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La interceptación telefónica que ayer se ha descubierto es una rama del árbol podrido del montesinismo sobreviviente.
Pero lo más importante es decir que una cosa es el chuponeo de los celulares y otra muy diferente la intromisión en una línea de teléfono fijo.
Para los celulares puede bastar un rastreador electrónico digital de amplio rango. El aparato se detendrá en la frecuencia de onda que capte con mayor fuerza.
La otra opción para los móviles es un interventor de orientación, que requiere una cierta proximidad del aparato y un software apropiado.
El caso que ayer ha revelado la Fiscalía, y que implica a varios herederos apócrifos de Grau, tiene que ver, entre otros, con el asunto de Discover Petroleum.
Por lo tanto, estamos hablando de teléfonos alámbricos que dependen de la infraestructura y el cableado de una empresa servidora.
Hace más de veinte años Javier Diez Canseco, entonces aguerrido y brillante diputado, y el diario “La República”, pusieron al descubierto un centro de espionaje telefónico con sede en una de las oficinas céntricas de la que entonces era Compañía Peruana de Teléfonos.
Hubo un breve escándalo pero a las pocas semanas todos parecían haber olvidado la importancia del hallazgo.
En esa sucursal mafiosa de la empresa paraestatal que daba el servicio telefónico Diez Canseco descubrió una serie de artilugios en red dirigidos a interceptar y grabar conversaciones.
Se encontró, además, el sistema informático que ya era operativo en los 80 y que hoy se ha sofisticado aún más.
Es decir, se graba durante muchas horas y se le da al software de soporte una lista de palabras claves (nombres, lugares, apodos, cifras, aeropuertos, empresas y un largo etcétera). La computadora escogerá los minutos que contengan esas palabras y los separará para el trabajo posterior del analista.
Después vendría el sistema que hoy se ha extendido por todo el mundo y que es más selectivo (aunque más riesgoso para el interceptor): la grabación se activará sólo ante la mención de las palabras preprogramadas. Esta opción suele aplicarse en casos de vigilancias masivas o de espionaje industrial.
Lo que es significativo y comprometedor es que los sistemas de chuponeo que actualmente operan en el Perú –y que, como se ve, tienen como pantalla empresas privadas infestadas de ex militares- requieren, cuando de líneas domiciliarias se trata, de los postes, la anuencia y la negada complicidad de la compañía que brinda el servicio.
A mí, chuponeado hace décadas por gentuza privada y servicios de Inteligencia de distintos uniformes, no me van a venir con el cuento de que los marinos pescados por el ministerio público no tuvieron la amistosa y delictiva ayuda de los sucesores privadísimos (y extranjerísimos) de lo que fue la Compañía Peruana de Teléfonos.
No vaya a ser que dado el poder y el dinero de estas empresas –poder que las hace impunes, poder que las hace ganar en Lima lo que jamás ganarían en España o México- la investigación se detenga entre las cuatro paredes de Business Track S.A., que así se llama la empresa de estos mercenarios de la oreja.
Vamos a ver hasta dónde llegan las agallas de la doctora Echaíz. Que no le vayan a contar el cuento de que Business Track hizo este trabajo de semanas y meses sin trepar postes, sin poner ingenios físicos en los terminales de las líneas y sin avisar a la empresa en cuestión para que sus técnicos, en caso de algún desperfecto de un par colgado del mismo poste, se hicieran de la vista gorda.
¿Quieren llegar al fondo del asunto en este asunto que tanto le interesa a Rospigliosi?
Pues consulten con los especialistas y tóquenle la puerta a Telefónica y a Claro. Esperamos que, en el caso de la Fiscalía, el billetón no aceite del mismo modo como aceita (y broncea) en un gran sector de la prensa.
Telefónica, al fin y al cabo, también tiene la f de Franco. Y Claro, con el tal Slim, lo más transparente que posee es el nombre.
