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Más esperpéntico que nunca, Hugo Chávez ajusta la maquinaria de su régimen personal.
De otro modo no se puede interpretar la propuesta de ley presentada ayer por la Fiscalía de Venezuela en relación con la libertad de expresión.
¿Qué dice esa propuesta?
Que serán “delitos mediáticos” aquellas informaciones que atenten contra “la paz social, la seguridad y la independencia de la nación, la seguridad de las instituciones del Estado, la salud y la moral pública de los venezolanos”.
O sea que, desde esa óptica, “LA PRIMERA” tendría que ser clausurada en Caracas. Y sus periodistas tendrían que terminar encausados y, casi seguramente, encarcelados.
El artículo cuarto del proyecto afirma que también serán considerados delitos punibles “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial...”
Ese artículo podría suscribirlo un nuevo Pinochet, un viejo Somoza, un estalinista de toda la vida. He aquí su versión extendida:
“Constituyen delitos mediáticos las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.
¿Y quién decidirá qué es independencia de la nación, atentado contra la paz social, agravio al orden público, amenaza a la salud mental?
Pues Hugo Chávez y su corte de aduladores impávidos, sus fiscales ad hoc, sus jueces al hilo, sus tribunales sin escrúpulos y sus congresistas sin vacunar.
El artículo quinto promete una pena de prisión de dos a cuatro años para “toda persona que divulgue noticias falsas que ocasionen una grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, la hubieren mantenido en zozobra, que haya alterado el orden público, que hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado...”
Con esta gramática y con estas intenciones, ¿qué puede esperarse? Pues, entre otras cosas, que mañana alguien deslice, desde un ministerio, una noticia bamba y atractiva y que algún ingenuo de oposición la acoja. Bastará eso para que la maquinaria estilo Granma se eche a andar.
Leer el artículo sexto del proyecto mandado a hacer por Chávez y que el Congreso chavista está dispuesto a aprobar es descender al surrealismo involuntario y con palmeras:
“Toda persona que manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años”.
¿Creando una matriz de opinión? ¿Generando una falsa percepción? ¿La moral pública?
Parecen los años cincuenta, cuando Marcos Pérez Jiménez gobernaba Venezuela con su Semana de la Patria y su seguridad Nacional, sus cárceles repletas, sus enemigos amordazados y sus amigos prosperando.
La tragedia es que la derecha venezolana vertebra la oposición a Chávez y está, penosamente, al servicio de la embajada estadounidense.
La tragedia es que para Venezuela no parece haber salida en democracia: o la corrupción adeca o este “socialismo” con borceguíes y mala fe dictatorial.
Para evitar la guerra civil y la anarquía, al general del ejército Marcos Pérez Jiménez lo tuvieron que derrocar los militares venezolanos.
La última tragedia es que no hay ningún Rómulo Betancourt en el escenario.
