Ahora estarán frotándose las manos los que pedían sangre y fuego y restablecimiento del orden.

Para los pobres –incluidos los policías usados como carne de cañón- el “restablecimiento del orden” consiste en plomo a discreción y muerte difusa.

En el Congreso también debiera haber algunos arrepentimientos.

El de Velásquez Quesquén, por ejemplo, operador rastrero de los designios presidenciales dirigidos a imponer los decretos de urgencia que la Defensoría del Pueblo ya había considerado inconstitucionales.

¿Qué interés puede estar tan por encima del diálogo y la paz?

El interés de lo que John Dos Passos llamó “The big money”, título de su inmortal novela sobre ese capitalismo que todo lo devora.

¿Y por qué no funcionó la llamada Mesa de Diálogo presidida por el muy incompetente Yehude Simon?

Porque hubo mala fe de ambas partes. Tanto de Simon, encerrado en la loseta que García le ha puesto como destino y escenario, como de Alberto Pizango, ese misterio pétreo que no sabe de matices sino de victorias maximalistas.

Los irresponsables congresistas nacionalistas, que prefirieron un desayuno lento antes que estar a tiempo a la hora del debate, también han puesto su cuota.

Y el APRA, convertida en maquinaria presidencial y despojada de toda entidad partidaria, ha hecho lo suyo.

Al momento de escribir estas líneas ignoro, como todo el Perú, cuántos civiles han sido asesinados por las fuerzas del orden y cuántos cadáveres han sido ocultados o quemados al amparo del toque de queda.

Lo que sí sé es que once policías han caído cumpliendo la orden de despejar una carretera tomada hace demasiados días.

Y a mí que no me vengan con que hay muertes desdeñables ni cadáveres de segunda clase. Esos once policías son funcionarios públicos que han sido asesinados. Y lo lamento y esas muertes me duelen.

Pero el paro de la selva, desatendido por el gobierno, era y es un paro político. Y en la selva los llamados “indígenas” –los que estuvieron antes que nosotros, cuando el Perú era una inmensa arboleda y algunos puñados de cazadores- están hartos de Lima, del gobierno, del Estado, de la autoridad.

Nada justifica el asesinato de los policías. Pero nada atenúa la responsabilidad de Alan García de haber dado la orden de “limpiar el puente y la carretera” justo 24 horas después de que el Congreso, sometido a sus órdenes, se burlara de la selva postergando el debate del decreto de urgencia 1090.

Quiso el Congreso, en provocación extrema, que el decreto 1090, ya señalado como inconstitucional por la propia Comisión de Constitución, no fuese derogado, como correspondía, sino derivado a la agenda de la Mesa del Diálogo. Y la Mesa del Diálogo había dejado de existir.

De modo que esa burla se convirtió en furia amazónica, en clamor exacerbado y en grito de guerra.

Yehude Simon, a pesar de su aciago papel, no puede cargar con todas las culpas. El responsable de esta tragedia se llama Alan García.

Es el mismo Alan García fuera de sí que alguna vez ordenó la matanza de los penales. El mismo Alan García que traicionó en paquete sus promesas electorales y gobernó sentándose a la diestra de Lourdes Flores.

Pedir la renuncia de Yehude Simon es fácil. Responsabilizar únicamente a Mercedes Cabanillas es un gesto insuficiente y radicalmente injusto.

Quien exigió que la autoridad se impusiese acribillando a quien fuera necesario es Alan García. Y la primicia la dio el diario “Correo” hace unos días. En efecto, en su sección de datos breves “Correo”, informado sin duda desde Palacio, festejó el hecho de que, en una sesión de gabinete, la ministra Cabanillas fuera amonestada “casi a gritos” por su “debilidad” en el caso del paro selvático.

Muy bien. Lo que se llamaba, desde la impaciencia presidencial, “debilidad” era prudencia y humanidad. Lo que García ha vuelto a imponer es su estilo. Su ensangrentado estilo.

La ministra Cabanillas debería renunciar. Yehude Simon debería apartarse. García tendría que quedarse con sus incondicionales.

Azuzar a la población es irresponsable y, en el fondo, criminal. Si la oposición existiese de un modo menos inorgánico, tendría que apostar por la derogatoria inmediata de los decretos venales de García, la restauración del diálogo y la demanda del enjuiciamiento de todos –repito: de todos- los culpables.

En la historia de la injusticia peruana, ¿a cuántos lutos nos someteremos antes de admitir que cuando el orden significa matanza y desvarío es que el orden no vale la pena? ¿No ha escuchado García la frase aquella de que la nobleza consiste en tener la fuerza para no tener que emplearla?