Ya habían dado muestras de inconsecuencia y de juramentos vanos, en los casos en los que falsearon en la declaración jurada de su hoja de vida datos, cuentas, estudios realizados, en los que dieron información falsa o la ocultaron, para desprestigio de la representación que el pueblo, crédulo y generoso, les había otorgado.

Falso también fue el comportamiento de quienes llegaron montados sobre la votación de una organización política y mudaron a otra, y siguen falseando la verdad cuando alegan, para defender el incremento del llamado bono de representación, que necesitan ese dinero para viajar y quien lo dice, en varios casos, es representante por Lima y no tiene que viajar para hablar con los ciudadanos a los que representa.

Los legisladores, en esa línea, han incurrido en falsedad, al no ser coherentes con el discurso sobre la necesidad de sacrificio ante las limitaciones de la caja fiscal, que lanzan a los dirigentes gremiales que acuden al Congreso en marchas por aumentos por montos ínfimos en comparación con la suma del incremento al referido bono.

Pero además han sido inconsecuentes con el compromiso asumido, de servir a la población e interpretar y acatar sus mandatos. Ignoraron, por el contrario, el clamor ciudadano que les exigía, y les exige, anular el incremento y restaurar la dañada relación entre los parlamentarios y sus electores.

Y han desairado, con una decisión suicida que daña a la democracia, el llamado que en más de una oportunidad les hizo el Presidente de la República, para que escuchen el clamor popular y enmienden el yerro cometido.

Mención aparte y más crítica merecen aquellos de los 17 miembros del Consejo Directivo del Congreso que votaron por la ratificación del “aumentazo” pese a que en los días previos juraban estar en desacuerdo con el incremento y estar dispuestos a lograr que fuera revisado y anulado.

Ha habido, obviamente, honrosas excepciones de algunos legisladores que insisten en dar una pelea contra el censurable incremento, pelea en la que se juega sobre todo el dilema de salvar el prestigio del Congreso de la República y evitar que se siga hundiendo en el descrédito, al que lo ha llevado la irresponsabilidad de sus propios miembros.