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Publicado: Jueves 03 de diciembre del 2009 | Economía | Imprimir | Compartir | 216 Lecturas

Piden terminar con las concesiones

Amnistía Internacional concluyó que modelo de García atentó contra derechos de indígenas y fue la causa de los sucesos de Bagua."
...


Entrega de tierras a petroleras no fue consultada a organizaciones afectadas.

Rechazan el modelo entreguista de García para nuestra selva. La organización Amnistía Internacional (AI) pidió la revisión inmediata de todas las concesiones que se hayan otorgado a empresas de las industrias extractivas en la selva peruana, ya que su actividad estaría afectando los derechos de los pueblos indígenas de la zona, lo que podría generar nuevos conflictos sociales, como el ocurrido en Bagua en junio de este año.

“A la luz de estos sucesos, se debe tomar medidas apropiadas para garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos. Ninguna actividad debe llevarse a cabo en estas áreas concesionadas hasta que se haya realizado dicha revisión, la cual debe incluir un proceso claro de consulta con las comunidades afectadas”, señaló la organización en un informe con motivo de los seis meses de estos sucesos.

En ese sentido, la organización resaltó en que más del 70% de la Amazonía peruana ha sido cedida en concesión a empresas petroleras nacionales, internacionales y multinacionales, estando la mayoría de los lotes petroleros en tierras tituladas pertenecientes a pueblos indígenas. Incluso muchas de las concesiones ocupan también tierras protegidas, reservas para comunidades indígenas y reservas propuestas o creadas para pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario.

“Desde que asumió el cargo, el presidente, Alan García ha venido subrayando la necesidad de desarrollar las industrias extractivas, y entre marzo y junio de 2008, el gobierno aprobó 99 decretos legislativos en los que se regulaba el uso de la tierra y los recursos, incluidas las tierras ocupadas por pueblos indígenas. Pero ello no se acompañó de un procedimiento claro y sistemático para llevar a cabo consultas con los pueblos indígenas e incorporar sus opiniones antes de que entre en vigor cualquier decisión que pueda tener repercusiones en el ejercicio de sus derechos humanos”, señala la organización.




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