Para Remy, el gran capital ha entrado a cambiar territorios de todas las regiones del país, por lo que el gobierno debe servir de filtro entre el capital y las comunidades afectadas. “Lamentablemente, en el gobierno hay una sola voz, un solo modelo, una sola idea, y todo lo demás sale sobrando”, sostuvo.
Después de la derogación del decreto 1090 por parte del Ejecutivo, tras las protestas de las comunidades nativas selváticas, expertos coincidieron en que las normas sobre medio ambiente son muy claras, y debe ser prioridad del gobierno hacerlas cumplir, y no tratar de modificarlas mediante decretos, al margen de cualquier negociación para un acuerdo comercial.
En ese sentido, para el ambientalista Alberto Barandiarán, tras esta derogatoria no es imperativo una nueva Ley Forestal para cumplir con el TLC, sino, sólo realizar algunas modificaciones a la norma que regulaba la flora y fauna antes de la promulgación del paquete legislativo por parte del Ejecutivo.
“La Constitución establece que los recursos naturales no pueden ser entregados en concesión y que las tierras forestales son un recurso natural a diferencia de las tierras agrarias. Eso está claro, por lo que ahora se requieren compromisos para combatir la tala ilegal”, sostuvo.
Al respecto, la socióloga María Isabel Remy, señaló que urge que el gobierno tome conciencia de la importancia del factor recursos naturales en el modelo de desarrollo que priorizan los TLC, ya que los acuerdos comerciales, con la venia del Estado, amplían las bases de inversión privada, otorgando garantías para la inversión de largo plazo y flexibilidades en el tema ambiental.
“No sólo se abre a la inversión privada espacios que habían sido del Estado, sino espacios ocupados por sociedades. Hay un intento de reconvertir territorios ocupados por sociedades campesinas, nativos y pesca artesanal en espacios de concentración de capital”, dijo la analista, quien resaltó la importancia que exista una comunicacion fluida entre estas sociedades y el Estado, y asi evitar conflictos.
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