Evaluación ambiental: técnica y política

Una vieja postura, en gobernanza ambiental, es demandar que los permisos ambientales sean tramitados por el ministerio especializado en esos temas, y no quede en manos, por ejemplo, del de energía y Minas. Se asume que así se ganará en rigurosidad, independencia y transparencia.

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Aunque ese camino se ha seguido en varios países vecinos, un examen de sus situaciones debe alertarnos. Ahora, está en marcha un reflujo por el cual se condiciona la gestión de esos ministerios. Una vez más, el largo brazo de la política convencional se entromete en la gobernanza ambiental.

Un primer tipo de intromisiones se ha popularizado como “flexibilizaciones”. Son reducciones en los controles, admitir excepciones en la normativa o forzar permisos ambientales. Uno de los campeones en flexibilizar fue el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Tanto condicionó las decisiones ambientales que su ministra estrella del ambiente, Marina Silva, renunció. Siguió presionando para obtener los permisos para sus megarepresas, hasta que también renunciaron los directivos de la agencia federal de evaluación ambiental.

Una segunda estrategia es dejarle al ministro un proyecto al rojo vivo, por sus altos impactos ambientales y sociales, y esperar que cargue con el desgaste político de aprobarlo. Esto ocurrió en Bolivia, una viceministra ambiental aprobó la evaluación ambiental de la controvertida carretera que atraviesa el parque nacional conocido como TIPNIS (el anterior viceministro renunció para no firmar ese permiso). Esa medida no resolvió el conflicto, ni apaciguó a las comunidades locales, hasta que todo estalló meses más tarde en una protesta de enorme envergadura.

Un tercer enfoque es ser sincero, y dejar en claro que el ministro del Ambiente no es un ente autónomo dentro del gabinete, y debe lealtades políticas al presidente, el equipo y partido de gobierno. Esto sucede, por ejemplo, en Uruguay, donde los técnicos de su Ministerio del Ambiente elevan informes técnicos, pero la decisión final siempre es política. Esto tampoco resuelve los conflictos, tal como sucede en ese país, donde también aumenta la resistencia contra la megaminería, pero deja en claro las responsabilidades.

Las experiencias de nuestros vecinos muestra que la ubicación de las evaluaciones ambientales es un componente importante, pero también es indispensable fortalecer a esas autoridades, blindarlas ante las presiones políticas o empresariales indebidas, y si llega el momento de las decisiones políticas, decirlo abiertamente, y no tratar de esconderse detrás de resoluciones pretendidamente técnicas.

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