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El alcalde de Surquillo ha puesto en el debate público un problema que los alcaldes son los primeros en sentir, y los que menor capacidad tienen para ejecutar medidas concretas. El alcalde ha planteado un Registro de Usuarios de Drogas ilícitas, fundamentalmente usuarios de la “pasta base”, ¿hay algún problema con ello, si ello representa un mejor conocimiento de la situación para poder actuar? ¿Acaso los dependientes no tienen derechos, y que hay diversos problemas asociados al abuso que requieren una respuesta que hoy el Estado no brinda?
Las respuestas críticas no se han hecho esperar. Lo convocaron en la Comisión de salud del Congreso, ha recibido llamadas de DEVIDA, la organización estatal que menor capacidad tiene para afrontar la situación; la Conferencia Episcopal se ha pronunciado de forma parcial al respecto, desconociendo anteriores opiniones críticas a la forma como ha respondido el Estado. Nadie quiere reconocer que se deben buscar otras fórmulas de acercamiento al problema, lejos de la respuesta represiva. El momento no puede ser más oportuno, del 6/10 de marzo se desarrolla la Reunión de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes para evaluar el cumplimiento de UNGASS 1998. La delegación peruana, bien gracias mejor que apoye la posición del “big brother”.
Desde 1978, las políticas antiDrogas han dejado una nebulosa sobre este problema que se piensa, se va a resolver con la represión penal. Sólo para dar un ejemplo, el 2008 la Policía capturó a 12,000 personas por supuestos delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 8,000 de ellos fueron poseedores para el consumo mal calificados por el agente policial. Otros, que quieren confundir a la opinión pública y se niegan a debatir, plantean el debate, en términos falsos como de la prohibición versus la legalización. Nada más incorrecto. Hoy en día, con las actuales políticas “represivas” hay más de 1,000 centros de venta en Lima, sin contar los innumerables deliveries que llevan la droga a domicilio. ¿Acaso ya no están “legalizadas” las Drogas, salvo el sobreprecio de la corrupción y la inseguridad?
He sugerido al alcalde que el primer punto que se debe debatir es ¿si lo que se ha hecho en el pasado, ha funcionado? Más de 20 años del D.L. 22095, del Código Penal de 1991 no ha incidido sobre el fenómeno del uso crónico, ni en los riesgos de uso en el futuro. Todos prefieren lugares comunes de luchar la cruzada, combatir el flagelo y éste sigue funcionando. La guerra antiDrogas que impulsa el gobierno del Perú, es un fracaso y es absolutamente dependiente de la cooperación exterior.
Es momento ahora, que la prensa, la sociedad peruana, especialmente a nivel municipal se abra al debate franco y sincero, sin hipocresías. Impulsamos la necesidad de un serio debate, informado. Entiendo que la Municipalidad de Surquillo va a tomar la iniciativa; ojalá que vayan los señores de CEDRO, de Projusticia, de Capital Humano, el IDEI, del ministerio de salud, y todos aquellos que se mueven fundamentalmente por prejuicios sobre el asunto.
