Diario La Pr
Convenio energético con Brasil es lesivo para el Perú
El acuerdo energético firmado entre el gobierno peruano y su par Brasileño en Manaos hace algunos días es el marco para la construcción de megaproyectos en la Amazonía peruana que no tienen precedentes en nuestra historia. Ayer, expertos de cuatro organizaciones de la Sociedad Civil señalaron que los únicas ganadoras con este arreglo son las empresas Brasileñas como OAS, Furnas, Electrobras, Odebrecht, BNDES entre otras, y los perdedores todos los peruanos.
Expertos advierten que el acuerdo es desfavorable para el Perú.
Además de la falta de una política energética nacional, y por tanto de la ausencia de planificación en este sector, nuestro país no cuenta con la capacidad regulatoria de la inversión y los impactos que van a generar las cinco represas (Inambari, Paquitzapango, Mainique 1, Tambo 40 y Tambo 60) y sus líneas de transmisión, que se van a construir producto del acuerdo suscrito entre Perú y Brasil el 16 de junio pasado, advirtieron expertos de Servicios Educativos Rurales (SER), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y la Asociación Pro naturaleza en conferencia de prensa.
Mariano Castro, miembro de la SPDA, fue categórico, “no tenemos capacidad institucional, pública ni privada para afrontar proyectos de esta magnitud”. Y por más que desde hace un buen tiempo ha habido un afán por advertir una serie de falencias ambientales, sociales, económicas y de soberanía en las negociaciones con Brasil, las autoridades peruanas no han tomado en cuenta nada y han firmado rápidamente un acuerdo que solo podrá ser denunciado después de quince años de su entrada en vigencia.
Para el abogado Castro, en lugar de tener un Acuerdo con Brasil con altos estándares sociales y ambientales que constituyan un marco de protección de nuestra selva e intereses nacionales, se ha trasladado a cada proyecto específico, conflictos sociales y ambientales que no se van a hacer esperar.
Tanto expertos, organizaciones y la prensa hemos constatado que no ha habido un debate público promovido por el Estado en el que se vea claramente beneficios y costos, pues la influencia de las empresas Brasileñas es tan grande en el mundo de los faenones que el acuerdo no solo no ha observado las preocupaciones de las instituciones que siguen estos temas, sino que ha retirado precisiones en materia de desarrollo sostenible que incluía en sus borradores previos.
Gobernabilidad energética
César Gamboa, miembro de DAR, señala que “hoy por hoy, en el Perú no se sabe exactamente cuál es la demanda energética para el futuro y en esas condiciones nos ponemos a vender excedentes de la misma manera que exportamos el gas de Camisea”.
Este nivel de entreguismo se vuelve más grave al enterarnos que el acuerdo establece que una vez que en cada proyecto hidroeléctrico se establezca la parte que se exportará al Brasil, no se podrá modificar en 30 años, es decir, que los peruanos del año 2040, no podrán disponer libremente de la energía que produce nuestro territorio. Sin duda, esto nos pone en una situación de ingobernabilidad energética.
Y ciertamente, ahora queda más claro este negocio. Los ganadores son: empresas consultoras y constructoras Brasileñas, proveedores Brasileños (que nos venderán desde las turbinas hasta los cables), la energía se va para el Brasil, e incluso la institución que financia todo esto es el propio Banco de Desarrollo Nacional del Brasil más conocido como el BNDES, que ha sido denunciado por varias organizaciones Brasileñas que han constituido una gran articulación denominada Plataforma BNDES. Sobre que este banco no tiene ninguna política ambiental ni social respecto a los financiamientos que otorga, generando fuertes impactos en diversas comunidades del Brasil, y que ya ha garantizado 2 500 millones de dólares solo para Inambari, dinero que será pagado por todos los peruanos en nuestros recibos de luz. O sea, le pagaremos la energía al Brasil con el cuento del progreso.
Pero lo peor de todo, fue señalado en la conferencia de prensa por el Ingeniero José Serra de la Asociación Pro Naturaleza, quien demostró que nuestro país no requiere de Inambari, ni de ninguna hidroeléctrica en la Amazonía peruana, pues solo en la sierra y la costa existe un potencial de más de 34 mil megavatios, es decir 17 Inambaris, para cubrir nuestras necesidades que hoy apenas llega a 5 mil megavatios.
Entrada en vigencia
Este acuerdo que permitirá el desplazamiento de miles de indígenas y pobladores ribereños, que deforestará millones de hectáreas con las inundaciones y líneas de transmisión, que incluso cruzan el Parque Nacional del Manu, patrimonio de la humanidad, está a punto de entrar en vigencia de manera ilegal, pues todo indica que el gobierno no tiene intención de que sea aprobado por el Congreso, vulnerando el artículo 56 de la Constitución que indica claramente que cuando un tratado modifica o crea marcos legales debe ser aprobado por los legisladores. Lo más probable es que este acuerdo sea ratificado por una norma administrativa del poder Ejecutivo.
En cambio, el Brasil si hará aprobar este acuerdo por su Congreso y eso da mayor tiempo para hacer algún tipo de acción desde la ciudadanía, partidos políticos y el propio Congreso peruano. De lo contrario tendremos que esperar 15 años para poder pedir su denuncia según el propio acuerdo, es decir, cuando ya no tengamos selva.
Carlos Bedoya
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