No es cierto que los partidos se financien sólo con las cotizaciones de sus militantes. En verdad, significativos ingresos de los partidos provienen de otras fuentes, particularmente durante las campañas electorales. Para los poderosos intereses empresariales, la inversión en la política les resulta un buen negocio. Con apenas algunos cientos de miles de dólares -en algún caso especial, varios millones- se consigue la protección de sus intereses si gana las elecciones el candidato seleccionado.

Además, el poder económico logra favorecer al candidato de su preferencia mediante lo que llamaríamos el “financiamiento indirecto”. Por ejemplo, apoyando con publicidad de sus empresas a ciertos programas periodísticos, políticos o de humor que favorecen a su candidato y desprestigian a su principal oponente. O sacando del aire algún programa periodístico independiente. Los ejemplos del cómico Carlos Álvarez, durante la campaña reeleccionista de Fujimori, y la sacada del aire del programa de César Hildebrandt en el Canal 2, a fines del 2005 y después de haber entrevistado por primera vez a Ollanta, son una muestra de ello. También, lamentablemente, lo descubierto con “los calatos” de Alfredo no debe llamarnos la atención.

En el caso de los partidos cuestionadores del status quo, la situación se vuelve más complicada. Por eso, para los proyectos políticos que apuestan por el cambio, obtener los recursos económicos necesarios se vuelve una odisea. ¿Cuántos pequeños comerciantes pueden aportar a un partido lo equivalente a lo que Dionisio Romero ocultamente donó para la campaña del APRA?

En el caso de los empresarios que apuestan por el cambio, que también los hay, muchos quieren que su contribución económica no sea conocida, no quieren aparecer directamente apoyando a un candidato, prefieren financiar, por ejemplo, un estudio del mercado electoral o apoyar mediante contratos de consultorías a los militantes y cuadros que dirigen comisiones, como la de Organización, Plan de Gobierno, etc.

El tema es delicado. Tenemos que entender que la democracia cuesta (y a veces mucho, como los ingresos de los parlamentarios), pero curiosamente ni la sociedad ni el Estado en nuestro país le han mostrado un mayor interés a los recursos económicos que requieren los partidos, cómo financian sus campañas, etc, etc. De otro lado, se debe penalizar drásticamente cualquier injerencia económica que comprometa intereses de otro Estado o la dependencia de un partido del exterior, sea del país que fuere. Se debería aclarar, por ejemplo, la donación de un millón de yuanes (180 mil dólares) por parte del Partido Comunista Chino al APRA.

Así, pues, se debe exigir la ayuda estatal a los partidos, por ejemplo, de acuerdo a los votos obtenidos en las elecciones. Y, también, como sucede en otros países, limitar las ventajas que devienen de la cantidad de dinero empleado en las campañas, gastos en publicidad, radio, televisión, etc. En resumen, que el dinero no sirva para manipular la voluntad del elector que, como la historia señala, ha sido una práctica común de los poderosos de siempre.