Produce contra el PJ

“Red de corrupción judicial”, “mercado negro de cuotas pesqueras”, “atentado contra la sostenibilidad de los recursos marinos”, son algunas de las más sonoras afirmaciones con las que el ministro de Producción, Jorge Villasante, ha ingresado a la noticia en los últimos días.

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Según dice, su despacho ha descubierto que 61 barcos han logrado medidas cautelares irregulares para poder pescar y han realizado capturas hasta por veinte millones de dólares. De inmediato, la Sociedad Nacional de Pesquería ha salido a respaldar al ministro. ¿Cuál es la verdad de todo esto?

Si los jueces que tramitan una acción de amparo, mediante la cual una persona natural o empresa reclama un derecho que considera que está siendo afectado por decisiones administrativas, son por definición corruptos, como dice el ministro Villasante y secunda la Sociedad Nacional de Pesquería, entonces habría que volver la historia casi veinte años y mandar a la cárcel a centenares de magistrados que aprobaron muchísimas medidas cautelares de las que se valieron las empresas de la SNP, para construir su actual cuota pesquera con la que controlan alrededor del 80% de las capturas y están apuntando al 100%.

Tenemos a la vista 13 resoluciones judiciales de la empresa Tecnológica de Alimentos TASA, del grupo Brescia, entre los años 2003 y 2006, con las que lograron reconocerse licencias de operación para varias embarcaciones, ampliar la capacidad de bodega de sus barcos, incrementar flota, etc.; y está clarísimo que si seguimos la relación veremos que esa fue principalmente la estrategia de las grandes harineras (que en el 92 no tenían barcos) para convertirse en dueñas del mar. Desde el 2009, por cierto, esta estrategia se reajustó al instaurarse el sistema de cuotas pesqueras, con el que la manera de consolidar el oligopolio pasó a ser la compra de barcos que tienen su cuota asignada, sabiendo que ya no se otorgarán nuevas licencias.

El ministro parece estar bastante desinformado por el sector a su cargo, lo que ha sido más o menos la norma en los últimos cuatro años durante las gestiones de Rafael, Rey, Mercedes Aráoz, Elena Conterno y José Gonzales, en las que la política y el discurso pesquero lo establecieron los viceministros ligados a la SNP o, como en el caso actual, donde la viceministra María Talledo procede de la Universidad del Pacífico que es la supervisora de la aplicación de la ley de cuotas (DL 1084), en coordinación con las grandes empresas del sector. Bajo este criterio, se borran los antecedentes y se pretende ignorar que existe igual derecho del grande, del mediano y del pequeño de acudir a la justicia, e idéntica obligación de la autoridad de cumplir con lo ordenado por los magistrados.

Si el gobierno que dictó la ley de cuotas y la impuso contra la abrumadora mayoría del sector (armadores y trabajadores), se permitió fijar una lista por cada barco autorizado con su respectivo “límite de captura” (proporción de la masa total de pesca, que se le permite capturar anualmente), es obvio que quienes se consideren recortados en sus derechos por estas asignaciones recurran a los jueces para que resuelvan su reclamo. Varias embarcaciones con licencia que no estaban activas en los años que se usaron de referencia para la cuota por causas ajenas a la voluntad: siniestros, litigios de propiedad, paralizaciones involuntarias, han logrado que se confirmen judicialmente sus autorizaciones para pescar.

Esta es la base del escándalo de las 61 naves que pescan con cautelares. denuncia ministerial, que tiene mucho más que ver con el interés de la SNP de copar el negocio, que con la protección del recurso. Es claro que para los grandes de la pesca, los barcos que ganan cautelares son otros competidores, a los que eventualmente tendrán que comprar en un mercado que está subiendo cada vez más sus cotizaciones (los barcos con cuotas valen entre 10 a veinte veces el precio que tendrían sin cuotas). No quieren más barcos, porque eso afecta su intención de comprarlo todo. Pero quién ha creado esta situación, de naturaleza especulativa en una actividad que antes era puramente productiva, es el sistema de la cuota. Y eso fue advertido, pero no se quiso escuchar.

Algo más que evidencia, la grosera preferencia oficial por la SNP, es que en las listas de las “cautelares irregulares” no se colocan a embarcaciones que también han recibido estos beneficios jurídicos, pero que ya han sido transferidas a empresas de la SNP, y a una embarcación que gracias a una cautelar singular trabaja sin cuota y descarga continuamente en los muelles de TASA del grupo Brescia. Es decir dos medidas para el mismo asunto.

Red de Corrupción
Tratando de pasar por moralizador, el ministro Villasante ha destituido al director general de extracción pesquera y a un ingeniero que supuestamente integraría la “red de corrupción”, y cuyo delito fue admitir las solicitudes de las embarcaciones que estaban respaldadas por la cautelares. Es decir por acatar el mandato del juez. Tal vez imaginándose en el papel del ministro Cornejo, denunciando jueces que otorgan licencias para importar autos usados, Villasante ha querido protagonizar su propio show mediático, cuando en el fondo lo único que está haciendo es enfrentarse a la Justicia para favorecer a grupos de poder económico.

Si fuera sensato, el ministro se enteraría mejor de lo que realmente pasa en el sector pesquero, establecería un viceministerio y direcciones de pesca, independientes de los intereses particulares (como ha sido observado por misiones internacionales)y vería que cambios legales deben hacerse para evitar desnaturalizar la actividad pesquera, y que no se convierta en una burbuja especulativa y en un campo de Agramante en el que todos luchan pro ganar más o sobrevivir a la presión de un poderoso grupo de interés.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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Tags: ministro, barcos, cautelares, cuotas, cuota, embarcaciones, sector, villasante, licencias, veinte,

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