Entre uno y dos millones de dólares anuales le cuesta al estado peruano enfrentar un litigio internacional con diversas empresas -como Doe Run-, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), así lo afirmó Matthew Porterfield, profesor adjunto de la Georgetown University Law Center de Estados Unidos.

“En general, los litigios tienen una duración mínima de cuatro años y los honorarios legales están en el orden de uno a dos millones de dólares por año. Así que todo un proceso en el CIADI puede costar de cuatro a ocho millones de dólares a más”, precisó Porterfield.

Como se recuerda, la empresa Doe Run demandó el año pasado a nuestro país ante el CIADI (dependencia del Banco mundial) por un monto de US$ 800 millones, tras acusar al estado peruano de ‘expropiación indirecta’, en el momento que exigíamos que la empresa metalúrgica cumpla con su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), que fue postergado año tras año por la empresa.

Actualmente, el Perú enfrenta doce litigios internacionales con empresas demandantes como DP World (concesionaria en el muelle sur del Callao), Convial Callao, Banco Nuevo Mundo, entre otras.

De estos doce litigios, nuestro país ha perdido dos (contra Duke Energy y Tza Yap Shum) y ha ganado otros dos (Lucceti y Aguaytia), los que continúan pendientes se arrastran desde el 2010.

SE AMPARA EN EL TLC
Expertos nacionales e internacionales presentaron un análisis de las limitaciones del estado peruano para regular las inversiones internacionales, debido al derecho que otorgan los Tratados de Libre Comercio (TLC), teniendo como punto de partida la demanda que Renco Group/Doe Run le entabló al Perú, así como las implicancias económicas, políticas y sociales de este proceso internacional, y lo que significa este arbitraje en un contexto sensible por la explotación de nuestros recursos naturales.

Además de Renco Group/Doe Run, está pendiente la demanda de la minera canadiense Bear Creek Mining Corporation, que amenazó con demandar al gobierno peruano en el marco del TLC entre nuestro país y Canadá, por cancelar en junio del 2011 la autorización de la concesión minera para la realización del proyecto minero de Santa Ana, en Puno, tras más de dos meses de protesta de la población local en contra del proyecto minero.

“Es claro que el poder que los TLC otorgan a las empresas extranjeras termina por desincentivar políticas nacionales, regionales y locales en materia de protección del medio ambiente y la salud pública”, señaló Alejandra Alayza de RedGE.