a) narcotráfico.- La situación actual del VRAE se caracteriza por la existencia de un motor que mueve la economía de la zona que es el narcotráfico. El 60% de su PBI reposa en esta economía ilegal. Para que se tenga idea del asunto, existen 17 mil has. dedicadas al cultivo de la coca, en un ámbito en que viven aproximadamente 38 mil familias. La corrupción campea y no se detiene ante nada; en promedio, 5,000 galones de kerosene ingresan al VRAE diariamente. De otro lado, casi el 50% de la población vive en extrema pobreza. Los campesinos, ante la necesidad, se ven obligados a vender por adelantado su cosecha de coca a los “habilitadores” que son acopiadores de los grandes “poceros” (los que elaboran la PBC), aunque crece el número de pequeños poceros independientes. Los laboratorios de cristalización que también están ubicados en la zona, a vista y paciencia de muchos, producen 160 mil kilos de cocaína que son trasladados por moChileros, y burriers domésticos hacia sus contactos fuera del VRAE (Tambo, Quinua, Pampas, Huanta, etc), y desde allí, ya las firmas y la alta corrupción estatal, se encargan de trasladar la droga al Callao, Chimbote y Paita. Ante la ausencia de trabajo, muchos jóvenes del VRAE prefieren ser moChileros antes que simple peones.

Todos los programas antiDrogas vienen fracasando en el VRAE -a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en San Martín- porque no se ha resuelto un problema principal: los campesinos cocaleros se sienten amenazados, sin alternativa alguna, por la política antiDrogas estatal y la gruesa calificación como cómplices del “narcoterrorismo”, porque ellos son concientes que se ven obligados a vender su coca a los acopiadores y “poceros”.Y, en cambio, al grupo armado de los hermanos Quispe Palomino, aunque lo temen, no lo sienten como su enemigo. Así, pues, como se ha dicho reiteradamente, se requiere un pacto entre el Estado y los productores cocaleros del VRAE para abordar en común una estrategia que debilite al narcotráfico y la corrupción, aísle a los grupos armados y resuelva las angustias económicas de los humildes pobladores.

b) La violencia armada.- Durante los años 80 del siglo pasado, Sendero Luminoso fue derrotado en el VRAE por los famosos DECAS (campesinos cocaleros armados rudimentariamente y organizados por su líder Antonio Cárdenas, desde su bastión en Pichiwilca). En esta verdadera “guerra campesina” murieron centenares de pobladores del VRAE, en uno y otro bando. SL aprendió la lección, y ya derrotados y recluidos en Vizcatán, en lugar de enfrentarse a los cocaleros optó por una alianza con ellos. Pero la corrupción también hizo estragos en los llamados “remanentes”. La ideología fundamentalista quedó atrás (¿se acuerdan del “foco de la revolución mundial”?); el proyecto “del nuevo poder” y la llamada “república de la nueva democracia” ¿es acaso lo que anima a los actuales ex senderistas, que como grupos armados se alquilan a las firmas (y por eso necesitan tener más y mejores armas) cuando éstas requieren hacer sentir su poder en el caso de una advertencia o eventual represalia? Y el terrorismo, característico en el accionar de SL, que eliminaba a las llamadas “mesnadas” conformadas por campesinos cocaleros del VRAE ¿acaso es lo que actualmente existe en la zona? La voladura a dinamitazos de los tractores y maquinarias agrícolas (por que representan el “capitalismo burocrático”), la quema de municipalidades e instalaciones públicas porque representan el viejo poder “burocrático-terrateniente” y el boicot a las elecciones ¿es la agenda que tienen en sus manos los hermanos Quispe Palomino.

Estando así las cosas, es verdad que las bandas armadas que subsisten alquilándose al narcotráfico, y combinan su accionar delictivo con un nuevo aunque gaseoso discurso extremista, han logrado agenciarse de modernas armas de guerra después de crueles emboscadas contra la PNP y las FFAA. Estos graves errores deben ser corregidos y las armas recuperadas. Pero nos parece una total exageración decir que serían 600 las armas de guerra en poder del grupo comandado por los Quispe Palomino. Según el Informe Final de la CVR, a febrero de 1990 (el momento de mayor expansión del terrorismo), la “Fuerza Principal” del EGP senderista en todo el país contaba con cerca de 1200 armas de guerra. Por entonces, SL tenía presencia en más de 600 distritos rurales; ahora, los grupos del VRAE, de lo que se sabe, sólo en 14 distritos.

Por último, nos ratificamos en la necesidad que 1) Al mando de todo el nuevo Plan VRAE debe estar la oficina de un Alto Comisionado, con categoría de Ministro adjunto a la PCM. La política debe estar al mando de toda la estrategia. b) La conducción de las operaciones antinárcóticos y contra los grupos armados debe recaer en un Comando de la PNP y sus cuerpos especializados y profesionales de la Dirandro, Dircote y batallón contrasubversivo de la Diroes, etc. c) Las FFAA deben servir de apoyo para las operaciones de la PNP. Las bases militares existentes deben permanecer (igual que en el Huallaga), y privilegiar las acciones de la ingeniería militar para lo que sí es insustituible el aporte de nuestro Ejército (por ejemplo, tender un puente sobre el Mantaro, en la cercanía de Vizcatán).