Exigen consulta

Continúan los cuestionamientos. Para el presidente del Instituto de Investigación para la energía y Desarrollo (IEDES), Rolando Páucar, el Congreso debe analizar detenidamente el acuerdo energético suscrito con Brasil para la construcción de seis hidroeléctricas en territorio peruano, ya que los proyectos de interconexión eléctrica para abastecer de energía al mercado brasileño podrían atentar contra la seguridad energética nacional en un mediano y largo plazo.

“Brasil, a diferencia nuestra, maneja muy bien su estrategia geopolítica y geoeconómica a largo plazo y ha aprendido hace mucho tiempo a hacer política de su geografía, el Perú ni siquiera se asoma a algo similar. Por eso las intenciones que tiene Brasil son muy claras, necesitan satisfacer de energía eléctrica a algunas de sus ciudades, facilitar la salida de sus productos hacia los puertos del Pacífico y afianzar su presencia geopolítica en América del Sur”, señaló

En ese sentido, manifestó que si bien el intercambio de energía entre Brasil y Perú podría ser técnica y económicamente viable para nuestro país, éste debe ser manejado cuidadosamente. “No se trata pues de desestimar proyectos que podrían beneficiarnos en diferentes aspectos del desarrollo nacional, pero estamos obligados a negociar estratégica y responsablemente nuestros recursos energéticos, basta recordar lo mal que negociamos el gas de Camisea”, sostuvo.

Páucar recordó que los proyectos actuales de articulación de la infraestructura regional sudamericana han apuntado solamente a construir infraestructura para bajar precios. “Es decir, una interconexión física para transportar electricidad que no tiene en cuenta cuestiones como la eficiencia energética, el cuidado del ambiente o el desarrollo sustentable de los proyectos. En cambio una integración energética apunta a mejorar los niveles de sustentabilidad con un concepto amplio de desarrollo, respetando los compromisos internacionales vigentes”, dijo.

Por su parte, el congresista por Puno, Tomás Cenzano consideró urgente que se realice la consulta previa a las comunidades que serán afectadas por la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari. Cenzano resaltó que la elaboración de un estudio de impacto ambiental debe ir de la mano con una consulta a las comunidades afectadas para determinar si Inambari se construye o no.

“La hidroeléctrica está en una concesión de estudio que vence en junio. Al terminar los estudios, tiene que presentar el EIA y esto tiene que tener una consulta popular. No sólo es técnico sino que es con la consulta previa”, remarcó.

El parlamentario del APRA sostuvo que existen muchas consideraciones para oponerse a la hidroeléctrica, pues variará la vida de agricultores y de los pequeños mineros.

“Los agricultores dicen que los afectará en los cultivos que tienen en las riveras del río. La construcción de la hidroeléctrica determina una remediación, y en caso de los cultivos la reubicación de la zona productiva. En el caso de los mineros si es un tema complicado porque no se les puede reubicar”, aseveró.