La transnacional estadounidense de bebidas gaseosas Pepsico Inc. ha bloqueado una serie de procesos judiciales en este país, gracias a irregulares medidas cautelares que ha interpuesto, a fin de evitar perder la presidencia de una cuestionada junta de acreedores de la quebrada Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. (Cepsa).

La historia del enfrentamiento entre Pepsico y Cepsa comienza en 1996, cuando la transnacional inicia acciones en el Poder Judicial peruano y en su propio centro corporativo para finalizar el contrato entre ambas empresas, suscrito en 1952, que solo podía terminar por causales predeterminadas.

El convenio establecía que Cepsa tenga el embotellamiento exclusivo de sus productos en el Perú, pero ante la abrupta y unilateral decisión de Pepsico de finalizar el contrato, los accionistas y acreedores de la compañía peruana decidieron demandar a la transnacional en tribunales de Nueva York por más de 500 millones de dólares.

Este proceso judicial iniciado en los Estados Unidos ha sido obstruido por Pepsico, a través de medidas cautelares obtenidas de manera fraudulenta ante el Poder Judicial peruano, ente no está autorizado a ver este tipo de casos por mandato de una directiva de la Corte Suprema de Justicia, que limitó la competencia de los jueces.

El 30 de septiembre del 2009, un grupo de cinco acreedores de Cepsa, liderados por Pepsico, se reunió fuera de las oficinas de la quebrada compañía, y conformaron irregularmente una Junta de Acreedores, obviando a los más de 3.500 trabajadores de la empresa, el estado peruano, y otros accionistas a los que también se les debía dinero.

Los acuerdos de conformación de esta junta fueron anulados por el Indecopi, en la resolución 10688-2009, por no cumplir los requisitos de validez.

Sin embargo, en febrero del 2010, el juez Raúl Rosales Mora otorgó una ilegal medida cautelar a favor de Wilmer Pérez Acuña, uno de los integrantes de la junta apócrifa. Por ello, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar como juez a Rosales Mora.

Ante esto, Pepsico acudió a Indecopi para que valide la reunión de dicha junta de acreedores; pero ante la negativa de esta institución, ha buscado a jueces con dudosa reputación, que finalmente han decidido en favor de la compañía de origen estadounidense.