Diario La Pr
Gobierno nos enjuicia por exponer la verdad
Aunque las autoridades aún no reaccionan y la ministra Elena Conterno sigue deshojando margaritas, el Perú continúa crucificado en la lista de países que no cumplen las normas sanitarias de ingreso de productos pesqueros al exigente mercado de la Unión Europea. Una de las observaciones que los inspectores que vinieron al país hicieron sobre lo que estaba pasando era que había “una falta de imparcialidad de las autoridades por su alta dependencia de la empresa privada”.
Directora de Sanipes, en lugar de resolver trabas a las exportaciones peruanas en la Unión Europea, amenaza con denuncia."
Productos peruanos siguen sin cumplir normas sanitarias para ingresar a la UE y ministra no la ve.
Pero nada se hace a este res-pecto. La ingeniera María Estela Ayala, directora encargada del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipes, que es la que debería responder por este grave problema de las exportaciones peruanas, nos ha dirigido una carta notarial dándonos plazos y advirtiéndonos que nos denunciará por cosas tan feas como calumnia, difamación y publicación indebida de correspondencia, pero no sobre el asunto de los moluscos prohibidos en Europa, que son de su responsabilidad, sino sobre el caso de la empresa Proveedora de Productos Marinos Produmar SAC, que nosotros señalamos como una de las pruebas de la parcialidad con la que las autoridades tratan a algunas empresas.
Aclaremos algunas cosas previas: (a) calumnia, es una mentira maliciosa o una imputación deliberadamente falsa para dañar el honor de alguien; (b) difamación, es una acción de desacreditación de alguna persona; (c) publicación indebida, es la que afecta la privacidad y el debido resguardo de información que no pertenece al dominio público. Pero aquí nadie ha estado pensando en las personas, sino en el superior interés nacional.
Veamos de qué nos acusan: el primer caso es el de la transformación de una mercadería tipo “pesca” en un embarque anterior al 17 de setiembre, en uno de “acuicultura” a fines del mismo mes, procedente de la misma empresa y de la misma zona de extracción, donde la razón de la nueva clasificación era la prohibición de concha de abanico, “excepto la procedente de acuicultura”. Eso realmente ocurrió y no hay calumnia ni afán difamatorio en señalarlo. En el segundo caso, la ingeniera Ayala dice que no ha habido certificación, pero lo que nosotros hicimos fue señalar que había una presión en ese sentido y luego que teníamos una información no verificada, que nunca dimos por totalmente cierta.
En el tercer caso, la directora de Sanipes, convierte un mail entre su oficina y la empresa Produmar en una comunicación privada, y habla de delitos, como si nosotros nos hubiéramos metido a su computadora: Tampoco es cierto que se trate de un asunto personal, ya que es la comunicación que le otorga la certificación es la prueba de cómo se están manejando las cosas en Sanidad Pesquera. No es la ingeniera Ayala quien debe certificar, pero lo hace en un intercambio de dos comunicaciones con la empresa privada, pasando por alto el informe de los técnicos especialistas. Y lo hace saltando la norma explícita que indica que para otorgar certificado sanitario y de calidad de muestras sin valor comercial de productos pesqueros y acuícolas menos o igual a 100 Kg de peso neto con fines de exportación, se requiere: “N° del Protocolo Técnico Sanitario de Habilitación o Registro de Planta o establecimiento de la producción”. Esto es lo que advirtió el técnico y se negó a certificar y lo que la directora resuelve con “era la información que requerimos. Estaremos emitiendo el certificado”, cuando no se cumplía el requisito.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
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