Diario La Pr1mera

Agro y Congreso

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El cuatro próximo se vence el plazo para que más de 50,000 pequeños y medianos productores puedan acogerse a la Ley No. 29264 o Ley del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA), publicada el cuatro de octubre, luego de que el Poder Ejecutivo vetara capciosamente a la autógrafa respectiva y ésta fuese multipartidariamente ratificada y promulgada por el mismo Congreso de la República.

Sin embargo, hasta hoy no hay visos de que esa norma se cumpla, ni siquiera en lo concerniente a la refinanciación virtualmente automática de las deudas ante el Estado.

Esto sucede, sencillamente, porque el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no define los mecanismos del acogimiento al PREDA, ni menos aún transfiere al Agrobanco los bonos sobrantes del Programa de Rescate Financiero Agropecuario (por unos 15’000,000 de dólares), para viabilizar la reestructuración de las deudas ante los bancos privados y afines.

Entretanto, éstos continúan haciendo rematar –por precios viles– las tierras entregadas en prenda.

Frente a eso, cabe recordar que las responsabilidades básicas del Congreso de la República son legislar y fiscalizar, en este caso empezando por exigir el cumplimiento de los preceptos constitucionales, como el artículo 88 sobre la preferencia del agro y las leyes, como la del PREDA.

Sin embargo, ésta no es LA PRIMERA vez en que el Poder Legislativo se deja mecer olímpicamente por el Ejecutivo en lo que atañe al campo. Ya antes ha sido burlado, por ejemplo, con el desacato a las leyes 27965 (matriz) y 29003 (ampliatoria), relacionadas con el Consejo Nacional de Concertación Agraria, igual que a la Ley 29064, sobre el relanzamiento del Agrobanco, y con la imposición de una veintena de inconsultos y desquiciantes decretos legislativos para viabilizar el injusto APC-TLC con Estados Unidos.

Aún más, hasta hoy el Congreso y específicamente sus comisiones de Fiscalización y Agraria no han dado ninguna muestra de intervención correctiva frente a los innumerables indicios y casos de corrupción en el sector público agrario, entre los cuales resaltan: la contratación directa –sin concurso alguno– de sospechosos asesores y consultores externos para formular los decretos legislativos en cuestión; el derroche impune de más de 2´300,000 nuevos soles en la inoportuna y mañosa campaña publicitaria “Papea Perú”, que sólo ha encarecido el tubérculo al público ante la baja estacional de la oferta; el manejo de la Oficina de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura, que además no planifica nada, por un ubicuo abogado que no conoce nada del tema, y la realización de una serie de “estudios” y “proyectos” sin pies ni cabeza en torno a la papa, también en este caso a través de “consultores” directamente contratados. Todo ello sólo durante la nefasta administración del ex ministro Ismael Benavides Ferreyros.

¿Hará reaccionar el caso del PREDA al Congreso? Es lo mínimo que CONVEAGRO y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú esperan, incluso para contener los crecientes amagos de desborde social en el campo y en la etapa más crucial de la presente campaña agrícola.

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