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Publicado: Sábado 10 de julio del 2010 | Economía | Imprimir | Compartir | 279 Lecturas

Es necesario poner límites a la propiedad de la tierra

Para evitar la concentración de la propiedad en pequeños grupos, dice Fernando Eguren. "
...


Eguren propone un impuesto progresivo a la tierra. Cuánto mayor la superficie más alto el impuesto.

La presentación de un proyecto de ley -ahora son dos- ante la Comisión Agraria del Congreso para poner un límite a la propiedad de tierras en la costa produjo la inmediata respuesta de congresistas, gremios empresariales, instituciones e incluso el Indecopi. LA PRIMERA conversó con Fernando Eguren, director de la Revista Agraria y presidente del Cepes.

-¿Cuál es su opinión sobre los proyectos que buscan poner un límite máximo a la propiedad de tierras en la costa?-
Hay tres proyectos: uno, presentado por el APRA, que limita la extensión a 40 mil hectáreas de tierras de cultivo en la costa, pero excluyendo de esta limitación a las tierras de cultivo ganadas por grandes obras de irrigación; una segunda, que establece el límite en 25 mil hectáreas (con el control de la tierra también va el control del agua.). Esos límites son excesivos, más aún en un país, como el Perú, que tiene escasas tierras de cultivo (a lo más el 6% del territorio nacional). La tercera establece un límite de 1000 hectáreas por valle y 5000 por región.

Las dos primeras se enmarcan en un conflicto entre grupos de grandes inversionistas, uno encabezado por el grupo Oviedo, accionista de Tumán, y el otro representado por el grupo Gloria, que a estas alturas controla como 60 mil hectáreas. En el fondo, estas dos propuestas convalidan la existencia del neolatifundio.

La tercera, presentada por el Partido Nacionalista, es más interesante, pues se orienta a promover la mediana y pequeña agricultura, y a plantear que las nuevas tierras irrigadas se distribuyan entre la pequeña, la mediana y la gran propiedad.

-¿Es necesario un proyecto que ponga límites a la propiedad de las tierras?-
Si es necesario, tanto por razones económicas, como sociales y políticas. Recordemos que las reformas agrarias de la década de 1960 fueron motivadas por la concentración de la propiedad de la tierra en las haciendas. La agricultura familiar y la mediana agricultura son las que proveen de alimentación al país, y dan empleo a la inmensa mayoría de trabajadores en las áreas rurales. Una política de apoyo (hoy sólo es apoyado el latifundio con subsidios –es el caso de las irrigaciones, de beneficios tributarios y reducción de costos laborales). Además, han mostrado que también pueden ser buenos exportadores, como es el caso del café y del banano orgánico y otros muchos casos más.

La concentración de la propiedad es concentración de poder económico, pero también político y social. La influencia que los grandes latifundistas de hoy poderían tener sobre los gobiernos locales y regionales puede sería muy grande. Recordemos lo que era el poder gamonal antes de la reforma agraria. El pueblo peruano ha conocido suficientemente de eso en el pasado.

-Los gremios empresariales del país han calificado de exagerado y desproporcionado el proyecto de ley que establece un límite de 40 mil hectáreas, bajo el argumento de que se basaría en los principios de la reforma agraria, del gobierno de Juan Velasco-
El tema de la reforma agraria se está poniendo nuevamente en el tapete en la agenda mundial, incluyendo al Banco mundial y en la FAO. La razón es que hay inmensos desafíos que exigen una mejor distribución de la tierra, como es la persistencia de la pobreza rural, la seguridad alimentaria, la competencia de los agrocombustibles por tierras agrícolas, la biodiversidad, y la necesidad de ir cambiando el uso de energía fósil por energía renovable. Se va construyendo un consenso de que la agricultura de pequeña escala es más adecuada que el neolatifundio para enfrentar estos desafíos. Pero realmente ninguno de los proyectos presentados en el Congreso tiene algo que ver con una reforma agraria. Ninguno plantea expropiar a nadie para repartir a otros, siendo esta la esencia de una reforma agraria.

Más aún, yo creo que independientemente del área máxima que finalmente se establezca, debería haber un impuesto progresivo a la tierra, cuánto mayor la superficie, más alto el impuesto. De este modo se desestimula la concentración de la propiedad. Creo que se deberían establecer límites también en el caso de la sierra y la selva; los proyectos se refieren sólo a la costa.

Por otro lado, se esgrime el argumento de que un límite a la propiedad inhibiría las inversiones. Esto es simple ideología. Si las reglas son claras, esto no ocurre. Además, los empresarios y el gobierno estiman que sólo puede considerarse inversión la que hacen los grandes inversionistas. En el agro hay decenas de miles de inversionistas –los medianos y pequeños agricultores- que, con condiciones apropiadas, podrían potenciar grandemente nuestra agricultura, con la ventaja que los beneficios serían distribuidos entre millones de personas, y no entre un puñado de grandes capitalistas.

- Jaime Thorne presidente de Indecopi dijo que su institución tiene las herramientas suficientes para actuar si observa un abuso de posición de dominio en cuanto a tierras agrícolas se refiere. ¿Qué opina sobre lo dicho?-
Francamente, creo que desde hace ya algún tiempo Indecopi ha dejado de ser considerada como una institución que garantiza efectivamente el cumplimiento de su misión, que es velar porque los mercados funcionen de la mejor manera posible.

-¿Esta propuesta de limitar la propiedad de tierras se ha realizado en otros países? ¿Cuál ha sido el resultado?-
En México las sociedades mercantiles sólo pueden ser propietarias de 2500 hectáreas de riego, aunque esa cifra puede variar dependiendo del producto cultivado. En todo caso, para los cultivos que el Estado permite una acumulación mayor de tierras, por ejemplo para la siembra de caña de azúcar, el límite máximo es de 7500 ha. Aquí casi todas las empresas azucareras agroindustriales superan ese límite.

En El Salvador la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no puede exceder de 245 ha.

En Bolivia la superficie máxima de la propiedad agraria en ningún caso puede exceder de 5000 ha.

En Brasil, la enajenación o la concesión por cualquier título de tierras públicas con una superficie superior a 2500 ha., en favor de una persona física o jurídica, aún a través de persona interpuesta, depende de la previa aprobación del Congreso Nacional

Wilder Mayo
Redacción





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