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A Humala lo quieren crucificar por llevar al Congreso cocaleras que sacan la cara por los productores y se esfuerzan por explicar al país que el narcotráfico no son los agricultores pobres que participan de la economía de la coca. En 2007, los medios de la derecha hicieron lo propio con el ministro Salazar y la fecha en la que se firmó el acta de Tocache, estableciendo un acuerdo con los cocaleros que buscaba aislar el problema de la droga a través de un diálogo entre el Estado y los productores, la declararon día nacional del narcotráfico y la demolieron junto con el ministro.
A finales de los 80, los militares que eran casi todo el Estado en la zona de emergencia, impulsaron acuerdos con los cocaleros para dar vida a las rondas y al control de las zonas pobladas de la ceja de selva, lo que representó un cambio estratégico en el desarrollo del conflicto. Sin embargo, en estos días se presenta un video de Nancy Obregón intermediando en un decomiso entre los policías y los productores y nadie presta atención a su versión de que estaba evitando un enfrentamiento, y otros más sobre su papel como dirigente social, y el APRA solicita su inmediata investigación por sus “vínculos con el narcotráfico” que podría llevar a su desafuero.
Estábamos todavía bajo el impacto del derribo de un helicóptero militar en el VRAE por los llamados “narcoterroristas”, que mostraba que el gobierno está camino a meterse nuevamente en una psicología de derrota como la que afectó al país hace veinte años y que favoreció el surgimiento del autoritarismo Fujimorista; cuando al Tío George se le ocurre derivar el problema sobre los nacionalistas. No ven que Obregón está ligada a los cocaleros, y los cocaleros lo están a la coca, y la coca a la cocaína, y por tanto al narcotráfico. Así que si aquí se caen helicópteros y se matan soldados es por culpa de Humala. Si está clarísimo.
Pero el problema es enteramente otro. Es saber si se debe integrar, o incluir como se dice ahora, en la política y la negociación social, a los campesinos de las zonas de la coca. Ese es el aporte de Ollanta a la política peruana, que permite que ahora tengamos mucho más cerca y a la vista a esta parte del Perú, y eventualmente podamos discutir con ellos un plan de desarrollo agrario y regional, y es también lo que incomoda a los que se resisten a una nueva distribución del poder que refleje mejor al país real. La opción alternativa, es la zona de combate de Giampietri, el despeje de civiles, el napalm y bombardeo de las zonas productoras, lo que va de la mano de la penalización de los cultivos, la erradicación y la eliminación de sus representantes.
Hay varios objetivos detrás del caso Obregón: desviar las preguntas al gobierno sobre sus fracasos en el VRAE, trasladar a otros sectores la responsabilidad por el crecimiento del fenómeno del narcotráfico, alimentar un cLima de mayor violencia al intentar sacar de la legalidad a los dirigentes cocaleros y, cuando reaccionen para defenderse, acusarlos de vandalismo social. Una operación digna de Jorge del Castillo. No cabe duda.
