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Mercedes Cabanillas está muy interesada en amedrentar a la prensa y vengarse de ella por todo lo dicho y escrito en torno a la tragedia de Bagua, tragedia en dos actos de la que ella fue autora, promotora e intérprete (en el papel de La Irresponsable).
Bagua es su sombra. Treinta y cuatro cadáveres la persiguen despidiendo briznas y musgos en su carrera. No es el “Thriller” de Jackson: es la danza macabra de la curva del diablo y el ballet esquelético de la Sexta Estación.
Y como la señora está enloqueciendo, entonces presenta su proyecto.
Quiere cambiar las leyes vigentes, que ya castigan el delito cometido a través de la prensa, para incluir a las empresas como terceras civilmente responsables. Con Vega Vega en la Corte Superior y una judicatura ampliamente maleable, el proyecto promete ser un misil en el blanco de la libertad de expresión.
Ahora bien, como la señora Cabanillas se está reconstruyendo y no da puntada sin nudo ni paso sin permiso parece claro que ese proyecto ha sido presentado con el pláceme de Alan García, que en privado culpa a la prensa de su desfalleciente popularidad.
La procedencia palaciega del proyecto estaría probada, además, por el hecho de que hace algunas semanas quien lo presentó fue José Vargas, que es algo así como el Joe Pesci del aprismo en trance de grupo ejecutor. O sea que Pesci, quiero decir Vargas, jamás presenta algo suyo sino que es el mandadero de Palacio y el matón de “Casino”.
El proyecto se las trae. No sólo incluye a las empresas en los juicios por injuria o difamación –un modo eficaz de asustar a los directores y propietarios de medios- sino que modifica el artículo 132 del Código Penal estirando la jurisdicción de la ley a cuanto blog o twitter pueda uno imaginar.
Un partido cuyo lema fue (y es) “sólo el aprismo salvará al Perú” viene de estirpe autoritaria. Con el proyecto García-Cabanillas el APRA vuelve a lo que “La Tribuna” llamaría “sus prístinos orígenes”. Ya no es época de matar a periodistas, por supuesto. Pero siempre se los puede amedrentar.
Si el proyecto prospera será porque cuenta con el respaldo del Congreso, esa colección –salvo muy honrosas excepciones- de apopléjicos en curso y propietarios de los rabos de paja más extensos de esta comarca. Será entonces –si se aprueba- un gesto de la clase política congresal en contra de la libertad de expresión.
Y el proyecto habla del perentorio derecho de rectificación (que ya existe y está reglamentado) aludiendo, según Andina, a quienes se sientan afectados por “informaciones inexactas o agraviantes”.
Así que veamos.
¿Es inexacto o es agraviante decir que el presidente de la República miente cuando inaugura hospitales inexistentes?
¿Es inexacto o es agraviante decir que Mercedes Cabanillas es la responsable de 34 muertes que pudieron evitarse?
¿Es inexacto o es agraviante decir que el APRA nunca muere y que a más calumnias, más aprismo?
Tanto que hablan de Chávez. Lo que García quiere es ser Uribe a la hora de las repartijas y Chávez a la hora de la prensa. Veremos si el Congreso se lo tolera.
