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El espionaje es un acto ilícito que consiste en obtener información de la seguridad nacional de un Estado, a través de medios no legales para favorecer las posiciones de defensa y seguridad del que espía. Por eso, el Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra de 1949 no otorga a los espías el tratamiento que confiere a los prisioneros de guerra. En situaciones no bélicas, el espionaje es un delito contra la paz.
Organizar, financiar y ejecutar actos de espionaje sistemáticos y permanentes contra la seguridad nacional del Perú, en el contexto de una escalada unilateral de adquisición de armamentos y el proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia, es evidentemente la expresión de una diplomacia no inteligente. Más aún, simboliza el equívoco de una diplomacia desorientada, que juega con criterios de políticas de poder que no corresponden a la realidad nacional, regional ni global del Estado en Chile.
Esta desorientación se expresa también en el intento de resolver el problema con la negación absoluta de los hechos. La realidad es distinta. El espionaje está probado. Y la única actitud responsable y de ética internacional que Chile debe asumir es la de investigar los hechos, sancionar a los responsables y expresar las excusas y satisfacciones correspondientes. Más allá de movimientos electorales que puedan distorsionar o relativizar los hechos, la investigación es la única solución posible. De otra manera, las relaciones bilaterales se verán afectadas institucionalmente y difícilmente recuperarán su normalidad.
En el Perú estos actos hostiles e inamistosos han provocado una saludable convergencia entre el Ejecutivo, el Congreso y los líderes de la oposición. Exigir las investigaciones y sanciones, llamar en consulta al embajador del Perú y revisar las relaciones bilaterales, son reacciones comunes y criterios coincidentes que dotan a la respuesta peruana de la legitimidad y solidez propias de una política de Estado.
Independientemente de la evolución de los acontecimientos, las políticas exteriores de la “diplomacia inteligente” y “las cuerdas separadas”, en uno y otro caso, han quedado superadas y agotadas. Una vez que se supere este grave incidente -con la investigación y satisfacciones correspondientes- hay que reconstruir las relaciones. Y ello pasa por variar el modelo conceptual. A ese nivel existen dos cuestiones básicas. La agenda bilateral es y debe ser integral y todos sus aspectos deben ser considerados como interdependientes; al mismo tiempo, desde la perspectiva del Perú es indispensable introducir criterios racionales y razonables de la defensa nacional, transversalmente, en todos los ámbitos de la relación bilateral, incluidos los del comercio y la inversión. Como lo hace el propio Chile, como los hacen todos los países. Estas dos premisas deben orientar una relación sin asimetrías, con beneficio recíproco y resguardo de la personalidad jurídica de ambos estados. A ello ayudará reconocer la inconstitucionalidad que hubo en la aprobación del TLC.
