Diario La Pr1mera

La extraña inacción de la ocma

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Hace varios meses, en base a una serie de denuncias verbales de humildes ciudadanos y sacrificados letrados que litigan en el Cono Este de Lima, nos vimos en la obligación moral de presentar ante la Fiscal de la Nación, una grave denuncia contra el único juez civil de aquella zona, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y corrupción de funcionarios; copia de aquel documento fue entregado, también, al Congreso de la República, Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y al propio Poder Judicial (PJ) para que adopten las medidas necesarias, conforme a sus atribuciones legales. Sabemos perfectamente que la batalla es dura, difícil e incomprendida; incluso, puede haber represalias, ya que existe un extraño engranaje judicial que protege la impunidad o autoridades que prefieren ponerse de costado y decir que no saben nada del tema, tratando de exculpar al responsable. Ítem más, dicho magistrado es privilegiado por la Corte Superior de Justicia de Lima ya que ejerce funciones jurisdiccionales desde hace quince años en el Cono Este de Lima y goza de la protección familiar de un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ligado al partido de gobierno.

El Ministerio Público resolvió investigarlo por enriquecimiento ilícito (Fiscalía Suprema) y Lavado de Activos (38º Fiscalía Provincial Penal de Lima); se han entregado documentos públicos valiosos para la pesquisa especializada, relacionados a compra de inmuebles y adquisición de vehículos, que comprometen seriamente al cuestionado magistrado. Hay litigantes que han sufrido abusos durante el desarrollo de sus causas judiciales y que les han atropellado sus derechos elementales; existen agraviados que han sido despojados de sus propiedades. Todos ellos, están dispuestos a declarar ante el titular de la acción penal pública y defensor de la sociedad. La situación del juez civil está complicada; los indicios razonables, las múltiples sospechas y las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación social demuestran la necesidad de aplicar una sanción ejemplar. Incluso, hemos sido informados que la Municipalidad de Ate figuraría entre los afectados. Los sufridos pobladores del Cono Este de Lima consideran que dicha persona está descalificada para seguir desempeñando labores en el Poder Judicial (PJ), ya que su presencia resulta peligrosa para la recta administración de justicia; han efectuado movilizaciones hasta el Palacio de Justicia e incluso piden su destitución.

Estamos ante una delicada situación donde la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) aparece indiferente ante el reclamo popular; los justiciables y abogados perciben que las autoridades competentes, encargadas de sancionar la inconducta funcional de los magistrados, permanecen indiferentes ante las barbaridades legales o atrocidades jurídicas que se cometen en el vientre del Poder Judicial (PJ).

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