Silvia Lazarte, recalcó que el primer paso para hacer respetar los derechos de la población indígena debe venir desde el propio poblador. “Debemos aprender a valorarnos nosotros mismos, ya que muchas veces al Gobierno no le interesa nuestra problemática”. Recalcó que ella ha vivido en carne propia la amargura de ser discriminada por ser mujer y campesina.
"Provengo de una familia muy pobre, por lo que no tuve el apoyo económico para proseguir estudios. Muchos me preguntan si soy profesional para conducir la Asamblea Constituyente y yo respondo con orgullo que no, porque fui marginada y porque en mi infancia mi padre me dijo que como mujer e hija mayor debía dar oportunidad a mis hermanos", enfatizó Silvia Lazarte.
Pide referéndum
Recalcó que los hostigamientos y amenazas que recibe, también se deben a que ella es una de las principales propulsoras del referéndum revocatorio de tierras que busca repartir de manera equitativa las tierras. “Existen terratenientes en Santa Cruz que poseen hasta 100 mil hectáreas de terrenos, mientras otros pobladores con los mismos derechos apenas alcanzan 5 o 10 hectáreas”. La consulta popular además busca la aprobación de la nueva Constitución Política
Boliviana, que busca nacionalizar los recursos naturales del país.
Wilder Mayo Méndez
Redacción
