El señor Aurelio Pastor, que ayer nomás fue asesor del Congreso Fujimorista, ha propuesto la privatización de los penales.

Este señor parece estar infiriéndonos una generalización desmedida: como el APRA ha sido privatizada por Alan García, los penales tienen que caer en las mismas manos que hoy manejan, desde las empresas próximas a Palacio, los designios del partido que Haya fundara.

Claro, la pregunta que mana natural de esta declaración de Pastor es esta: ¿Y quiénes estarán detrás de esta propuesta?

No será desde luego la Caja de Pensiones Militar-Policial, una de cuyas oficinas adquirió Aurelio Pastor en sociedad con don Jorge del Castillo. Como es notorio, esa entidad está quebrada.

Entonces, ¿será la empresa de Fortunato Canaán? ¿O será Odebrecht, la favorita internacional del doctor García (dado que la favorita nacional es Graña y Montero)?

Horas después de hacerse con el puesto de ministro de Justicia, Pastor anuncia su propósito: que la empresa privada se haga cargo de la administración, la ampliación y la construcción de las cárceles en el Perú.

Después de asistir a la bancarrota moral del capitalismo salvaje en Estados Unidos –donde los Maddoff eran mayoría y el Citigroup era un fraude de gestión envuelto en papel moneda-, ¿quién puede garantizar que la empresa privada nacional será más eficiente y más honrada en el asunto de mantener vivos y en buenas condiciones a quienes han perdido su derecho a la libertad?

Como ministro de Justicia Pastor habría tenido que recordar que dos tercios de los internos permanecen entre las rejas sin sentencia. De modo que el problema del hacinamiento y la sobrepoblación pasa por el Poder judicial y no por la conversión de las cárceles en un nuevo negocio.

Como algunos saben, el señor Pastor renunció al APRA en el 2000. Lo hizo en una extensa carta plagada de acusaciones histéricas en contra de algunos de sus compañeros.

Denunció a Armando Villanueva, que había pedido su suspensión partidaria por conducta infraterna. Acusó a Alan García, a la sazón fuera del país y todavía en condición de prófugo, de haber debilitado al APRA al convocar, durante su primer gobierno, a gente como César Vásquez Bazán. Tildó a Mercedes Cabanillas de “colaboradora de la dictadura militar desde el Sinamos” por no haberse sumado a sus demandas.

Y todo ello porque se vio solo en el pedido que planteó ante el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE de anular la votación de quien, desde las mismas filas apristas, hacía peligrar su elección.

Perdida toda esperanza de acceder a un escaño en el Congreso, Pastor renunció al APRA y se convirtió en asesor, con siete mil soles mensuales de sueldo, de la comisión de fiscalización presidida por el Fujimorista Rolando Reátegui. Era el año de la segunda y fraudulenta reelección de Fujimori. El APRA destituyó a Pastor como personero y secretario nacional de asuntos electorales.

Ahora Pastor pide que vuelvan los tiempos de Guvarte y que hagamos una de las cosas que más le gustaron a Ronald Reagan: privatizar hasta el infierno.

En el año 2000 ya había 32 cárceles privadas sólo en el estado de Texas. Las cifras demuestran que en ellas la violencia suele ser mayor por la degradación de la limpieza y la atención médica y la “deshumanización” del sistema de vigilancia, encargado a cámaras para ahorrar en personal.

No sólo eso. Muchos estudiosos del sistema carcelario de los Estados Unidos, donde se ha ensayado la privatización en algunos estados más que en otros, parecen haber demostrado que el incremento de la población carcelaria tendría que ver con la necesidad de llenar los crecientes establecimientos gerenciados por particulares. Como quien dice: a más presos, más ingresos.

Quizá sea por eso que, hasta la declaración de la crisis de las hipotecas basura, una de las firmas más al alza en la bolsa de Nueva York era la Correction Corporation of America, la principal gestora de cárceles privadas en los Estados Unidos.

Microsoft y Colgate son dos de las empresas que se han servido de la mano de obra abaratada y sin mayores derechos de la vasta población carcelaria de los Estados Unidos (2’300,000 personas tras las rejas, 7’000,000 si se toma en cuenta a los liberados bajo palabra).

¿Cárceles privadas? ¿Y por qué no una Sunat privatizada, procuradores del Estado del estudio Ghersi, Fiscalía en manos del estudio Echecopar? ¿Y por qué no la Confiep, de frente y sin máscaras, al gobierno?