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Extraña designación judicial

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El cuestionado presidente del Poder Judicial acaba de designar a los magistrados supremos que integran LA PRIMERA Sala Penal Transitoria que revisará la sentencia al ex jefe de Estado Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos; algunos letrados han aplaudido suavemente la decisión y otros han preferido guardar silencio. Este tribunal de justicia estará integrado por un magistrado titular, que lo presidirá y cuatro jueces provisionales que acaban de ser promovidos y cuyos títulos oficiales otorgados por el Consejo Nacional de la Magistratura corresponden a vocales superiores.

Nadie discute que cuando un magistrado provisional integra la Corte Suprema puede revisar las resoluciones y/o sentencias que dictó la Corte Superior de Justicia, ya que, en todo caso, estaría revisando el fallo que suscribieron sus pares; sin embargo, aquí estamos ante un proceso penal seguido contra un ex jefe de Estado, quien goza de ciertas prerrogativas, que empieza con el antejuicio en el Congreso, donde la propia Corte Suprema debe conformar LA PRIMERA y segunda instancia jurisdiccional respetando el debido proceso y donde se produjo una extradición. Item más, tratándose de un proceso ordinario, nadie podría objetar si un juez supremo provisional lleva a cabo la instrucción o integra el tribunal del juicio oral; además, si en las audiencias no intervienen jueces titulares, entonces la revisión podrían hacerla provisionales. El inconveniente técnico aparece cuando se designa un magistrado supremo provisional cuestionado para revisar el fallo de un vocal supremo titular.

Todos somos testigos del trabajo impecable que desarrolla la Sala Penal Especial presidida por César San Martín e integrada por Víctor Prado y Hugo Príncipe, especialistas en derecho penal y estudiosos del campo jurídico; no cabe la menor duda que la sentencia se convertirá en una pieza jurídica que fortalecerá nuestra jurisprudencia. Pero nos preocupa la designación de jueces provisionales para que revisen la sentencia. No dudamos de la probidad de Elvia Barrios y Roberto Barandiarán, pero nos llama la atención la presencia de un vocal superior que postuló en tres oportunidades para ser magistrado supremo titular y fue desaprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que dictó resoluciones para favorecer a Agustín Mantilla, que votó en contra del desalojo del Mercado de Santa Anita y que vinculado al APRA, de Jorge del Castillo, quien acaba de ser salvado de una acusación constitucional por el repentino voto del Fujimorista Carlos Raffo. ¿Habrá tenido algo que ver la decisión del legislador de Alianza para el Futuro con la extraña designación judicial? No olvidemos que en política no hay coincidencias.

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