La ciudad no está en venta

Los preceptos de la globalización relativos a la apertura simétrica de los mercados, a La Libertad y democracia; y a la circulación sin barreras del arte y la cultura, requieren para funcionar social y económicamente, sí o sí, de gobernantes cultos, caso contrario se transmutan en las siete plagas de Egipto. Es el caso del Perú.

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En efecto, sólo la ignorancia con audacia, aquella que sólo deletrea los silabarios económicos que envían los mismos que fabricaron los papeles tóxicos de la crisis económica en marcha, pueden haber aprobado y reaprobado la Ley 29090, aquella que coloca al Perú como el único país que otorga licencias automáticas con el argumento de promover la inversión inmobiliaria. ¡A construir a construir que la ciudad y el negocio se van acabar!; es el grito. Me pregunto, ¿por qué la ley no dispuso que estas licencias se vendieran en Teleticket?

La ignorancia con audacia si va Nueva York, envidia el dinero y soslaya a la ciudad extraordinaria que es. Si recala en Venecia se asombra de ¡cuánto turista la invade!, pero no pregunta por su arquitectura armónica. Si arriba en Miconos se sumerge comprando objetos inútiles y sonríe con cara fronteriza sin entender la amabilidad de la arquitectura vernácula que cubre con amor el suelo rocoso de la isla. Habría que decirles que en estas ciudades no se vende licencias automáticas.

Gracias a los arquitectos (no a economistas, ni abogados, ni ingenieros) se salvaron -desgraciadamente sólo en parte- los centros históricos del Cusco, Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca. Ellos, los arquitectos, y no otros, gracias a la globalización culta que comenzó en los años cincuenta del siglo pasado, suscribieron la carta de Venecia, en la que la civilización occidental juramentó proteger de los negociantes ignorantes el valioso legado inmobiliario que diferentes culturas -no sólo la occidental- habían legado al mundo contemporáneo. Luis Miró Quesada Garland, Víctor Pimentel Gurmendi, entre otros, iniciaron una cruzada que terminó felizmente en una legislación que protege los inmuebles de valor artístico e histórico, así como los contextos inmediatos que los albergan.

Ahora, alarmados nos enteramos que en los predios del Congreso circula más de un anteproyecto: uno, enviado por el Ejecutivo y algún otro, macerado en igual caldo de intereses inmobiliarios que pretenden destruir-desproteger (desmonumentalizar) la presencia artística de quienes nos precedieron y configuraron y siguen configurando nuestra identidad nacional.

Está de por medio la cultura del respeto, el resguardo y promoción de nuestro patrimonio inmobiliario. Hemos perdido la esperanza de que el actual Congreso detenga y archive estas normas, entre ellas la que crea el Ministerio de la Cultura, que dadas las circunstancias será una institución orwelliana dedicada a matar lo que pregona preservar. De ahí que, nuestro propósito sea alertar a nuestros colegas por lo que se está procesando en nuestro país para que asuman una posición militante en defensa de la calidad de la arquitectura peruana de siempre.

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