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Hay algunos jueces intocables

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La Constitución Política determina que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, las cuales no surten efecto jurisdiccional alguno, ni deben interferir en el procedimiento judicial; sin embargo, aquellas pesquisas resultan incomodas cuando aparecen nombres de algunos miembros de la máxima instancia del Poder Judicial (PJ) o de magistrados cercanos al Poder Ejecutivo que se consideran intocables. Las vacas sagradas del Palacio de Justicia no aceptan ser tocadas, ni con el pétalo de una rosa; incluso, se sienten tan endiosados, que mencionarlos en alguna investigación parlamentaria resulta una ofensa a la judicatura. Ítem más, los jueces ligados al partido de gobierno deben cuidar al jefe de Estado de las tareas de fiscalización que realiza el Poder Legislativo, ya que todos podrían estar seriamente comprometidos en graves ilícitos penales. Dichos magistrados saben, perfectamente, que las indagaciones pueden concluir con acusaciones constitucionales. El Congreso analiza la responsabilidad política o penal de altos funcionarios. Por eso, algunos jueces vinculados al gobierno se alteran y ponen nerviosos; es más, están asustados, por las consecuencias y exigen una protección corporativa.

Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 139º de la Ley Fundamental establece que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos; en consecuencia, el órgano jurisdiccional no debe alarmarse por la solicitud del Poder Legislativo para que les proporcionen determinadas piezas procesales. El ordenamiento jurídico vigente debe respetarse; no cabe utilizar ningún pretexto para no acatar los dispositivos legales. No existe ninguna justificación, ni argumento legal para que algún juez o Tribunal se niegue u oponga a entregar el material requerido por una Comisión de Investigación del Congreso. El Poder Judicial (PJ) no puede resistirse a cumplir el requerimiento de los legisladores.

Actualmente, existe un vergonzoso enfrentamiento entre dos poderes del Estado que resulta perjudicial para el sistema democrático y el propio Estado Constitucional de Derecho; estamos ante una situación muy delicada e inaceptable. El titular de la Corte Suprema de Justicia, en honor a la verdad, ridiculizó, públicamente, a un grupo de parlamentarios que acudieron al Palacio de Justicia. El presidente del Congreso amenazó con denunciar a la magistrada del 34º Juzgado Penal de Lima, por un delito que ha sido derogado; y, en plena batalla legal incursionó el presidente del Consejo de Ministros (PCM) pidiendo la divulgación de los audios, creando una mayor confusión. Esta extraña solicitud del portavoz del gobierno, ligado partidariamente al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima (quien es jefe directo de la jueza a cargo de las pesquisas) hace suponer que el tema ya estaría políticamente controlado y, seguramente, los audios comprometedores desaparecieron.

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