Para darle más atención: Reporte de Conflictos Sociales

En estos últimos días, Conga ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la minería y los conflictos socioambientales, y con ello el viejo y recurrente discurso de la actividad minera como la gran oportunidad para el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país; y el canon, como la expresión de generosidad de la minería que palidece frente a la incapacidad de ejecución de las autoridades regionales. Otro de los temas colocados, está vinculado a la inexistencia de una política integral de prevención y gestión de los conflictos y a la necesidad de una agenda ambiental que incluya además de los derechos de la población en los procesos, autoridades ambientales autónomas e independientes. Nada de esto es nuevo.

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Los conflictos socioambientales representan la mayor concentración de casos de conflictos sociales en nuestro país, así lo muestra la Defensoría del Pueblo en su último Reporte de Conflictos Sociales, de octubre del 2011 (ver: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/reporte-menusal-92.pdf), en el que señala que de los 217 reportados, 124 (el 57.1%) son socioambientales. Y aunque en su mayoría -más del 60%- están vinculados a la minería formal e informal, existen otros vinculados a energía, gas, etc. Estos conflictos se sustentan en diferentes motivos, que si bien están relacionados a cuestiones de contaminación y ambientales; se vinculan a su vez a motivos que denuncian la deficiencia en los procedimientos, donde los reclamos se centran en el incumplimiento de la consulta previa, el incumplimiento de compromisos y/o compensaciones por parte de las empresas, así como la falta de información en los procedimientos, el desconocimiento de otorgamiento de licencias, entre otros. Cabe resaltar que otro de los motivos planteados está relacionado a la contraposición con las actividades económicas que se vienen desarrollando en las zonas de conflicto, sobre todo el choque con las actividades agropecuarias. Estos sustentos alertan de las responsabilidades de las autoridades, pero también de las diferentes visiones de desarrollo que existen.

La información que proporciona este tipo de herramientas puede ser un valioso insumo para las decisiones estratégicas y la gestión de los conflictos sociales; que en lo que va del gobierno del Presidente Humala vienen incrementándose en uno o dos por mes. Este tipo de reportes debe permitir aprender de las lecciones que nos han dejado los conflictos y plantear las reformas institucionales que permitan atenderlos, ya que justamente por no ser atendidos estallan por la vía del conflicto social. Finalmente, no cabe duda de que son un termómetro de lo que está sucediendo en nuestro país y por ello puede ser un indicador para atender las urgencias que debe plantear una reforma política que también incluya una reflexión de qué tipo de desarrollo queremos y necesitamos –con una mirada económica, política, ambiental, social y regional-.

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