La publicación oficial

Heriberto Manuel Benítez Rivas
El dedo en la llaga... ColumnistaLos ayuntamientos distritales, comunidades campesinas o juzgados de paz, alejados de la urbe, no están debidamente informados de las modificaciones o derogaciones de las normas legales; menos aún, de los edictos, remates judiciales, patentes, marcas u otros avisos oficiales. En ese sentido, Alan García debería preocuparse de este asunto, ya que como jefe de Estado le corresponde cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
Por otro lado, la mayoría de magistrados titulares motivan sus resoluciones basándose en textos legales editados por empresas privadas que, si tuvieran errores en un dígito o equivocaciones de una letra, los podrían llevar a cometer graves injusticias, situación que se agrava cuando se trata de jueces suplentes, provisionales o mixtos.
La obligación del juez es aplicar la norma jurídica pertinente, la cual sólo puede estar en el diario oficial; caso contrario, estaría incurso en un delito contra la administración de justicia o podría ser destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ¿Cuántas personas son privadas de su libertad en base a dispositivos derogados? ¿Cuántos ciudadanos permanecen recluidos a pesar que se extinguió la acción penal? ¿Cuántas acusaciones o sentencias estarán sustentadas en redacciones equivocadas? ¿Cuántos jueces o fiscales han utilizado, realmente, el diario oficial para resolver un petitorio? ¿Cómo hacen los magistrados que laboran en zonas alejadas para enterarse de la vigencia de una Ley? La deficiente información origina atropellos judiciales que afectan directamente a los litigantes; igualmente, existe una peligrosa contradicción, ya que, en algunos juicios, los órganos jurisdiccionales solicitan a los actores procesales una copia del dispositivo legal en que basan su pretensión y en otros casos sancionan a los letrados por adjuntar estos documentos públicos.
Finalmente, hay tratados, convenios o acuerdos internacionales que forman parte del derecho nacional, que son de cumplimiento obligatorio y que jamás han sido difundidos en el diario oficial "El Peruano". Nadie conoce el texto completo de aquellos instrumentos legales, ya que sólo se divulga la resolución legislativa que los aprueba.
Diario La Pr
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