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El reto: un Sistema Anticorrupción

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El Primer Ministro ha ofrecido que en los próximos días presentará ante el Congreso y el país su propuesta de lucha contra la corrupción. El reto más importante que deberá confrontar será cómo revertir todas las acciones sistemáticas y planificadas que el gobierno ha impulsado para desarmar al Estado en sus acciones de control.

Solo mencionemos las líneas más significativas de esa destrucción deliberada, así tenemos que ha promulgado leyes mediante las cuales se pueden llevar procesos de licitación al margen del Consucode, creó la ONA para encubrir la desarticulación de la UIF y debilitó a la Contraloría presupuestalmente, mantuvo a un Procurador que se decía anticorrupción pero a lo único que se dedicó fue a la persecución del ex presidente Toledo. Además, la acción descentralizada de la Contraloría se encuentra infiltrada por la corrupción o simplemente es incompetente.

Hay dos principios que debemos tener en cuenta para la formulación de una política contra la corrupción, realista y posible en el Perú actual. Primero: que la corrupción requiere de enfoques sistémicos, multisectoriales y de fondo, y no quedarse en “Comisiones”, “estrategias” o “Convenciones Internacionales”; y que hay que tener presente que las ideologías continuamente son utilizadas como pretexto para la apropiación de los recursos públicos.

Este sistema debe organizarse en sus tres fases: Preventivo, de Control y Judicial, con el instituciones ya existentes que debemos repotenciar o bien reformularlas para su mayor eficacia.

En la fase preventiva, a la UIF hay que devolverle su independencia y darle nuevas facultades en su lucha contra el lavado de dinero, ampliándolas al enriquecimiento ilícito de funcionarios y otros; y legislar sobre la necesidad que la Banca, la Sunat y la APCI deben estar obligadas a reportar operaciones dudosas a la UIF.

Durante la fase de ejecución de los pliegos presupuestales, hay que reforzar las acciones que la Contraloría desarrolla como las denominadas de control concurrente, reforzando las OCI, impulsando acciones de acompañamiento, establecer estándares diferenciados de control para instituciones pequeñas. Y en cuanto al control posterior debe centrarse sobre las adquisiciones y la calidad de los entregables, otorgándole mayores y oportunos recursos.

La Convención Interamericana nos recuerda que deberíamos haber establecido un marco legal para proteger a los funcionarios denunciantes sobre actos de corrupción (whistle-blower) sin que hasta la fecha se haya promovido ley alguna. Nuestra incorporación a la OCDE es acertada, pero su ratificación deberá esperar un largo periodo de prueba. La mirada debe ser hacia nuestras instituciones.

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