Diario La Pr
Un debate inevitable
Informe del Ministerio de energía y Minas supone que acuerdo energético firmado con Brasil en junio del 2010, para exportar energía eléctrica al gigante sudamericano debe pasar al Congreso para su aprobación. Son varios los cambios en el ordenamiento jurídico nacional que traería la aplicación de este pacto y eso requiere su debate en el Legislativo.
El acuerdo energético con Brasil tendrá que pasar por el Congreso sí o sÑ
A pesar de la resistencia inicial del gobierno para que el convenio energético, por el cual el Perú se obliga a exportar energía eléctrica a Brasil por cincuenta años, pase por un debate en el Congreso, los técnicos del Ministerio de energía y Minas han concluido, en un informe recientemente conocido, que este acuerdo va a modificar de todas maneras el marco jurídico nacional y con ello, se cae en la figura contemplada por el artículo 56 de la Constitución peruana, que dice que deben ser aprobados por el Poder Legislativo, antes de su ratificación, los tratados que “exigen modificación o derogación de alguna ley o los que requieren medidas legislativas para su ejecución”. Lo que pasa es que no hay nada en el marco actual que permita que se exporte energía eléctrica.
Organizaciones de la sociedad civil como la ONG “DAR” y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que han venido defendiendo esta posición desde el inicio, exigiendo un debate nacional, no sólo por cuestiones de procedimiento, sino por lo que implica un acuerdo de esta naturaleza en términos de gobernabilidad y seguridad energética, y preservación de los recursos naturales.
Esas instituciones han expresado a la opinión pública que este acuerdo debe tomar en cuenta las obligaciones del estado peruano en materia de Cambio Climático y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas de interés nacional que parecen jugarse a los dados con el cuento de una alianza con la potencia sudamericana, sin importar los costos sociales y ambientales que se asumirán.
El informe
Según el informe legal 029/2010 expedido por el Ministerio de energía y Minas (MINEM), el artículo 8 del acuerdo energético, que hace mención expresa al compromiso del Estado de exportar energía al Brasil, lo que no va a cumplir de manera directa, sino a través de los generadores que sean titulares de determinadas centrales de generación, es decir que contempla la razón de ser del acuerdo; implica que “el estado peruano se obliga frente al Estado Brasilero a introducir en su marco jurídico la planificación para determinar las necesidades de abastecimiento futuro e implementar las licitaciones que aseguren la construcción de la infraestructura necesaria”, para además de asegurar el abastecimiento de energía al Perú, asegurarle el abastecimiento al Brasil.
Y ésta es la madre del cordero. Esto es lo polémico, pues no se entiende cuál es el negocio para los peruanos, al garantizar la seguridad energética de Brasil a costa de la destrucción de la selva peruana, donde se proyecta construir las grandes generadoras de electricidad que tanta polémica han generado, como es el caso de Inambari, en Madre de Dios, Puno y Cusco, o Paquitzapango, en la selva de Junín.
Pero ahora que está claro en el informe del MINEM que sí habrá modificaciones legislativas, el debate nacional que ya tomó forma a partir de las movilizaciones de las poblaciones de la provincia de Carabaya, en Puno, que se oponen a la construcción de la Central de Inambari y el gran embalse de agua que requiere; va a tomar una nueva dimensión y se va a poner sobre la mesa los enormes riesgos que trae consigo este acuerdo energético.
César Gamboa, abogado de “DAR” que sigue de cerca el desarrollo de este negocio energético, afirma que “es preocupante que no haya claridad sobre el balance de la oferta-demanda de electricidad en el largo plazo y sobre el potencial hidroeléctrico nacional, teniendo en cuenta que es necesario desarrollar alternativas sostenibles a los proyectos hidroeléctricos ofrecidos al Brasil, que se ubicarían en una zona altamente vulnerable como la Amazonía peruana”.
Alerta en Inambari
No obstante que el Ministerio de energía y Minas ha señalado que no hay ningún tema pendiente con el consorcio Brasileño EGASUR, al haberse vencido su concesión temporal. Todos sabemos que los representantes de esta transnacional están haciendo todo lo necesario para poder hacerse de la concesión definitiva, así no tengan la licencia social.
En medio de esta lucha por realizar este megaproyecto, a todas luces lesivo para la soberanía y los recursos naturales del Perú, se ha llegado a promover un proyecto de ley para que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no sea un requisito indispensable para empezar las obras.
Y es en el propio documento preliminar de evaluación ambiental hecho por EGASUR, que da cuenta de los impactos que amenazan transformar la confluencia de los ríos Araza e Inambari, donde se ubicaría el proyecto y que abarca más de 35 mil hectáreas.
Lo primero que se modificará es el régimen hídrico de fluvial a lacustre. Donde antes había un río ahora habrá un lago. Este estudio señala con claridad que el proyecto representaría un “cambio significativo en las condiciones actuales del lugar, principalmente por el reasentamiento poblacional que generaría”. Del lado ambiental, se señala con claridad que “la construcción de la central hidroeléctrica, contaminará las aguas con plomo y mercurio”, deforestará 40 mil hectáreas de bosque, el ruido ambiental pasará los límites máximos y la constante remoción del lecho de los ríos alterará las condiciones naturales del ambiente.
El estudio habla de la alteración drástica del ecosistema acuático y terrestre, generando la pérdida de hábitats.
Del lado social, el informe habla de la afectación directa para una población de 4,370 habitantes, y de manera indirecta de 136,000 personas. Se inundará también dos tramos de la reciente carretera interoceánica.
Es por todo ello que las poblaciones puneñas siguen organizándose y alertas para iniciar nuevamente una movilización social. Con la buena nueva de que hay un documento en firme del MINEM que afirma que el acuerdo supone cambios legislativos, se abre una oportunidad para discutir en serio en qué nos estamos metiendo.
Carlos Bedoya
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Tags: energia, acuerdo, nacional, brasil, ambiental, informe, energetico, estado, ministerio, minas,
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